Evo dice que el GIEI genera tensión y el MAS demora la reforma judicial

La reforma de la justicia será lenta y aún no existen acuerdos políticos mínimos para que ese poder del Estado recupere su independencia. Si bien el Movimiento Al Socialismo (MAS) no dio marcha atrás ante este desafío, ayer emitió señales sobre la velocidad del proceso: será lento. Mientras tanto el jefe del partido, Evo Morales, que en un principio valoró positivamente el alcance de las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ayer exteriorizó sus reparos.

Los especialistas, que evidenciaron ausencia de la independencia judicial, recomendaron también una reforma integral para que la violencia de 2019, propiciada por parte de agentes del Estado o entre sectores sociales, no vuelva a repetirse.

“Vamos a trabajar en la reforma a la justicia en sus tiempos necesarios. Además, necesitamos consensuar, dialogar, recibir sugerencias de nuestras organizaciones, de las instituciones vivas de las diferentes regiones. Por lo tanto, esto es para largo. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando en varios proyectos de ley que sí están direccionados para mejorar, por el momento, este tema de la justicia”, declaró el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani en rueda de prensa.

Cuando esta autoridad legislativa fijó esa postura, varios legisladores y dirigentes del partido gobernante ya habían sintonizado en esa misma línea, pero especialmente para cuestionar una sugerencia de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) de apurar la reforma judicial en 90 días.

“Hay que cambiar a la justicia, estamos de acuerdo. Pero eso es un proceso, primero vamos a aprobar el juicio de Jeanine Áñez”, aseguró el diputado Anyelo Céspedes (MAS). Consideró que existen fisuras en Comunidad Ciudadana y Creemos, las dos alianzas de oposición que son parte del Legislativo y cuyos votos son necesarios para los dos tercios que se requieren para aprobar los juicios de responsabilidades.

Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, propuso el lunes un “acuerdo nacional por la paz y la reconciliación” en el marco de las recomendaciones del GIEI que considere la reforma judicial para iniciar con los juicios de responsabilidades a quienes correspondan.

El expresidente dijo que tanto el oficialismo como la oposición aceptaron el informe que señala que se deben resolver las cuestiones de derechos humanos y la “necesidad imperiosa” de construir un nuevo sistema judicial. “Hay una evidencia, lo dice el GIEI, no tenemos independencia del Poder Judicial”, puntualizó.

En ese marco, Mesa planteó el cambio del fiscal Juan Lanchipa a partir de los mecanismos legales existentes y ajuste en la ley del Ministerio Público para que la selección de los nuevos fiscales por dos tercios de la Asamblea Legislativa, en un “plazo de 90 días”.

CC también sugirió una ley de garantía de independencia de la justicia o una reforma constitucional, para modificar el sistema de preselección de los candidatos a jueces en las diferentes organizaciones: el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Mesa dijo que, una vez pasen esos 90 días de plazo, se empezaría con los juicios de responsabilidades que CC apoyará “sin ningún tipo de restricciones”.

Frente a este escenario, Evo Morales, que estuvo ayer reunido con la facción productores de coca de La Paz, aliados del MAS, afirmó que el informe del GIEI sobre los hechos de 2019, genera confrontación, en lugar de dar soluciones,

Acusó al expresidente Mesa de querer “cuotear” la administración judicial con la propuesta de un “pacto” para cambiar a los fiscales y magistrados con miras a garantizar un proceso transparente e imparcial contra las exautoridades procesadas.

“Yo veo que el informe del GIEI, en vez de buscar soluciones, está confrontando al país, respetamos, pero Bolivia tiene soberanía, independencia, dignidad, no entiendo algunas interpretaciones, respetamos, sirve como base para los procesos”, dijo Morales.

La postura contradice las señales que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Gobierno la pasada semana en Sucre poco después de recibir el reporte internacional que halló evidencia de masacres en Senkata y Sacaba, además de la participación de agentes estatales en las agresiones y abusos sexuales contra quienes participaban de la marcha del sur del 9 de de noviembre de 2019.

“El informe del GIEI tiene más de 38 llamadas de atención al trabajo desarrollado por el Ministerio Público durante la crisis. Los expertos emiten una conclusión y una recomendación. Piden que la Fiscalía pueda encarar un trabajo serio, nacional con la participación de expertos internacionales. El fiscal general ha señalado que conformará una comisión y revisará los casos cuestionados”, señaló Lima en una entrevista publicada por EL DEBER.

En tanto, el presidente del TDJ, Ricardo Torres, había anunciado procesos legales contra todos los operadores de justicia que se apartaron de la normativa vigente o actuaron bajo presión política en la investigación de los delitos derivados de la crisis de 2019.

“Fue la primera señal que emitió este órgano del Estado tras la presentación del informe. “Los operadores de justicia que se apartaron de la Constitución y la norma, y actuaron a partir de presiones políticas o de otros intereses, deben rendir cuentas ante la ley. Este es el criterio del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.

Tanto Lima como Torres habían asegurado la decisión de avanzar en un proceso participativo de reforma judicial y que tome en cuenta la diversidad del país.

“La falta de voluntad y el desprecio del MAS para garantizar la justicia, la legalidad y la vigencia de los derechos humanos, se muestra en esta burla. El MAS decide mantener la agenda de la venganza, la confrontación y la persecución”, afirmó Mesa a través de un comunicado que fue divulgado tras los pronunciamientos de legisladores y dirigentes del partido gobernante.

Además de la propuesta desatendida de CC, ayer el alcalde Santa Cruz, Jhonny Fernández, a través de su departamento jurídico planteó “una ruta crítica” para reformar la justicia modificando el mandato constitucional de elección de magistrados a través del voto popular. La sugerencia incluye un referéndum que avale el cambio en la Carta Magna.

Pero para otros especialistas, como el constitucionalista Jorge Asbun señaló que en el caso del Ministerio Público una señal debería pasar por cumplir la selección de los fiscales “anulando todos los interinatos”.

Pero, el texto presentado por los expertos es contundente respecto a los problemas estructurales de la justicia. “El tema de la justicia no solo genera sufrimiento y dolor como hemos visto en estos cuatro meses de 2019, sino que es una fuente de discriminación, de lejanía de la población, de la vida cotidiana de los bolivianos y las bolivianas”, dijo Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco y que formó parte del GIEI

“Magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales”, puntualizó el documento independiente que se presentó pasada semana.

El GIEI subraya en su informe que la falta de independencia de la administración de justicia cobra una dimensión más amplia en el ámbito penal. Señala problemas en la Fiscalía, el Poder Judicial y la debida diligencia.

Además, percibe que la detención preventiva es utilizada rutinariamente sin los requisitos legales y, en algunos casos, “como medio de coacción de personas para la incriminación de terceros”.

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial”, señala el texto del GIEI.

Adicionalmente, organismos internacionales también demandan una reforma integral.