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Con lágrimas, sin recursos y sin atención a sus demandas. Ese es el reflejo de la desmovilización la XI Marcha Indígena de los pueblos originarios de tierras bajas desde las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm).

El escenario destapa una serie de carencias que se han acentuado con el pasar de los días y  mostró cómo 25 adultos y seis niños tuvieron que abordar un camión para retornar al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en las zonas cercanas a los ríos, ya que no hay dinero para otro tipo de transporte más confortable.

El camión partió con el primer grupo y este viernes será el turno de los 43 representantes del pueblo Weenhayek y los miembros que se identifican con el pueblo Mojeño trinitario. Todos se van con ayuda  gestionada por los propios indígenas, pero los recursos son muy limitados.

Fue hace tres meses y una semana, un 25 de agosto de 2021, cuando iniciaron su peregrinación. Se van sin haber sido atendidos por el Gobierno central, pero con acuerdos que se dieron con otras instancias y con la frente en alto de haberse hecho sentir en los días que marcharon y  estuvieron en Santa Cruz de la Sierra, ciudad a la que arribaron a finales de septiembre.

“La movilización indígena ha permitido un despertar de la población y ha demostrado que el propio Gobierno ha centralizado todos los poderes (…). La marcha ha mostrado lo que pasa en Bolivia, no solo con los avasallamientos, sino también con las leyes que el Gobierno quiso implementar”, sostuvo el responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Adolfo Chávez.

Durante los dos meses de estadía en la Uagrm, los marchistas enviaron cuatro invitaciones para las autoridades del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, pero ninguno respondió a la convocatoria.

La marcha indígena había establecido la agenda 21-25 para dialogar con el Gobierno en torno a los siguientes temas: tierra y territorio; acceso a los proyectos del fondo indígena; escaños especiales a nivel nacional, departamental y municipal; abrogación, derogación de leyes y normas que afectan a los pueblos indígenas; autonomía de los fondos indígenas nacional, departamental y secretarías departamentales de los pueblos indígenas; auditorías internas y externas al exFondioc; educación; salud; administración de justicia indígena; Ley de la Amazonía; Ley de compensación histórica (pacto fiscal); límites del Tipnis y línea Roja con Cochabamba; cumplimiento del Acuerdo Escazú de protección al medioambiente; realización del Censo 2022; símbolos de las naciones y pueblos indígenas del oriente.

El retorno se da sin ninguno de estos objetivos planteados al centralismo.


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