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En abril, un sujeto de 20 años fue detenido por haber captado a tres adolescentes colegialas a través de Facebook para abusarlas y explotarlas sexualmente. En junio, la Policía desbarató en Santa Cruz a una banda que alquilaba inmuebles y luego los ofrecía en anticrético falsificando documentos y hasta haciendo ‘castings’ para evaluar el talento histriónico de quienes se hacían pasar por los propietarios de los inmuebles.

El año pasado, de más de 2.000 denuncias de cibercrímenes (que usan Internet o redes sociales como herramienta) que atendió la Policía, un 60% correspondía a casos de trata de personas con fines de explotación sexual y estafas en diferentes modalidades.

¿Y cuál es la situación de esta temática en el ámbito judicial? Para elaborar el Primer Diagnóstico de Ciberdelincuencia en Bolivia, Fabián Espinoza Valencia, docente de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, solicitó formalmente a todos los juzgados del país, a través de los tribunales departamentales de justicia, información sobre causas relativas a la ciberdelincuencia.

“Inicié esta investigación con datos desde el primer trimestre de 2013 hasta el último trimestre de 2017 como base preliminar, sobre la cual actualmente llevo adelante una investigación con datos al primer trimestre de 2019 en alianza con la Fundación Construir en cumplimiento a objetivos conjuntos en pro de la reforma judicial, teniendo como fuente, información de los servidores de la administración de justicia del Órgano Judicial y Ministerio Público”, explicó el autor del estudio.

Las respuestas que tuvo fueron variadas, de las que se puede concluir y deducir que las falencias tienen su génesis en que “hay falta de experiencia y conocimiento en esta temática en los juzgados porque no son casos comunes y, por lo tanto, también hay falta de capacitación porque el Órgano Judicial no presta atención a estos fenómenos delictivos”, dice Espinoza.

Si se toma algunos de los informes obtenidos por departamento, se puede conocer que en la capital, Sucre, por acoger la sede del Consejo de la Magistratura, se tienen las respuestas más detalladas; en Cochabamba destaca el alto índice de violencia de tipos penales vinculados con Internet; y en Santa Cruz “no se han podido recabar datos cuantitativos por la burocracia de las autoridades”, y muestra un documento de 2016 en que el titular del TDJ solicita una “estandarización mediante formato, debido a la complejidad del mismo y a la gran cantidad de datos que han sido requeridos”.

Algunas de las conclusiones

La totalidad de los asientos judiciales (de los nueve departamentos) ha negado la existencia de algún documento relativo a la ciberseguridad; no existe un mecanismo idóneo para el registro de causas; existen autoridades judiciales que entienden que no está entre sus competencias llevar procesos relacionados directa o indirectamente al ciberespacio.

El estudio también evidenció que existen jurisdicciones que tienen ni acceso a Internet.

¿Y las recomendaciones?

La primera es que el Estado requiere establecer políticas criminales que respondan a los lineamientos que se establecen en esta materia en el derecho internacional a partir del Convenio de Ciberdelincuencia.

El otro es que, quienes administran la justicia tomen conciencia de los daños directos, colaterales y transversales que ocasiona la ciberdelincuencia.

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