El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó que los familiares de los tres uniformados asesinados en el municipio de Porongo desistieron del proceso penal contra Misael Nallar Viveros, principal acusado de este hecho.
“Las familias de las tres personas fallecidas han presentado un desistimiento en favor del señor Misael Nallar Vivieros, dentro de lo que es esta investigación. Sin embargo, el Ministerio Público dentro de sus facultades y al ser este un delito que se debe perseguir de oficio, seguirá con la investigación”, explicó.
Sin embargo, esto no es lo único que beneficia a Nallar, pues ya se venció el plazo de la etapa preparatoria del proceso y la Fiscalía aún no ha presentado la acusación formal contra los siete denunciados en este proceso para poder iniciar el juicio oral.
Ante esta situación, el Juzgado Público Mixto Civil Comercial, de Familia e Instrucción Penal 1º del municipio de La Guardia, a cargo del juez Rodrigo Vedia, envió una conminatoria al fiscal Róger Mariaca para que presente las conclusiones de la etapa preparatoria de este proceso en un plazo de cinco días, a partir del miércoles 31 de mayo.
Vedia pide que se presente la acusación formal para identificar la participación de los siete denunciados: Misael Nallar Viveros, Rodrigo Gonzales Arrazola, Esteban Beltrán Muñoz, Widen Nallar Noda, Álvaro Julio Muñoz Mejía, Jassir Góngora Montero y Édgar Dorado Menacho.
“Es importante informar que se ha elaborado una conminatoria de parte del control jurisdiccional a objeto de que la comisión de fiscales, que se ha conformado, resuelva la situación jurídica dentro de la etapa preparatoria con relación a las personas que están imputadas en esta investigación. Entonces, la comisión de fiscales va a remitir dentro de los cinco días hábiles lo que las resoluciones vean pertinentes”, respondió Mariaca a la solicitud de la justicia.
Irán a juicio sin pruebas
Por su parte, la abogada Jéssica Echeverría, que patrocinaba de manera voluntaria a Líder Candia (padre del voluntario del Gacip asesinado, José David Candía Orozco), señaló que el caso “irá a juicio sin pruebas” contra Nallar, debido a que no se realizó la inspección ocular, se borraron los archivos de los celulares de las tres víctimas y se desaparecieron otros elementos colectados durante la investigación.
Echeverría lamenta que los actuados investigativos se suspendieron con la finalidad de beneficiar a los acusados de este triple asesinado en Porongo y cuestiona el desistimiento presentado por los familiares de las víctimas, pues dice que fue realizado “a sus espaldas” para evitar que ella se oponga.
La jurista señala que ella siempre fue “la piedra en el zapato de Nallar” por querer investigar a fondo lo que sucedió el 21 de junio de 2022 y develar a los cómplices de este hecho y cree que por esta razón la hicieron a un lado este jueves, cuando se entregó de manera formal el desistimiento. Sin embargo, reconoce que la llamaron para ofrecerle dinero para que se retire del caso, pero dice que rechazó este ofrecimiento.
“A las una de la tarde me llamó un abogado de forma desesperada para ofrecerme dinero a cambio de que deje el caso del triple asesinado y para decirme que si lo rechazaba me iba a pasar lo mismo que al interventor (murió tras caer de un edificio), pero yo le dije que se equivocó de persona, porque yo no aceptó dinero del narco, no soy una corrupta y tampoco cobarde. Pero después me entero que a las tres de la tarde los familiares ya habían presentado el desistimiento que había sido firmado por otra abogada que no conozco”, explicó en contacto con EL DEBER.
“Al enterarme del desistimiento escribí en un grupo de WhatsApp que teníamos con las familias para cuestionar el acuerdo que hicieron, porque ellos les pusieron un precio a sus muertos. Me siento traicionada y usada, porque fui la única persona que siempre quiso llegar hasta el final en este caso. Incluso a mi colega (Juan Pablo) Ibáñez le dije que era corrupto por aceptar este desistimiento”, lamentó.
La abogada dice que patrocinó a Líder Candia de manera voluntaria y señala que en algunas ocasiones ella corrió con algunos gastos económicos dentro del proceso penal, puesto que la familia del fallecido es de escasos recursos. Sin embargo, ahora cree que tranzaron un pacto económico con los abogados de Nallar con la ayuda del abogado Ibáñez.
EL DEBER intentó contratarse con el abogado Juan Pablo Ibáñez, quien representa a Rocío Magdalena Gonzáles (esposa del policía fallecido Eustaquio Olano) y a Liliana Sánchez Rojas (esposa del efectivo victimado Alfonso Chávez Flores) para que tener su versión sobre el desistimiento presentado y conocer su respuesta respecto a las acusaciones de su colega Echeverría, pero este no contestó las llamadas como en otras oportunidades.
Sin embargo, en el desistimiento recibido por la Fiscalía esta tarde se observa que los familiares de los tres uniformados asesinados fueron representados por la abogada Paola Challa Ortiz, quien de manera sorpresiva asumió la defensa de este caso y firmó el documento.