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Tras la investigación preliminar realizada para conocer la identidad de los efectivos policiales que dispararon contra los ‘escudos humanos’, que fueron usados el 13 de julio en el asalto frustrado a la joyería y relojería Eurochronos, el Ministerio Público concluyó que los funcionarios policiales que llegaron al lugar aquella mañana incumplieron los protocolos policiales, actuaron de manera negligente y omisiva, sin resguardar principalmente la vida de las víctimas del hecho y poniendo como prioridad la captura o reducción de los atracadores.

Esta es una de las aseveraciones que señala la Fiscalía en la imputación a la que tuvo acceso EL DEBER y que debía ser expuesta en la audiencia de medidas cautelares en contra de Gonzalo Medina, Fernando Moreira, Robert Ruiz y Jorge Silva, dos agentes retirados de la Policías y dos oficiales en servicio activo, la misma que se suspendió hasta el 30 de marzo a las 15:15.

La jueza Mariela Salazar supo en audiencia que Medina y Moreira, presos en Palmasola por su supuesta vinculación con el presunto narcotraficante Pedro Montenegro extraditado a Brasil, no habían sido notificados correctamente y ordenó que esta falencia se corrija.

Mientras que, en el caso de Ruiz y Silva, la juzgadora conoció que ambos devolvieron la notificación, el primero indicando que estaba de vacaciones y el segundo porque estaba declarado en comisión de estudios en La Paz. Para ambos solicitó que se emitan notificaciones a través de edictos de prensa, para garantizar que la nueva audiencia se pueda realizar sin inconvenientes.

A la casa judicial llegaron los dos procesados por el caso Montenegro, pero ninguno fue bajado de la camioneta que los llevó hasta el lugar. La prensa trató de captar imágenes de ellos y sus familiares se acercaron para cruzar algunas palabras.

La imputación también señala, a través de los testimonios de las víctimas de la balacera, que había voces de mando durante la operación policial y que los trabajadores de Eurochronos que fueron obligados a salir por los delincuentes, repitieron a los agentes que estaban en el lugar que no disparasen.

Espera respuestas

Roxana Torrico la madre de Ana Lorena Tórrez, la joven que murió durante el cruce de fuego, pidió a los investigadores conocer quién disparó contra su hija y aseguró que ella no descansará hasta descubrir la verdad.

“Se debe identificar al asesino de mi hija”, afirmó Torrico y dijo que los policías que debían ser cautelados ayer, tienen que colaborar con las investigaciones y ayudar a identificar a los agentes que provocan la muerte de su hija y dejaron con múltiples impactos de bala a Paúl Erick Peña Mehnert, Jeanine Vargas Gonzales, Roxana Serrano Franco y Julio César Méndez Salvatierra.

ANALIZAN PEDIR QUE LA INVESTIGACIÓN SEA AMPLIADA A UN EXJEFE NACIONAL DE LA POLICÍA Y A UN EXMINISTRO

Jorge Santiesteban, abogado defensor de la mamá de Ana Lorena y de las otras víctimas del asalto frustrado a Eurochronos, indicó que se está analizando la posibilidad de pedir la ampliación de la imputación en contra del excomandante general de la Policía, Abel de la Barra y del exministro de Gobierno Carlos Romero.

De acuerdo con el jurista, las exautoridades nacionales no actuaron en base a las disposiciones de resguardo a la vida y no colaboraron con la averiguación de la verdad desde sus funciones.

Por otro lado, la mamá de Ana Lorena recordó que el día del velatorio de su hija, el exministro de Gobierno intentó hablar con ella, situación que ella evitó y que tuvo que poner guardias de seguridad en el salón donde estaban los restos de su hija, para evitar que Romero se acerque a ella.

También la mujer, que sigue de cerca todos los avances y procedimientos del caso, dijo que existen pruebas en los cuadernillos de investigación de que Gonzalo Medina, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, mandó comprar a un funcionario subalterno un reloj de la tienda que sufrió el atraco frustrado, tiempo después del hecho y mientras se realizaban las pesquisas para conocer lo ocurrido.

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