Fiscalía investigará licencia y ganancia ilícita en el caso dron
El periodista Valverde cuestiona que la adaptación cueste más que el camión. Ve negociado por $us 160.000 y habla de hechos extorsivos. Abogado dice que Padilla está desahuciado; no le dan trabajo
La comisión de fiscales de la unidad anticorrupción, a la cabeza de Iván Ortiz y Fanny Alfaro, tomó la decisión de ampliar la investigación sobre el centro de monitoreo móvil. La indagación será para saber si hubo legitimación de ganancias ilícitas y sobreprecio, y para establecer si el software cuenta con licencia de funcionamiento y de acumulación de información para la lucha contra la inseguridad. Por este centro de monitoreo y un dron la Alcaldía cruceña pagó Bs 3.896.500, es decir, más de $us 500.000.
La Fiscalía se aferra a los resultados de un peritaje. Busca conocer con certeza si el software, que costó Bs 2,45 millones, contaba con licencia del Estado para operar o era trucho. Además ampliará las pesquisas por legitimación de ganancias contra el gerente de la empresa Army Security, Carlos ‘Chichito’ Padilla, que se adjudicó el contrato municipal.
Asimismo, las investigaciones definirán si hubo sobreprecio en la adquisición del centro de monitoreo móvil.
Observaciones de Valverde
El periodista Carlos Valverde, en entrevista concedida a la red Unitel, hizo nuevas observaciones a este contrato. Por ejemplo, cuestionó el hecho de que la adaptación del motorizado haya costado Bs 466.500, es decir, más caro que el camión cero kilómetros, adquirido en Bs 350.000.
Valverde dijo también que, según el abogado de Padilla, este fue obligado a comprar el software en $us 85.000 a la empresa Imperium Security siendo que el costo promedio es de $us 22.000. Luego, Army Security vendió a la Alcaldía dicho sotfware en más de $us 360.000.
En opinión del periodista, la Policía también debe decir qué tipo de relación tiene con Imperium Security, pues supuestamente esta hizo a la institución verde olivo el pliego de especificaciones para la compra del dron y el centro de monitoreo a fin de que presente dicha documentación a la Alcaldía.
Para Valverde, existe un sobreprecio de unos $us 160.000, por lo que la investigación debe aclarar quiénes se beneficiaron.
A Padilla nadie le da trabajo
Joadel Bravo, abogado de Padilla, aseguró que su cliente fue afectado en su vida personal y en su profesión desde que el 9 de marzo fuera llevado a la Fiscalía, imputado por incumplimiento de contrato y otros delitos. Agregó que a su defendido, que está con medidas sustitutivas, prácticamente lo han desahuciado pues nadie le quiere dar trabajo.
El jurista dijo que hasta el momento no existe una auditoría ni peritajes. “Este caso no es una figura penal, es civil porque se habla de incumplimiento de contrato”.
La Policía no opina
Sobre las declaraciones de Valverde, en el Comando de la Policía informaron de que el martes de la semana próxima hará conocer su posición al respecto.
La Policía se negó a recibir el centro móvil de monitoreo adquirido por la Alcaldía y, después de peritajes hechos por expertos en telemática de la institución verde olivo, se negó a recibir el equipo por considerar que no es el adecuado para cumplir con su labor
