Esperan audiencia cautelar para uno de los dirigentes por conflicto de avasallamiento de tierras en Guarayos
Uno de los siete dirigentes denunciados se encuentra en la ciudad capital a la espera de que el juez fije fecha y hora. El imputado se encuentra en el hospital San Juan de Dios, debido a problemas cardiológicos
Esperan señalamiento de fecha y hora por parte del juez para llevar adelante la audiencia cautelar de uno de los siete dirigentes denunciados por el conflicto de tierras en el municipio de Ascensión Guarayos, en Santa Cruz de la Sierra.
Según el asesor jurídico de ese municipio, Robert Ágreda, el imputado se encuentra "internado en el hospital San Juan de Dios supuestamente por problemas cardiológicos, los mismos que tendrán que ser confirmados por un certificado médico", manifestó.
Ágreda, también indicó que los delitos por los cuales se lo acusa, entre otros, son secuestro y atentado a la salud pública, lesiones graves y leves, robo agravado y destrucción de bienes del Estado.
Mientras tanto, las instalaciones de la Alcaldía Municipal continúan tomadas y el alcalde Suizo de Nilson y los funcionarios desarrollan sus actividades administrativas desde la Feria Artesanal.
Recordemos que el conflicto surge por un grupo de supuestos loteadores que hace más de un mes tienen tomados los predios de la Alcaldía y exigen la renuncia del alcalde Suizo Nilson, secretarios y asesores jurídicos.
Los supuestos loteadores son acusados de ocupar de forma ilegal la propiedad privada de un empresario. Al ser conminados por la Justicia a desalojar el lugar, se desataron hechos violentos que aumentaron su intensidad en los últimos días. Ellos aseguran que los predios son de la Alcaldía.
Tampoco han logrado la renuncia del alcalde, y este grupo de pobladores, acusados de loteadores, amenaza nuevamente con bloquear la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad (Beni), si no son atendidos.
Inicialmente la demanda que los supuestos loteadores tenían era que el alcalde anule la resolución que fue aprobada en 2010, por parte del Poder Legislativo, cuyo tenor de dicha resolución establece que los predios supuestamente avasallados son de propiedad privada y pertenecen al señor Mario Barbery. Este último llevó a cabo un amparo constitucional, el mismo que salió favorable al propietario y daba un plazo de 48 horas para se retiren los supuestos loteadores, situación que no ha ocurrido.
Las movilizaciones y medidas de presión, según Elizabeth Chemanduarazi, que lidera el grupo, son indefinidas, por lo que pide a la población a tomar sus recaudos.
