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El Ministerio Público ha emitido 20 requerimientos a diferentes instituciones del Estado en un intento por verificar la propiedad de las camionetas en las que se desplazaron personas encapuchadas que, durante los primeros dos días del paro multisectorial en contra de la Ley 1386, atacaron y golpearon a los ciudadanos que se encontraban en los puntos de bloqueo en la ciudad. Además, se pretende identificar a los agresores que supuestamente eran transportados en vehículos de Dircabi y en algunos casos escoltados por agentes de la Policía.

Durante los días 8 y 9 de noviembre, según las denuncias que circularon en redes sociales y medios de comunicación, decenas de personas recorrieron las arterias de la capital cruceña en camionetas, obligando a que se levanten varios puntos de bloqueo, utilizando petardos en forma violenta.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Edson Claure, manifestó que se abrió de oficio una investigación contra los encapuchados.

En el Ministerio Público informaron que estos requerimientos fiscales fueron entregados a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y un residencial, ubicado en la zona del Plan Tres Mil.

Los vehículos, según datos proporcionados por agentes policiales a EL DEBER, fueron incautadas al narcotráfico en mayo del presente año y julio de 2019, respectivamente. En las últimas semanas cargaron combustible en distintos surtidores de la capital cruceña y después de que fueron viralizadas las imágenes, durante los días del paro, ambas camionetas fueron abandonadas en el mencionado residencial.

De acuerdo con la información suministrada por la dirección nacional de la Felcc, como estos vehículos fueron incautados en operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) pasaron a la tutela de Dircabi, por eso la clave de la investigación es conocer a quién Dircabi entregó estos vehículos como depositarios. Hasta el momento esta entidad no ha dicho nada.

En lo referido a la identificación de los encapuchados, el fiscal Roberto Ruíz aseguró que con el requerimiento fiscal también se busca reconocer a los mismos, a través de las imágenes “para que nos suministren nombres y digan quienes son estas personas, para así poder librar los mandamientos de aprehensión”, señaló.

El concejal por la agrupación Demócratas, Manuel Saavedra, que viene realizando un seguimiento a la investigación, señaló que en la Felcc se encuentran algunos videos que fueron grabados por las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de la ciudad.

“Se ha solicitado, mediante un requerimiento, de todo el circuito que tiene la ciudad de cámaras para hacerle un seguimiento a todo el trayecto de las camionetas: de donde salieron, a dónde llegaron, a quienes bajaron y subieron”, resaltó el edil.

También se requirió que acudan a declarar los responsables del alojamiento donde fueron encontradas las dos camionetas. A través de ellos, se pueden obtener mayores datos para la investigación porque por ley las personas que ingresan a estos establecimientos tienen que dejar un documento que los identifique, como el carnet de identidad.

“Se está haciendo el seguimiento para que (la investigación) pueda seguir y no suceda lo mismo que en los avasallamientos (en Las Londras) que 23 días después no se tiene ni un solo detenido ni se ha avanzado”, dijo Saavedra.

Aún sin identificar

Desde que se conocen las imágenes de estos individuos encapuchados surgieron denuncias en las cuales se los vincula con grupos afines al MAS en Santa Cruz.

El representante del bloque “Azules del Oriente” del MAS y director regional del Servicio Regional de Identificación Personal (Segip), Alpacino Mojica, dijo que la investigación que realiza la Felcc sobre este caso tiene que ser pareja. “En toda la ciudad había encapuchados bloqueando y agrediendo a dirigentes nuestros, a punta de palo, piedras e, incluso, machetazos”.

También denunció la existencia de personas que bloqueaban y que se trasladaban en vehículos con destelladores, cargando palos y bates. “Quedan muchas preguntas por hacerse, por lo que la Fiscalía y Policía deben actuar de manera urgente para todos”.

A su vez, el abogado y militar en servicio pasivo Jorge Santistevan afirmó que por la información que maneja y que fue recogida en diferentes puntos de la capital cruceña durante los días del paro multisectorial, las camionetas estaban organizadas por personas que salieron de la zona de la refinería de Palmasola y de la Central Obrera Departamental (COD).

Aseguró que si se quiere avanzar rápido en la investigación, el director nacional de Dircabi debería ser llamado a declarar para que responda sobre quiénes tenían los vehículos y por ordenes de quién. “¿Qué es lo más importante?, qué (la Felcc) debió haber hecho, pero aún no se lo hizo, por lo que esa investigación se ha estancado y tiende a no prosperar porque son movimientos masistas y de personas irregulares que se han organizado para cometer estas actividades”, señaló Santistevan.

Sobre la identidad de estas personas, el militar retirado agregó que “como la investigación no prospera, pueden ser policías disfrazados de personas civiles encapuchados o elementos traídos por el Gobierno de zonas como Yapacaní, para realizar estos actos delincuenciales”.

Por otro lado, el concejal por Comunidad Autonómica (C-A) Federico Morón recordó que existen denuncias con fotografías en redes sociales, donde se identificaría a tres de estas personas como miembros de una barra brava de un equipo de fútbol para realizar los violentos y desbloqueos en la capital cruceña.

Hace unos días, parlamentarios nacionales de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) presentaron una demanda contra el responsable en Santa Cruz de Dircabi y un funcionario de esta entidad estatal por los delitos de: uso indebido de bienes del Estado, instigación pública a delinquir y amenazas en grado de complicidad, debido al uso de estas camionetas.

La diputada María José Salazar, de CC, señaló en aquella oportunidad que no se permitirá que este hecho quede “en la impunidad” y que se continuará hasta el final “porque estos funcionarios públicos no pueden atentar contra la vida de las personas”.

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