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Luego de que Ronald Crespo Huisa, en representación de la comunidad campesina Villa San Lorenzo, presentara una denuncia por "avasallamiento y asociación delictuosa" contra los representantes cívicos de Roboré, control social, Comité de Gestión de Tucabaca, Cidob Orgánica, entre otros, y que fuera aceptada por el fiscal Juan Carlos Crispín Pereira, los aludidos convocaron a un cabildo en defensa de la tierra de esa zona.

La reunión fue realizada en la plaza principal de Roboré, con la presencia de representantes de varias instituciones, incluyendo el Concejo Municipal, de la Cidob Orgánica y de la población en general.

Entre las conclusiones figuran la solidaridad con los denunciados por "avasallamiento y asociación delictuosa"; el apoyo y participación activa en defensa de los derechos de los habitantes de Roboré, en el marco de la Constitución Política del Estado. Otro punto exige la igualdad de los denunciados ante la ley, y los representantes de la Fiscalía y de la Policía.

Asimismo, en cumplimiento a las leyes 033/2020 y 036/2020, se determina la suspensión de cualquier asentamiento en el municipio de Roboré, que no hubiera sido coordinado entre el Gobierno Municipal de Roboré y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

También se exige a la Gobernación de Santa Cruz la conformación de la Comisión Agraria Departamental y la coordinación entre los niveles del Estado, que está en agenda del Gobierno departamental y fue anunciada días atrás por el propio Luis Fernando Camacho.

Se conmina a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y del INRA a que se apersonen en Roboré en el plazo máximo de cinco días hábiles, a fin de cumplir con el acta de acuerdo del 18 de noviembre de 2018.

Por último, de no darse cumplimiento a lo determinado en el pronunciamiento, la población y autoridades se reservan el derecho a la protesta, a través de las medidas de presión que consideren necesarias.

Denuncias

La resolución de asentamiento del Inra para esta comunidad, 196/2017, de fecha 31 de octubre de 2017, dispone casi 3.000 hectáreas para 55 familias. Sin embargo, según Rubén Darío Arias, dirigente cívico de Roboré, y miembro de ​la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), los colonos están asentándose recién, y la resolución fue emitida por el INRA sin coordinar con el municipio, como manda la ley.

El dirigente mostró a EL DEBER algunas cartas del Gobierno municipal al INRA, en las que se declaran en emergencia y exigen coordinación con el municipio.

Según un monitoreo satelital al que accedió EL DEBER, en la fecha de la resolución no había asentamientos en el lugar, estos empezaron a avistarse a partir de 2019. Asimismo, el plano de la resolución de asentamiento del INRA no coincide con el polígono marcado en los datos registrados por el INRA Santa Cruz. "Esto ha sido dotado en La Paz", concluyó un técnico que prefirió no dar su nombre.

Imagen: Comunidad Villa San Lorenzo, el asentamiento en la zona se realizó en 2019. El punto de color blanco indica el área de asentamiento

Manifiestos

Los residentes de Roboré en Santa Cruz de la Sierra emitieron un pronunciamiento de "solidaridad y apoyo, ante la persecución jurídica de líderes locales de Roboré". Asimismo, rechazaron cualquier forma de amedrentamiento y advirtieron con mantenerse vigilantes para que no se atropellen los derechos de los pobladores.

La diputada de Comunidad Ciudadana, Toribia Lero Quispe, desde sus redes sociales manifestó su apoyo a las personas denunciadas y anunció que, de ser necesario, defenderá a sus "hermanos".

La diputada por Creemos, María René Álvarez, también hizo llegar su apoyo a través de un video difundido en redes sociales. "Seguimos siendo víctimas de los avasallamientos y la vulneración de la norma sin ordenamiento territorial. Estoy haciendo las acciones correspondientes para la defensa de nuestro territorio", dijo.

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