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"Los políticos contratan gente política en los momentos de elecciones, de campaña". La afirmación la lanzó Mario Adett Zamora, director de Gestión Municipal durante la gestión de Angélica Sosa al frente de la alcaldía. Considera que ese comportamiento es falto de ética y supone un abuso por parte del poder político, aunque, en su parecer, no constituye un delito.

Adett Zamora se sentó frente a los micrófonos de EL DEBER Radio para conversar en 'Influyentes' sobre el proceso abierto en contra de la exalcaldesa y otras exautoridades. En todo momento, el exfuncionario insistió en la diferenciación entre irregularidad y corrupción.

"Las contrataciones irregulares no son sinónimo de corrupción ni de contrataciones delictivas", repitió una y otra vez. Cuestionó el proceso que se sigue contra Sosa, Sandra Velarde (Secretaría de Finanzas) y Javier Cedeño (responsable de Recursos Humanos) al que tildó de político.

El ex director de Gestión Pública califica el periodo de Sosa al frente de la alcaldía como una "gestión blanca" a pesar de que reconoce que sí existen irregularidades en la firma de algunos contratos. "La falta de firma o de documentos suponen irregularidades, no delito", reitera una y otra vez ante los micrófonos.

Justifica algunas de estas irregularidades puesto que durante la pandemia, la alcaldía contrató a más de 2.500 médicos para reforzar las brigadas que recorrían los barrios. "Un decreto permitía contratar a estudiantes en la etapa final de formación, lo que limita la presentación de la documentación requerida", apunta Adett Zamora.

Sin embargo, la nueva gestión "entró y salpicó todo", una práctica habitual en muchos municipios cuando se produce un cambio de gestión.

La defensa a la gestión de Sosa se torna confusa cuando reconoce la contratación de personal a cargo del municipio durante la campaña política y con recursos públicos. "Los políticos, lastimosamente esto es una práctica habitual, no es ética, contratan gente en época de elecciones, de campaña", confiesa en 'Influyentes'.

La "contratación de gente para hacer política" resulta una práctica habitual en muchos municipios. En su opinión, que la práctica sea replicada en casi todos los municipios restaría trascendencia al hecho de utilizar los recursos públicos para contratar gente que participe en las campañas electorales.

Adett Zamora se muestra tajante en su juicio: "es el uso no ético en política, es abusivo". Y reconoce que este tipo de comportamientos alimenta la idea general sobre una "política como sinónimo de corrupción".

Más allá de mostrar un sentido de culpa por la contratación de personal durante la campaña, el exfuncionario justifica y defiende la medida ya que "está dentro del 25% (del presupuesto) permitido para el gasto corriente". Bajo esta norma, asegura, estos contratos no podrían considerarse como delito, aunque carezcan de ética.

El director de Gestión Municipal observa un interés claro por parte de la actual gestión municipal de "echar tierra" sobre Sosa. Según Adett Zamora, el ejecutivo de Jhonny Fernández debería iniciar el proceso con una auditoría externa que averigüe los motivos de las irregularidades o identifique a las personas que recibieron dinero sin trabajar. En estos casos, afirma, los inculpados deberían devolver el dinero que percibieron a las arcas municipales.

En todo caso, considera que se debe permitir a la fiscalía realizar una investigación sin presiones para que determine la culpabilidad o la inocencia de la exautoridad. 

A pesar de estas afirmaciones, Adett Zamora pide que "no manchemos la imagen de una gestión municipal que ha sido ejemplar". Y se ampara en la presunción de inocencia para defender a Sosa. "Hay que comprobar el delito, comprobar la corrupción" antes de emitir cualquier juicio.

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