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Ocho personas, entre ellas el presidente del comité Cívico de Roboré, Rubén Darío Arias, y Adolfo Chávez, dirigente indígena que participa de la marcha en defensa del territorio, están siendo procesados por la Fiscalía.

El fiscal de materia de Roboré, Juan Carlos Crispín, emitió las citaciones para que los denunciados se presenten este jueves, a primera hora, a declarar por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa y avasallamientos. 

El denunciante es Ronald Crespo Huisa, representante de la comunidad campesina Villa San Lorenzo, quien asegura que fue desalojado de allí mediante amenaza y agresiones físicas.

El desalojo

El líder cívico de Roboré, Rubén Darío Arias, contó que el 14 de abril, junto a autoridades indígenas, se trasladaron a un predio privado donde se habían asentado un grupo de campesinos. Explica que, una vez llegaron al lugar, les pidieron de manera pacífica que se retiren, puesto que no eran originarios y no tenían la autorización de la Comisión Agraria Departamental para habitar en la zona.

“Ellos tenían una resolución del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) que autorizaba a 55 familias para asentarse en una tierra fiscal que fue quitada a un privado. Pero nosotros no podemos permitir que se le entreguen tierras a otras personas que no son originarios, porque están yendo en contra de la ley”, comentó,

Arias dijo que, debido a que los interculturales no abandonaron la comunidad Villa San Lorenzo, distante a 50 kilómetros de Roboré y ubicada sobre la carretera bioceánica, fueron en dos oportunidades a desalojarlos con una comisión de cívicos y dirigentes indígenas.

“Es por estos desalojos que fuimos denunciados por avasallamientos y asociación delictuosa. Nuestra defensa legal presentó un memorial a la Fiscalía solicitando el rechazo de este proceso, porque vimos que no tenía argumentos jurídicos y creímos que se dio curso a este pedido, pero hoy nos sorprendieron con las citaciones para declarar”, señaló el presidente de los cívicos.

Asimismo, convocó a la población a respaldar a las personas denunciadas que deberán presentarse este jueves, por la mañana, a declarar ante el Ministerio Público.

Sostiene que no se debería aprehender a ninguna persona por el solo hecho de “defender su tierra”. “Si el Gobierno nacional llega a detener a uno solo de nosotros, lo va hacer con quien sea, por eso no debemos permitir los abusos”, acotó.

Aparte de Arias, los denunciados son Nardy Velasco Vargas, cacique de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré; Zoila Zeballos Roca, presidenta del Comité de Gestión del Área Protegida Tucabaca; Maritza Flores Peñarrieta, exconcejal; Adolfo Chávez, dirigente indígena que participa de la marcha por el territorio, que viene de Trinidad a la capital cruceña; Reynaldo Rondón, representante indígena de Aguas Calientes, Ericka Jiménez, secretaria del Comité Cívico y Juan Julio Zebers, exsecretario general del Comité.

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