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A pocos días de que el expresidente Evo Morales y el ministro de Justicia, Iván Lima, dieran su respaldo y públicamente pidieron revisar la situación jurídica del ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Facundo Molares, este se benefició con medidas sustitutivas.

Molares estaba preso por las muertes de cívicos en enfrentamientos a fines de octubre del año pasado en Montero. 

Las medidas que le impuso el Tribunal Primero de Sentencia integrado por los jueces David Gonzáles Alpire, Santa Cruz Arias Gutiérrez, y Juan Pablo Olmos Tapia, son arresto domiciliario desde las 19.00 hasta las 7:00, dos garantes solventes, prohibido acudir a lugares como Cofadena de Montero, ni cerca de las víctimas, tampoco consumir bebidas alcohólicas, firmar cada 30 días el libro en el tribunal. Sin embargo no se le impuso arraigo, podrá viajar a su país y firmar el libro en el consulado.

La medida se le concedió en una audiencia virtual desde las 11:30  hasta casi las 19:00 del jueves. Facundo Molares estaba en una clínica en La Paz argumentando grave estado de salud.

Molares permanece detenido desde noviembre del año pasado. Según las diligencias de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fue detenido luego de difundirse fotos de su presencia en Cofadena, barrio considerado como el bastión del MAS en Montero. Estaba herido y apareció internado en el hospital Japonés, pero confesó ser un combatiente que vino a luchar por el proceso de cambio. Pidió perdón a los familiares de los muertos, los cívicos Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, y dijo que se ponía en su lugar y consideraba el sufrimiento por la pérdida de vidas.

Facundo Molares logró su libertad antes de sentarse en el banquillo de los acusados de un tribunal. La Fiscalía ya presentó acusación en su contra por delitos de asesinato, organización criminal, lesiones graves, leves y gravísimas, por considerar que existen suficientes pruebas de su participación en los enfrentamientos del 31 de octubre  durante los 21 días de paro por una movilización cívica. En la misma acusación también está incluida la diputada Deisy Choque, por ocultar varios días en su casa a integrantes del MAS para atacar a cívicos y provocar muertes y al menos 100 heridos.

Deisy Choque salió en libertad al igual que Joan Elías Nina Peñaloza, Iván Cala Ventura y David Peñaloza, que también fueron acusados por la Fiscalía por haber participado en los ataques a cívicos portando armas de fuego, explosivos y otros. Según la acusación estos actuaron desde la casa de Choque. Solo tres personas permanecen detenidas en la cárcel de Palmasola.

También está acusado por la Fiscalía el peruano Martín Serna Ponce, exguerrillero del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA, de participar activamente en los enfrentamientos de Montero. Serna Ponce tiene condena de 20 años de cárcel por el secuestro en el año 1995 del empresario Samuel Doria Medina. La defensa de los fallecidos en Montero, Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, sostiene que Martín Serna Ponce se paseaba por todos lados junto a Raúl García linera, hermano del ex vicepresidente Álvaro García Linera.

Por su parte, el abogado Abraham Quiroga que defiende a Martín Serna Ponce, argumentó que nada tiene que ver y que seguirán asumiendo su defensa.

Tras el fallo, la Fiscalía no planteó ninguna oposición a la medida del tribunal de conceder libertad a Facundo Molares. 

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