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El Ministerio Público aceptó investigar a la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, por un grupo de cuatro delitos de orden penal. Ante esto, la exautoridad compareció ayer de manera voluntaria y demandó conocer los detalles de las demandas planteadas en su contra y se puso a disposición de la investigación que realice la Fiscalía anticorrupción.

La exalcaldesa contestó que nadie le notificó hasta el momento y pidió que se respete su derecho a la libre locomoción.

Además de Sosa, la comisión de fiscales ya inició las investigaciones contra Sandra Velarde, exsecretaria de Administración y Finanzas, y Javier Abraham Cedeño, exdirector de Recursos del municipio.

Johnny Fernández, alcalde cruceño, la denunció por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material e ideológica, además de conducta antieconómica, delitos que pudo cometer durante el ejercicio de su mandato que terminó el 3 de mayo, hace un mes.

Por su parte, Angélica Sosa, a través de sus abogados, presentó ayer un memorial al fiscal asignado al caso, en el cual rechaza las acusaciones en su contra, y dice que se someterá a las investigaciones que se consideren necesarias.

“Me presento de forma espontánea ante su autoridad solicitándole se reciba mi declaración informativa y se tenga presente mi predisposición para someterme a cualquier clase de investigación, así como pido mantener incólume mi derecho a libertad irrestricta de locomoción”, dice el documento que fue presentado por Sosa y al que tuvo acceso EL DEBER.

Pero el caso que generó mayor repercusión se generó por efecto de la contratación de funcionarios. La administración edil de Sosa concluyó con 10.000 servidores.

De esos, 2.600 figuran como personal de planta, los otros son contratados, muchos de ellos de forma irregular. Un porcentaje están en riesgo de no recibir pagos porque fueron incorporados sin contemplar la certificación presupuestaria. Además, la anterior administración dejó como ‘presente griego’ unas 528 carpetas de deudas por pagar.

El sábado, en una entrevista con EL DEBER-Radio, Fernández señaló que había personal que fue contratado de manera irregular.

"Al margen de las jefaturas estamos evaluando a más de 1.000 funcionarios y de ahí nace esta denuncia de funcionarios que no tenían perfil y que cobraban sin trabajar. Y si nos dan la razón, esta gente tiene que devolver toda esa plata que se le ha pagado irregularmente. Tenemos también el problema de la reducción de recursos de la coparticipación tributaria. Los municipios y las gobernaciones están fregados”, apuntó el burgomaestre, al tiempo de expresar observaciones en contratos para servicios que el personal de la alcaldía debería realizar.

Sosa, en su declaración al fiscal, dijo que la denuncia del alcalde es “calumniosa y dolosa” y reclamó su derecho a defenderse.

Se habría generado un déficit de más de Bs 153 millones. Para compensar ese “hueco” y obtener flujo financiero se requiere de unos Bs 100 millones.


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