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Las libertades y las resoluciones que se están dando dentro de las investigaciones por el enfrentamiento en el barrio montereño Cofadena, donde a finales de octubre del año pasado fueron muertos a tiros Marcelo Terrazas Seleme y Mario Salvatierra Herrera, han provocado que los familiares de las dos víctimas fatales indiquen estar decepcionadas de la administración de justicia.

El hijo de Terrazas y la esposa de Salvatierra manifestaron estar profundamente desilusionados de la justicia, ya que sienten que se está liberando de culpa a personas que de acuerdo a las investigaciones, aparentemente tuvieron algún grado de participación en los hechos violentos ocurridos durante el movimiento cívico ciudadano que tuvo como epicentro la capital cruceña.

Las pericias en los cuerpos de Salvatierra y Terrazas determinaron que ambos perdieron la vida como consecuencia de impactos de bala, presuntamente disparados por afines al MAS, que pretendían levantar el cierre de las vías y las protestas por el fraude electoral de octubre.

Eduarda Salvatierra, la esposa de Mario, el mototaxista que se sumó a otros montereños para cerrarle el paso a los grupos violentos que querían desbloquear a la fuerza aquella tarde de octubre, llora cuando recuerda y habla de su pareja. 

Ella dice estar completamente decepcionada de la administración de justicia en el país y que todavía no logra superar el dolor que dejó la partida de su compañero de vida.

“Me siento decepcionada y triste porque los hechos de octubre del año pasado me cambiaron la vida. Mi esposo sostenía mi hogar y era un hombre correcto y cariñoso. Tuvimos tres hijos y la vida nos regaló una nietita que ahora tiene dos años y que estaba a nuestro cargo”, describe Eduarda al hablar de una parte de su pasado y de su presente tras la pérdida de Mario.

Luego indica que “vemos que cada vez las personas culpables por la muerte de mi esposo están saliendo fácilmente de la cárcel. Nadie se acuerda de nosotros, las víctimas. Cuando hay audiencias sobre el caso ni nos toman en cuenta; en cambio, los detenidos sí son escuchados, hasta los defensores de los Derechos Humanos aparecen para darles su respaldo, pero nosotros estamos solos, abandonados”.

La vida que ahora le ha tocado enfrentar al hogar que dejó Mario es dura, ya que uno de los hijos de la pareja es mototaxista y con este oficio ayuda a mantener a su familia. “Es muy duro, desde que mataron a mi esposo nos cambiaron la vida”, afirma Eduarda y da rienda suelta al llanto que contuvo por algunos minutos, mientras trataba de explicar los acontecimientos desde octubre del año pasado.

Vida cívica

Marcelo Endhir Terrazas, el hijo mayor del líder unionista muerto en los enfrentamientos, también siente molestia y decepción por lo que está ocurriendo en el proceso judicial por la muerte de su padre y que fue bautizado como el caso Cofadena, por la zona donde se dieron los hechos.

El joven, que es miembro activo de la Unión Juvenil Cruceñista, dijo que la razón de su decepción tiene que ver con las actuaciones que se ejecutan. 

Afirma que todo parece seguir siendo gestionado por el MAS con la única finalidad de favorecer a quienes actuaron a nombre de esta sigla política.

“Es una pena que el masismo siga manejando la justicia en el país. Todos tenemos que seguir luchando para cambiar esta realidad. Sólo nos queda confiar en la justicia divina, esa no falla”, afirmó el joven, que junto a su hermana quedó sin el cariño del hombre que fue conocido en Santa Cruz por su lucha autonomista y cívica constante, tanto que lo llevó a perder la vida en Montero, víctima de un disparo de arma de fuego.

Terrazas, al igual que la esposa de Mario Salvatierra, dijo sentirse lastimado por la presencia constante de los defensores de derechos humanos en favor de los procesados, pero no dan ningún tipo de apoyo a los familiares de las víctimas de aquellos hechos violentos en los que sus seres queridos fueron abatidos. 

“No desistiremos en nuestra lucha en busca de justicia”, afirmó el joven, al que la voz se le entrecorta cuando tiene que hablar sobre su progenitor.

Vida cívica

El lunes de esta semana dejó la detención preventiva la excandidata a diputada por el MAS, Deisy Choque, luego de pagar una fianza de Bs 25.000, quedar arraigada  y sujeta a otros requisitos complementarios que le ordenó el juez de Montero, Róger Salvatierra.

La mujer está siendo investigada por los delitos de homicidio, instigación pública a delinquir, organización delictiva y otros. Es sindicada de haber organizado a las personas que atacaron a los cívicos en el barrio Cofadena, donde murieron Terrazas y Salvatierra, además se la acusa de alojar en su domicilio a un gran número de miembros de las juventudes del MAS, quienes fueron los que se enfrentaron a los grupos cívicos que habían paralizado el departamento por 21 días.

El mismo juzgador también ordenó la libertad de la enfermera Flora Guzmán Totola y a sus hijos Emanuel y Abner Castelo Guzmán, siendo condenados por un delito menor, encubrimiento.

La Fiscalía cambió el tipo penal de esta familia, que escondió, curó y no avisó a las autoridades sobre la presencia de un extranjero en su domicilio, el exmiembro del grupo irregular colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Facundo Molares.

Desde el Comité pro Santa Cruz cuestionan al Ministerio Público y exige que los presuntos culpables de los hechos se mantengan presos en la cárcel, ya que consideran que en libertad pueden perjudicar la investigación.