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"Reconozco que la firma es mía", pero no es un acuerdo de gobernabilidad municipal entre UCS y Santa Cruz Para Todos (SPT), afirmó este miércoles el actual asesor jurídico del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Ever Mérida, al referirse al documento presentado el martes por Joadel Bravo, abogado de Angélica Sosa. 

Este miércoles, en conferencia de prensa, Bravo presentó un documento firmado en 2017 que validaría la existencia de un acuerdo entre UCS y SPT.

Según las explicaciones de Mérida, el documento es parte de una "nota a solicitud de (Angélica) Sosa, un chantaje para que pueda firmar una consultoría", y se trataría de un análisis de coyuntura política.  

Dijo que en el documento se recomendaban "algunos ajustes dentro de la institución" en caso de que Angélica Sosa se postulara para la Alcaldía cruceña.

En concreto, sugiere "cortar cabezas visibles que estaban en el ámbito de la corrupción" y menciona a Joaquín Crapuzzi, entonces titular de la Secretaría de Recaudaciones, como una de las personas con mayor vinculación en prácticas irregulares.

En declaraciones a la red Unitel, Mérida dijo que el documento es "una recomendación a Sosa".

Más allá del contenido de la carta, Mérida reconoce que "hubo una alianza programática" entre UCS y SPT para viabilizar la gobernabilidad en la comuna cruceña; sin embargo, asegura que desconoce el alcance de la misma puesto que "no formaba parte de la UCS" en ese momento.

Mérida analizará la posibilidad de iniciar acciones judiciales en contra de Sosa; aunque pide que, por ahora, se centre la atención en la investigación del caso de los contratos irregulares y la recuperación de ese dinero que habría salido de las arcas del municipio.

El funcionario municipal cree que Sosa busca distraer la atención ciudadana, pues "no cuenta con ningún argumento valedero para defenderse" por eso recurre al discurso de un acuerdo que mitigue su responsabilidad.

Durante la entrevista, Mérida esquivó referirse a la utilización de cupos de poder de Jhonny Fernández durante su etapa como concejal municipal. "No conozco el fondo del acuerdo", señaló como evasiva para referirse a los 600 ítems que habrían beneficiado a UCS, según denunció Javier Cedeño, exfuncionario municipal ahora detenido.



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