El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, señaló que no descarta citar al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y a su entorno por la denuncia que presentaron en su contra cuatro concejalas por el presunto delito de violencia política contra mujeres.
“El día de hoy ha ingresado, tengo entendido, una denuncia interpuesta por la ciudadana de apellido Mucarzel en contra del ciudadano Jhonny Fernández, Luciano Negrete y otras personas. Esta denuncia está dentro de los términos legales”, detalló.
Zeballos aclaró que la denuncia será analizada antes de admitirla e iniciar con las investigaciones. “En las próximas 24 horas, el Ministerio Público analizará si se cumplen los elementos y presupuestos de orden legal para pasar a la fase de admisibilidad”, explicó
Además, detalló que los fiscales asignados deberán determinar si hubo violencia física o psicológica que haya tenido por objeto interrumpir o impedir el ejercicio del poder político de las concejalas, lo cual constituye el núcleo de la figura de violencia política por razón de género.
El fiscal departamental no descartó citar a declarar al alcalde Fernández y a todos los denunciados por las concejalas que fueron agredidas el fin de semana, durante la elección de la directiva del Concejo Municipal.
“Tenemos entendido que se ha podido elegir una directiva, más allá de los actos vandálicos y protestas violentas. Sin embargo, estos antecedentes serán analizados por los fiscales anticorrupción junto con los investigadores asignados al caso, y se emitirán las citaciones correspondientes para que los involucrados presten sus declaraciones”, agregó el fiscal.
Las ediles Silvana Mucarzel, Karina Orihuela, Lola Terrazas y Edith Ávalos llegaron cerca del mediodía al Ministerio Público para formalizar la denuncia contra el alcalde Jhonny Fernández, su hijo, el concejal Luis Miguel Fernández Rea, y los funcionarios de su entorno José Alejandro Farah Eguez y Luciano Negrete Aguirre.
“El ataque fue deliberado, un atropello contra la democracia y un acto de violencia política. Nosotras estábamos intentando ejercer nuestras funciones en el Concejo, y fuimos agredidas física y verbalmente por grupos afines a UCS (Unidad Cívica Solidaria)”, denunció Silvana Mucarzel, secretaria del Concejo.
El conflicto se originó cuando las autoridades municipales intentaron ingresar al edificio del Concejo para elegir la nueva directiva. Ante la toma del inmueble por simpatizantes de UCS, se vieron obligados a sesionar en un edificio alterno —la Casona 1— donde, pese a los intentos de sabotaje, lograron designar a Israel Alcocer como presidente del Concejo, José Antonio Alberti como vicepresidente, y Silvana Mucarzel como secretaria general.