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Federico Morón, concejal por la alianza Comunidad Autonómica (C-A), denunció que los exconcejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) habrían avalado 52 contratos de trabajo que fueron distribuidos en cinco secretarías del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Estos convenios son entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021.

Estos 52 contratos de trabajo forman parte de una lista de 4.195 que se presentó ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se realiza sobre los supuestos 800 ítems fantasmas. Los más de 4.000 contratos, según la denuncia de Morón, también habrían sido avalados por dirigentes políticos, funcionarios públicos, instituciones, fiscales y hasta sindicatos, para que ingresen a trabajar a la comuna cruceña.

Dentro del caso ítems fantasmas se encuentran investigados Antonio Parada Vaca y su hermano Guillermo, Javier Cedeño Catacora, Javier Carrasco, Julio Herbas Aguilera y su esposa Mery Balcázar. Además de la exalcaldesa Angélica Sosa y el exalcalde Percy Fernández por la comisión de los siguientes delitos: legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. De los acusados, solamente tres se encuentran con detención preventiva: Cedeño, Herbas y la exalcaldesa Sosa.

De los funcionarios que habrían sido avalados por los exediles del MAS, 34 figuran en la Secretaría Municipal de Salud, 13 en la Secretaría de Desarrollo Humano, tres en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uno en la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas y uno en la Secretaría Municipal de Planificación. De los 52 contratos, 43 aún están vigentes y nueve habrían finalizado. El gasto anual en sueldos alcanza los Bs 3,2 millones.

Morón señaló que esta lista de Recursos Humanos se la usaba “como caja de favores” todos los años. “Por eso es que ahora, cuando declara Cedeño indicando que el yerno de (Angélica) Sosa tiene 150 contratos (avalados), en la lista aparecen. Pero, por ejemplo, en esa lista no están los 600 contratos que dice Sosa haberle dado a Jhonny Fernández, porque esas deben ser listas de otros años”, explicó Morón.

En la nómina se observa a la persona beneficiaria, su salario, a la entidad donde trabaja y el sujeto o entidad que avaló el cargo. Morón también aseguró que la figura de los contratos legales son muchas “porque hay gente que ha ido a trabajar, también están los que no lo han hecho y (por último) los que marcaban (el ingreso) una vez al día, a la semana o al mes”.

El concejal aseguró que los exediles, al tener estos contratos laborales, se los comprometía a no fiscalizar la gestión municipal.

A su vez, el diputado por el MAS y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Rolando Cuéllar, aseguró que su partido también presentó una planilla similar en la Fiscalía en la que figuran diputados, dirigentes gremialistas y también transportistas, entre otros, que también avalaron estos contratos de trabajo.

“Se presentaron hace dos semanas y estamos pidiendo que sean citadas esas personas que avalaron a quienes cobraron sin trabajar, (…) ellos (exconcejales del MAS) van a tener que responder por qué no fiscalizaron esas irregularidades, contratos e ítems fantasmas”, afirmó Cuéllar, quien pidió a la Fiscalía investigar todas las denuncias por este caso.

Denuncian acuerdo

Uno de los abogados de las exautoridades municipales investigadas, Joadel Bravo, aseguró que en la última gestión municipal hubo un acuerdo de gobernabilidad entre Santa Cruz Para Todos (SPT) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), y para probar esto mostró un documento del año 2017 en el cual se habla de esta alianza.

El mismo, que es un diagnóstico de la situación política entre ambas agrupaciones políticas, fue enviado el 13 de febrero de ese año a la entonces presidenta del Concejo Municipal cruceño, Angélica Sosa, y es firmado por el actual director de Asuntos Jurídicos del municipio, Ever Mérida.

“La hábil visión inmediatista de Jhonny (Fernández) queda visible cuando por encima de las decisiones de Roberto (Fernández) envía emisarios a Percy (Fernández) y le ofrece los votos para hacer gobernable la gestión quinquenal. Percy había obtenido cinco concejales y podría gobernar solo con un voto del MAS (Movimiento Al Socialismo) pero se hace más simple la gobernabilidad cuando se tiene dos tercios”, señala parte del documento.

“La UCS nunca tuvo un programa ideológico claro y se apoyó sobre todo en el prebendalismo para lograr respaldo popular (…) UCS obtiene de la alianza varios espacios de poder y de responsabilidad en el Ejecutivo y Cahuana una secretaría ligada a su gremio”, también destaca otro de los párrafos del documento.

Según dio a conocer Bravo, esta es una de las pruebas que será presentada ante la comisión de fiscales que investiga los 800 ítems fantasmas.

En tanto, Mérida negó haber informado sobre una supuesta alianza entre estas agrupaciones políticas, pero admitió que envió un informe de solo “dos fojas” a Sosa en 2017 cuando “ni siquiera pertenecía” al partido político del actual alcalde municipal.

“En esa carta yo le manifiesto a la señora Angélica Sosa que debe agarrar y gobernar municipalmente, pero sin ningún tipo de corrupción”, dijo. Además, comentó que en el informe que mostró Bravo se le “insertaron” más fojas de manera “maliciosa”.

“Aquí lo que se quiere es tratar de desviar el rumbo de estas investigaciones, tratando de hacer este tipo de chantaje legal. Yo llamo chantaje legal a esta situación, el agarrar y poner a la luz un documento que no tiene absolutamente nada que ver con este tema investigativo”, señaló el director de Asuntos Jurídicos.


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