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La Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz inició una investigación y pidió un informe detallado de las circunstancias en las que jueces del Tribunal 12 de Sentencia concedieron libertad al excoronel Gonzalo Medina, procesado por tráfico de drogas en el caso del extraditable Pedro Montenegro.

Medina había planteado una acción de libertad contra la responsable del Juzgado Octavo de Instrucción Cautelar, Anay Áñez Mendoza, argumentando que hace casi un año que permanece detenido sin pruebas y con su salud deteriorada, por lo que consideraba injusto que no se le otorgue libertad para seguir asumiendo su defensa.

La audiencia se desarrolló el viernes en el Palacio de Justicia a cargo de los jueces del Tribunal 12 de Sentencia Ismael Burgos, Anay Guillén y Lilian Zabala, a la misma asistieron los abogados defensores del procesado que permanecía internado en la clínica Lourdes desde hacía casi tres semanas.

La Fiscalía antinarcóticos en sus primeras pesquisas observó que la audiencia fue instalada "entre gallos y media noche" por el tribunal, ya que desde que rige la cuarentena todas las audiencias de los tribunales quedaron suspendidas, solo los jueces cautelares de turno estaban habilitados para casos de emergencias. 

Entre las observaciones, a la Fiscalía antinarcóticos le parece extraño que se instale la audiencia y que no hubiera notificado a las partes. Observó que, por ejemplo, la jueza demandada Anay Áñez Mendoza no fue notificada personalmente y solo le mandaron una foto a través de WhatsApp. Además, la Fiscalía que es una de las principales interesadas en el caso que tiene que ver con narcotráfico, no fue notificada y solo conoció el fallo a través de los medios de comunicación.

Medina en La Paz

Tras conocerse el fallo judicial, el Ministerio de Gobierno, a través de su titular Arturo Murillo, instruyó una inmediata indagación de la actuación de los jueces por considerar que la medida deja mucho que desear por tratarse de uno de los casos de narcotráfico de mayor connotación de la gestión 2019. 

Hubo más custodia policial en la clínica y el sábado por la tarde Medina fue trasladado a La Paz para ser aislado en la cárcel de San Pedro. Murillo dijo que los agentes de Inteligencia detectaron que Medina no podía permanecer en la clínica Lourdes de Santa Cruz porque se detectó un posible plan para asesinarlo. Además, dijo que Medina estaba bien de salud cuando su familia aseguraba que debía de someterse a una operación a corazón abierto.

El informe de las circunstancias en que se realizó la audiencia judicial para favorecer a Medina fue solicitado por la Fiscalía al Tribunal Departamental de Justicia.

La defensa de Medina, a través de Wálter Suárez solo se limitó a señalar que conoce de manera extraoficial de que el Ministerio de Gobierno inició un proceso en su contra y también contra Fernado Medina, abogado y hermano de Gonzalo Medina, además contra los jueces del tribunal.

 

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