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Por: Juan Carlos Fortún V.

En los últimos 10 años aumentaron los asentamientos humanos en las tierras chiquitanas y disminuyen los bosques. Solo en San Ignacio de Velasco, en la última década, las comunidades aumentaron unas cuatro veces, informaron en la municipalidad. Los indígenas de la zona se quejan porque solo el 1% de los 1,7 millones de hectáreas de tierra se encuentra en sus manos. La mayoría es ocupada por los denominados interculturales, versión que es desmentida por los representantes del MAS.

El alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, informó que las comunidades campesinas casi se cuadriplicaron desde 2009 a la fecha. De los 60 asentamientos que existían en la zona, se dispararon a 200 durante ese periodo.

La versión fue reforzada por el gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco, Fernando Rojas. Aseguró en la zona Chiquitana existen 1.400 comunidades coformadas por interculturales que, en su mayoría provienen del trópico de Cochabamba y de otras regiones del occidente del país.

El representante indígena, que participó ayer en la reunión de la Comisión Agraria Departamental (CAD), convocada por el gobernador Luis Fernando Camacho, insistió en que en base a las resoluciones que se tiene de los asentamientos, el 80% de los beneficiados son personas provenientes de Chapare.

El traslado de personas desde otras regiones de país hacia Santa Cruz forma parte de una política de las autoridades de Estado, situación que puede generar confrontaciones entre bolivianos, afirmó ayer el director regional de Oriente de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, en una entrevista que concedió en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.

En contrapartida, el alcalde de San Miguel de Velasco, Pedro Damián Dorado (MAS), aseguró que está en contra de cualquier ocupación ilegal de tierra que exista en su municipio, que forma parte de la región chiquitana. “Por esa posición hemos realizado todas las denuncias correspondientes ante los cívicos, el INRA y otros”.

Siguiendo la línea, el director general de Administración de Tierras del INRA, César Córdova, señaló que de los 36 millones de hectáreas que tiene el departamento de Santa Cruz, existe un 90% saneado y titulado. De esos, 6,1 millones de hectáreas se encuentran tituladas a favor de los empresarios, que hacen una cantidad de 4.200 predios titulados.

“Para el sector campesino se tienen 4,8 millones de hectáreas, donde más de 85.000 cuentan con sus títulos. Ahora, si hacemos la comparación de cada parcela titulada a favor de los campesinos y los productores, encontramos que cada título por agroproductor corresponde a una superficie de 2.000 hectáreas, mientras que el sector campesino tiene 17 hectáreas en promedio por persona o familia”, adujo el funcionario.

Forman tres comisiones

En la jornada de ayer, a pesar de la ausencia del director departamental del INRA y organizaciones sociales afines al MAS se instaló la primera reunión de la Comisión Agraria Departamental en Santa Cruz, donde se conformaron tres comisiones para buscar una solución al conflicto por la tierra.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó que a pesar del boicot que hace el director del INRA, al no asistir a la reunión de la CAD, esta ha resuelto formar tres comisiones.

La primera es la comisión de defensa de la tierra que impulsará una auditoría para investigar todos los avasallamientos, asentamientos y tráfico de tierras en Santa Cruz. La segunda, de justicia, que realizará los estudios correspondientes y el análisis para ver las acciones legales que se emprenderán contra el director del INRA por faltar al cumplimiento de sus deberes.

La tercera, consiste en conformar una subcomisión para denunciar internacionalmente los avasallamientos y tráfico de tierras que existe en nuestro departamento por parte del Gobierno nacional, destacó la autoridad.

Sobre la ausencia del INRA, el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación, Luis Fernando Menacho, también calificó como un boicot al departamento cruceño que la institución no esté presente, “para que no pueda accionar la CAD, la cual está amparada por la ley del INRA 1715”.

Aseguro que se tiene el pedido de instituciones y sectores sociales para que la misma funcione, y así poder reglamentar y fiscalizar la distribución de tierras en el departamento cruceño.

Sobre la conformación de las comisiones, que están integradas por la Gobernación, sector productivo y las organizaciones sociales, Menacho aseguró que fue posible gracias a la presencia de los caciques y otros representantes de los pueblos indígenas del oriente boliviano.

Ausencia del Estado

A su vez, el director departamental INRA, Adalberto Rojas, justificó su ausencia aduciendo que es necesario avanzar en la labor del saneamiento de tierras, antes de considerar su presencia en el encuentro. Pidió que lo dejen terminar el trabajo de saneamiento.

Rojas considera importante completar este trabajo como parte fundamental en la resolución de los problemas que acarrean las tierras fiscales. “No es un secreto la estabilidad económica, no es un secreto que el desarrollo social del país tiene que ver con la equidad social que se ha logrado con la distribución de tierras”, señaló”.

Finalmente apeló a la relevancia que tiene la dotación de tierras dentro de la actividad económica en Santa Cruz y el país. “El departamento no merece más retraso, Santa Cruz se merece hacer gestiones para avanzar en la titulación y evitar conflictos por la tierra”, aseguró el representante regional del INRA, a tiempo de reclamar más desarrollo para la región cruceña.

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