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La Fiscalía liberó de toda culpa a la enfermera y a sus dos hijos, que asistieron al exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el argentino Facundo Molares, que resultó herido durante el enfrentamiento entre grupos afines al MAS y los movimientos cívicos, que terminó con la muerte de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, atacados a tiros en la refriega, además de dejar un saldo de al menos 60 heridos.

Documentos a los que accedió EL DEBER, dan cuenta que la comisión de fiscales, integrada por Cirilo Chambilla y Daniel Ortuño, dictó un requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo en favor de la enfermera Flora Guzmán Totola y sus hijos Emanuel Bandan Castedo Guzmán, médico general, y Abner Emilio Castedo Guzmán, estudiante de Medicina.

La resolución ya fue presentada ante el juez que conoce la causa, Róger Salvatierra, que tiene asiento en el distrito judicial de Montero y que debe realizar una audiencia para tomar una decisión.

La determinación del Ministerio Público libera de toda culpa a estas tres personas, a quienes se acusa de haber sido encubridores de Molares en los delitos de complicidad en homicidio y asociación delictuosa, los que se les imputaron provisionalmente al detenerlos y descubrirse que el exguerrillero de las Farc fue auxiliado en la casa de Flora Guzmán, donde se había improvisado un ambiente de atención médica.

Hay que recordar que Molares permanecía escondido en una casa del barrio Cofadena, tras haber sido herido y en momentos en que se veía a afines al MAS que enfrentaban con armas a los cívicos bloqueadores.

Uno de los argumentos que la Fiscalía fundamentó para no seguir investigando a estas personas, es que al final de la etapa preparatoria del posible juicio oral, no se habían encontrado suficientes elementos para acusarlos formalmente por los hechos que en principio provocaron su detención preventiva.

Un segundo elemento tiene que ver con la profesión de dos de los tres implicados, la enfermera y su hijo médico, que por su juramento hipocrático no pueden dejar de asistir a ninguna persona herida, aunque sea peligroso delincuente.

Sin embargo, el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, establece que los médicos y las enfermeras están obligados a denunciar si toman conocimiento de delitos de acción pública, como las circunstancias en las que fue herido Molares y que provocaron que la familia Castedo Guzmán decida auxiliarlo.

Durante la etapa inicial de las investigaciones, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía fundamentaron que la enfermera y sus dos hijos atendieron a Facundo Molares sabiendo que era un extranjero y que, pese a esto, no dieron conocimiento a nadie sobre la presencia del exguerrillero colombiano en la ciudad de Montero.

Encubridores no cómplices

Si bien la Fiscalía tomó la determinación de sacar a la enfermera y a sus hijos del caso en el que eran acusados por complicidad en homicidio y asociación delictuosa, los sindicaron por el delito de encubrimiento.

Esta decisión fue asumida el 9 de julio, cuando se presentó una ampliación de imputación contra Flora Guzmán Totola y sus dos hijos. En la misma la Fiscalía solicita al juez Róger Salvatierra, un procedimiento abreviado para la familia Castedo Guzmán, que acepta culpa y se somete a una pena de dos años de cárcel.

Esta cantidad de años de prisión, les permitirá optar por la figura del perdón judicial, que establece que en el caso de condenas menores de tres años y siendo este su primer delito, los procesados mantienen su libertad.

El juez Róger Salvatierra deberá fijar fecha y hora para instalar la audiencia solicitada por el Ministerio Público. Durante la audiencia, el juzgador tendrá que pronunciarse en torno a la ampliación de la imputación y el procedimiento abreviado y al mismo tiempo por el requerimiento de sobreseimiento definitivo.

La enfermera y sus dos hijos permanecen detenidos desde noviembre del año pasado, luego de las investigaciones realizadas por la Felcc y la Fiscalía, cuando mataron a dos cívicos en los enfrentamientos ocurridos en noviembre de 2019 en Montero, durante las protestas que demandaban una nueva elección nacional.

Estos acusados habían pedido en marzo la cesación de la detención preventiva por considerar que les correspondía; sin embargo, la justicia les negó el beneficio.

Molares y siete detenidos

La semana pasada la excandidata a diputada por el MAS, Deisy Choque, que estaba acusada de ser una de las impulsoras de las movilizaciones armadas del MAS en Montero, fue liberada con medidas sustitutivas por el juez Róger Salvatierra.

