Fiscalía acusa a 10 personas por el saqueo y quema de la sede de campesinos de Santa Cruz
El hecho ocurrió en noviembre del 2022, cuando Santa Cruz paró 36 días exigiendo el Censo en 2023
El Ministerio Público presentó acusación formal contra 10 personas por el saqueo y quema de la sede de la Federación de Campesinos de Santa Cruz. El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2022, durante el paro de 36 días, por el censo en 2023.
“Se tiene una acusación formal, se están resolviendo los incidentes (de los acusados), unos que había pendientes, se está avanzando”, explicó la fiscal del caso Delmy Guzmán, según reporte de la Agencia Boliviana de Información.
Los delitos por los que han sido acusadas estas personas son: robo agravado, asociación delictuosa y otros “que de carácter provisional, ya que se han puesto en acusación ante la autoridad jurisdiccional”, explicó la fiscal.
Cerca de las 15:30 de ese viernes 11 de noviembre del 2022, empezaron a arder las instalaciones de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Fsutcb), tras los enfrentamientos entre grupos de manifestantes, que estaban a favor del paro indefinido en demanda por el censo en 2023, con un contingente de la Policía que protegía las instalaciones donde se refugiaban personas encapuchadas afines al Gobierno, que protagonizaron la violencia en horas de la mañana de ese viernes, en el marco de una marcha de gremialistas que irrumpió en el segundo anillo y, a su paso, levantó por la fuerza los puntos de bloqueo.
Luego, un grupo de jóvenes siguió a estos marchistas hasta las oficinas de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (en el primer anillo, avenida Irala), al menos así lo aseguraban, mientras la Policía protegía el lugar. Pero a las 15:00 de ese día, la Policía fue rebasada, los jóvenes irrumpieron en la sede campesina, secuestraron petardos y el fuego comenzó a consumir sus instalaciones.
La Policía detuvo a 10 jóvenes y los llevó a una audiencia cautelar. El 15 de noviembre la Justicia determinó que los acusados se defendieran en libertad, pero la Fiscalía apeló y el 25 de noviembre se ordenó la detención preventiva de cuatro implicados (A Álvaro Ch. P., Sebastián M. S., Isidro Z. y Luis Mateo H.).
