Familiar de paciente denuncia que en hospital público no quisieron tomarle la prueba covid pese a que aceptó pagarla

Un calvario para recibir atención médica. Un hombre de 40 años acudió a un centro de salud porque se sentía mal y muy adolorido debido a problemas en la vesícula, pero no recibió la atención esperada. Lo refirieron a un hospital municipal de segundo nivel, el de la Pampa de la Isla, para que puedan darle la atención que requiere; sin embargo, la situación fue otra.

Su primo, César Del Castillo, relató que quisieron afiliarlo al Seguro Universal de Salud (SUS), pero no pudieron porque en el sistema aparece como “paciente institucional”, es decir, que tiene un seguro de salud, pese a que esta persona ya no trabaja en la empresa privada en la que se encontraba y el plazo de cobertura de ese seguro venció el 31 de agosto.

Del Castillo se dirigió a las oficinas del ente asegurador para recabar algún documento que dé cuenta de que su familiar ya no goza de ese beneficio, pero las oficinas están cerradas. Sin embargo, consiguió una certificación provisional y digital, que le enviaron por mensajería instantánea, de manera que el paciente pueda ser atendido en el sistema de salud pública.

El certificado provisional digital fue presentado en el hospital Pampa de la Isla, pero la supervisora indicó que este no tenía validez. Por lo tanto, para ser atendido, el paciente debe pagar, lo mismo que debe hacerse cargo del costo de los análisis y medicamentos. Bien, Del Castillo accede. El paciente recibe suero y calmantes.

Aparece un nuevo problema, el enfermo precisa una prueba para determinar si tiene o no Covid-19, que dada su condición de “paciente institucional”, según el sistema, debe pagar. Son Bs 60. El familiar nuevamente accede al cobro y hace notar que en los centros de salud públicos ese análisis es gratuito; pero el sistema no da la opción para que puedan hacer el cobro mencionado, por lo que la persona que atiende en el hospital, les da la opción de dirigirse a cualquier centro de diagnóstico para que se realice la prueba.

Sí, pretende que el paciente adolorido, que está recibiendo suero por vía intravenosa vaya a buscar dónde hacerse la prueba, que tienen disponible en el mismo hospital.

La indignación de Del Castillo es grande. Llevan en afanes desde las 8:00 y pese a que ya han gastado alrededor de Bs 700, no le importa pagar los Bs 60 para la prueba diagnóstica, pero pide que se la practiquen a su familiar. ¿Qué pasaría si el paciente fuera un adulto mayor, o si no tuviera los recursos para pagar?, cuestiona.

Los resultados de los otros análisis aún no salen y esos son los que determinarán si efectivamente el paciente deberá ser operado y cuándo. El médico les ha dicho que lo más probable es que precise cirugía.

Habrá que esperar al lunes para que Del Castillo pueda recoger el certificado físico del que fuera el ente asegurador de su familiar.

EL DEBER se contactó con Adriana Amelunge, secretaria municipal de Salud, quien indicó que hará las averiguaciones que correspondan para conocer lo sucedido y tomar las medidas respectivas.

Señaló que, efectivamente, los pacientes que cuentan con un seguro, que no es el SUS, deben cubrir el costo de la consulta. Y que, si ya no están afiliados, deben presentar un documento que lo acredite.

Sobre la prueba del Covid, manifestó que consultará con el responsable de Seguros de Salud para dar una respuesta cabal sobre si está incluida en la consulta o si es una prestación extra.