Su liberación generó reacciones y malestar entre el movimiento cívico y los familiares de las víctimas Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, que murieron como consecuencia de disparos de arma de fuego cuando participaban de los bloqueos en el paro de los 21 días.

Según las mismas investigaciones, Choque, como dirigente y excandidata a diputada por el MAS, fue imputada por el delito de homicidio al ser identificada como la persona que organizó y tomó contacto con un gran número de personas afines al MAS para atacar con armas al movimiento cívico. Además de haber albergado en su casa durante días a jóvenes de las juventudes del MAS. Sin embargo, la imputada que siempre argumentó inocencia, sostuvo que permanecía detenida durante casi ocho meses, por lo que el juez le dio medidas sustitutivas.

La Fiscalía durante la audiencia se opuso y consideró que no correspondía la libertad por existir suficientes pruebas contra Deisy Choque por el delito de homicidio. Además, los fiscales fundamentaron que durante casi cuatro meses la actividad judicial en Bolivia se paralizó debido a la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional por el Covid.

Tras la liberación de Choque y la decisión de sobreseimiento en favor de la enfermera y sus dos hijos, ya quedan solo seis detenidos con órdenes judiciales relacionados al caso Cofadena.

Entre ellos figuran el ex miembro de las Farc, Facundo Molares, preso en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, Alberto Fuentes Urquiza, Juan Elías Nina Peñaloza y otros cinco que están desde noviembre en la cárcel de Palmasola.

Según las diligencias policiales, Alberto Fuentes Urquiza y los otros cinco fueron detenidos en noviembre cuando se daban a la fuga desde Montero por la caretera a Okinawa. Estaban en poder de explosivos y pertencían a las juventudes del MAS. Habían participado en la arremetida contra los cívicos en el barrio Cofadena, un bastión del MAS.

Entre estos detenidos figuran el hijo de un diputado del MAS y otro hijo de un candidato por este mismo partido. Estos cinco detenidos de las juventudes del MAS también solicitaron libertad con medidas sustitutivas.

Audiencia virtual fue suspendida por la presencia de gente que no quiso identificarse ante el juez

Facundo Molares Schoenfeld, conocido como ‘Camilo’, está decidido a lograr su libertad porque su defensa considera que ya lleva detenido más de ocho meses. Permanece preso en el penal de Chonchocoro de La Paz y este miércoles fue su audiencia virtual con el juez de Montero, Róger Salvatierra.

Tras activar la comunicación, el juez y los fiscales quedaron sorprendidos porque aparecieron conectados al enlace un gran número de personas. El juez preguntó la identidad de estas personas, pero nadie se identificó.

Los servicios de Inteligencia de la Policía detectaron que eran gente de Argentina, representantes de Derechos Humanos, del partido en función de Gobierno, que habían logrado ingresar a la comunicación a través de los enlaces.

También se detectó personeros de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, según los informes de Inteligencia, del mismo juez y de los fiscales, aunque nadie quiso dar su nombre. Por esa situación, se postergó la audiencia solicitada por Molares para pedir su libertad.

‘Camilo’ el guerrillero argentino de la Farc registra en su declaración ante el juez y fiscales en su audiencia cautelar cuando se encontraba herido en el hospital Japonés, que participó en dos guerras y que estuvo presente durante tres días de lucha en el Puente de la Amistad de Montero.





“Yo estuve en el puente, lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente porque en primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. No digo para quedar bien delante del pueblo, ni nada; porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera. No me siento victimario, porque también soy víctima, participé en dos guerras”.

Molares del mismo modo frente al juez declaró que no negaba haber venido a Bolivia para luchar por el proceso de cambio que impulsó el expresidente Evo Morales.

Dentro de las investigaciones policiales también se estableció que Martín Serna Ponce, de nacionalidad peruana y ex miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que en 1995 secuestró al empresario Samuel Doria Medina, está vinculado con Facundo Molares.

Serna Ponce estuvo recluido en la cárcel de Chonchocoro y de los informes policiales se tiene, que este súbdito peruano tiene una estrecha relación con Facundo Molares Schoenfeld.