“Es una buena medida”, expresó Marlene Susan Martínez, propietaria de una peluquería, al enterarse de que el Gobierno Municipal eliminó la exigencia de la ficha técnica ambiental para los pequeños negocios, ya que ella demoró más de seis meses en formalizar su actividad y una de las mayores trabas fue precisamente la evaluación de impacto ambiental.
Los contribuyentes esperan que la Alcaldía continúe reduciendo el largo listado de requisitos para abrir o regularizar un negocio. Actualmente, para tramitar una licencia de funcionamiento se exige presentar el NIT, avisos de cobranza de energía eléctrica y agua potable, plano de ubicación, formularios de declaración jurada y otros documentos.
Este miércoles, el alcalde Carlos Manuel Saavedra promulgó la ley municipal que puso fin a la ficha técnica ambiental, un requisito que durante años fue cuestionado por convertirse en una carga burocrática para miles de pequeños negocios y emprendimientos que no generan impactos ambientales significativos.
La medida responde a una de las principales medidas impulsadas por Saavedra desde su etapa de concejal, cuando denunció públicamente que este trámite era utilizado para retrasar licencias y abrir espacios para la extorsión a los emprendedores.
“Durante años miles de emprendedores fueron extorsionados con este documento. Pedían una evaluación de impacto ambiental a emprendimientos que no generan daño ni riesgo al medioambiente, como peluquerías, cotillones, tiendas de barrio o librerías. Eso se acabó”, afirmó.
La medida fue impulsada en coordinación con el Concejo Municipal, que este miércoles dio luz verde a la aprobación de la ley que abroga las ordenanzas municipales 016/2006 y 091/2006.
La norma suprime este requisito para actividades comerciales y de servicios de bajo impacto ambiental. Fue aprobada por unanimidad por el pleno del Concejo y, tras su aprobación fue remitida al Ejecutivo municipal, que procedió a su promulgación inmediata.
Durante la sesión, los informes técnicos y jurídicos remitidos por la Alcaldía concluyeron que la ficha había quedado desactualizada y ya no era el instrumento adecuado para controlar este tipo de actividades económicas.
Además, se estableció que la Alcaldía no cuenta con las facultades de autoridad ambiental competente para fiscalizar las actividades reguladas por las ordenanzas que fueron abrogadas, por lo que se recomendó su eliminación.
La norma también dispone que el municipio adapte los requisitos para la obtención de licencias de funcionamiento y para la regulación de las actividades económicas, para minimizar la burocracia en los trámites municipales.