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Los representantes de la empresa Chuturubí Sociedad Civil de las líneas 17 y 18 lamentaron la decisión del alcalde Jhonny Fernández de anular la concesión del contrato del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) sobre el primer anillo. Sin embargo, señalaron que analizarán los motivos del pedido de disolución y responderán en un plazo de 72 horas, como establece la ley.

“El alcalde manifiesta que decidió disolver unilateralmente este contrato. Nosotros tenemos que decir que legalmente no es así, pues él no es la autoridad competente para anularlo. La empresa o sociedad civil tiene 72 horas para responder si acepta esta disolución, de lo contrario pasará a procedimientos legales administrativos y a estrados ordinarios”, explicó el asesor de la línea de micros, Limbert Ulloa.

Ulloa comentó que analizarán la justificación de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para querer anular la concesión para tomar una decisión al respecto. “Se fueron la cláusula cuadragésima, que dice que por caso fortuito o por afectación de los intereses del Estado se podría disolver. Nosotros tenemos derecho de revisar si hay caso fortuito y o si estamos afectando al Gobierno Autónomo Municipal”, explicó.

Asimismo, cuestionó que Fernández haya invitado a una gran cantidad de personas “como en tiempo de campaña política” para anunciar la anulación de la concesión del BRT, debido a que esos seguidores amenazaron con atacar a los buses del primer anillo en caso de que vuelvan a circular.

Por su parte, Percy Rojas Limón, presidente de la empresa Chuturubí y uno de los nueve imputados por el caso BRT, lamentó la determinación del alcalde cruceño y comentó que la disolución del contrato generaría un daño económico de $us 5.280.000 a las líneas 17 y 18, pues ese monto de dinero fue invertido en la compra de buses.

Rojas explicó que la línea de micros que recorre el primer anillo llegó a firmar el contrato de concesión gracias a una invitación que realizó el 5 de febrero de 2019 la Alcaldía al sindicato Santa Cruz, del cual formaban parte hasta que fueron separados debido que se hicieron parte del proyecto del BRT.

“Trabajamos con el sindicato Santa Cruz en todos los ámbitos, hicimos todo para que nos colaboren y poder sacar la personería jurídica, pero lastimosamente nos dieron la espalda y en una asamblea de socios se autorizó que formemos una sociedad civil y así nos expulsaron de nuestro sindicato matriz, solo por querer prestar mejor servicio para la ciudad”, recordó.

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