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"Hemos hecho una apelación incidental a la resolución del juez Juan Coronado, ya que este nos rechazó que los colmillos pasen a otra instancia representativa del Estado. Actualmente, los colmillos están decomisadosCuando los elementos o pruebas materiales de un juicio son decomisados, la norma dice que pasan al Estado, y ahora estamos debatiendo cuál entidad del Estado tiene mayor derecho", explicó Fabricio Ortiz, abogado de la Gobernación de Santa Cruz.

Según Ortiz, tras el sorteo, es el vocal Edil Robles, actual presidente del Tribunal Departamental de Justicia, quien decidirá el futuro de las piezas, cotizadas en el mercado negro en casi 400.000 dólares.

"En sus manos está decidir si se quedan en el Órgano Judicial, si pasan a otra entidad del Estado o si se incineran y se supone que tiene cinco días para resolver esto", explicó.

Anteriormente, Ortiz dijo a EL DEBER que se quería evitar pasar de una situación de tráfico de vida silvestre a otra, al argumentar sobre las razones para insistir en que se entreguen los 185 colmillos de jaguar a una instancia “competente del Estado”, además de otros productos de 17 especies, como cueros, etc.

La preocupación de la Gobernación, además de activistas ambientalistas, es que las piezas se extravíen y después sean comercializadas, porque si bien la Constitución Política del Estado impide poner un precio a estas piezas, al considerarlas invaluables, el mercado negro sí les fija un monto, que va desde los dos mil hasta los cinco mil dólares por colmillo, dependiendo de la perfección y del tamaño, según el reportaje de EL DEBER, realizado por Roberto Navia, y galardonado con el Premio Rey de España.

Estas piezas juntas, en su cotización más baja, podrían venderse por 370 mil dólares, e incluso alcanzar el millón de dólares, descontando las demás piezas del jaguar, como la piel, y hasta los testículos.

"Ya dijimos al juez Juan Coronado que nosotros como institución tenemos mayor derecho, nos lo denegó; también pedimos que pasen al Museo de Historia Natural Noel Kempff, nos denegó; y a esa resolución con que nos denegó le hicimos una apelación incidental. Ha salido sorteado este vocal en la Sala Penal Tercera y, conforme a procedimiento, tiene cinco días para pronunciarse. Lo malo es que no hay audiencia de fundamentación", indicó.


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