Fundación Tierra: "La Chiquitania no es solo un problema de cuatro cambas"

Alcides Vadillo, director regional de Fundación Tierra, lamentó que, por ahora, la defensa de la Chiquitania ante la depredación y colonización e incendios, no encuentre el eco que debería en todo el país porque siguen vigentes las lógicas de que se trata de una causa de la oligarquía, o de camba versus colla, y no de aspiraciones y derechos de la población indígena, o de un crimen desde el punto de vista medioambiental. Se aferra a la idea de que es imprescindible establecer una narrativa que atrape al contexto nacional.

Vadillo también cuestionó el trato que se da a los indígenas de tierras bajas, la orfandad jurídica en la que se encuentran, el silencio del empresariado cruceño ante los sucesos actuales, los criterios para la distribución de la tierra.

 Sobre la Comisión Agraria Departamental (CAD), dijo que está contemplada en la Ley INRA como un espacio de concertación con las regiones. A continuación la entrevista con Vadillo:

- Hay resoluciones de asentamiento de hace hasta cinco años en zonas hoy despobladas. ¿Hay un plazo de dos años para cumplir la Función Económica y Social (FES) a partir de la entrega de la resolución de asentamiento? 
La tierra es de quien la trabaja, y dos años sin trabajar una tierra, se presume que está abandonada, que dejó de cumplir una FES. Cualquiera puede pedir que se revierta al Estado una propiedad que esté dos años sin que se vea trabajo o presencia. Eso viene de la Ley de Reforma Agraria, que no ha sido derogada, simplemente ha sido sustituida en lo que aborda la Ley INRA, en lo que toca a la institucionalidad y el proceso de saneamiento, pero en la misma Ley INRA, artículo 51, y en la Ley de Reconducción Comunitaria, habla de la reversión.

- ¿Conoce otros casos de sobreposición?
Está la comunidad Tacuaral, en Lomerío. Me parece interesante señalarla porque la Central de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol) ha sido representante del MAS en las elecciones en Lomerío, o sea hay una adscripción política, militante. Incluso en la Cicol le titularon un pedazo, pero quedó fuera un espacio que era parte de su demanda, que ellos lo llaman comunidad Tacuaral, porque era una nueva comunidad; encima de esa comunidad Tacuaral el INRA autorizó asentamiento de otra gente intercultural, y ya hay un conflicto. 

Por esto dirigentes de la comunidad El Puquió, de Lomerío, han sido enjuiciados e incluso detenidos dos o tres días, los hemos apoyado para que los suelten, por ese conflicto generado por el INRA, porque esa tierra era demandada como TCO; sin embargo, fue dotada a otros, habiendo ahí un derecho pre-existente de los de Lomerío, era parte de su demanda, tenían trabajo en esa zona e igual el INRA la dio a otros.

Situaciones más conflictivas todavía hay en San Rafael, el problema ahí es que 17 comunidades originarias demandaron 160.000 hectáreas como TCO. El INRA aceptó esa demanda en 2004, se avanzó en el proceso de saneamiento hasta 2010 y 2011, pero nadie sabe por qué a partir de 2013 han empezado a asentar comunidades interculturales, y en este momento son un poco más de 50 comunidades sobrepuestas a la demanda de los chiquitanos. 

Quizás el argumento es que esos chiquitanos no están ahí, y es verdad, no están ahí porque esos chiquitanos están pidiendo la autorización del INRA para ocupar esas tierras; el indígena chiquitano es muy respetuoso de la ley, ellos esperan que el INRA les autorice para ir, pero la institución autorizó a otros, negando derechos a los chiquitanos. 

Casos como este pueden encontrarse más, incluso hubo otro que fue muy fuerte en toda la región de Velasco, en 2008 o 2010, que involucró a Campamento, Colorado y Candelaria, que tenían una demanda comunal de tierras, ampliando un poco las tierras que ellos tienen, y sobre esa demanda el INRA dotó 100.000 hectáreas al Movimiento Sin Tierra, quitando parte de estas tierras de los chiquitanos. Eso fue un conflicto que duró como tres o cuatro años. 

Los indígenas chiquitanos han venido renunciando a esa aspiración en función de no incentivar el conflicto, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde tiene que ser esa la dinámica? El Estado está promoviendo este tipo de conflictos.​​ Desde 2009 vino la CPE  con la competencia privativa de la tierra, el mismo año un decreto que autorizó el fondo para asentamientos. ¿Hay premeditación?​ Lo que yo veo es que la experiencia inicial de este tipo fue Pando, que se colonizó rápido y de golpe, justamente para tomar el control político de Pando, y como el resultado fue el que esperaban, eso mismo están haciendo en otras regiones, entonces la Chiquitania es un desafío político, un espacio de control y lucha social y política. 

De forma irresponsable estamos llevando a la Chiquitania a su destrucción desde el punto de vista del medioambiente, y no solo con nuevos asentamientos, sino con toda la política que se está impulsando en torno a la ampliación de frontera agrícola en esa región, entonces creo que hay muchas cosas que deben discutirse y replantearse si de verdad queremos defender y conservar la Chiquitania. 

Mientras esto se plantee en una lógica de camba-colla, o de la oposición contra el oficialismo, no hay posibilidad alguna de detener lo que está pasando; la única posibilidad de frenar el avasallamiento y la destrucción de la región chiquitana es una defensa desde la perspectiva del medioambiente, como valores mucho más generales, y además desde la perspectiva de los derechos, las aspiraciones y necesidades de las poblaciones indígenas locales, que dan legitimidad y fuerza a una voz para defender la región. 

Si se pretende defender la región desde intereses económicos de oligarquías, grandes productores, o de que la tierra no es para ellos porque tiene que ser para nosotros, que ellos no desmonten porque nosotros tenemos que desmontar... ese tipo de propuestas quedan aisladas en un contexto nacional. Y no tienen posibilidad alguna de avanzar. 

Se necesita que la defensa de la región chiquitana sea asumida por otros sectores de la población a nivel nacional, no solo por sectores de Santa Cruz, y para eso hay que crear visiones y narrativas, hay que plantear temas que demuestren que no es solo un problema para cuatro cambas, sino del país, que desde el punto de vista ambiental es un crimen destruir una región como la Chiquitania, y nos afecta a todos, no solo a los chiquitanos. 

La conservación de la población indígena chiquitana en esa zona requiere tener espacios territoriales suficientes para ellos y no podemos ir a encaramarle cantidad de población y destruir su hábitat; el tema de los indígenas chiquitanos es lo que da legitimidad a una reacción de defensa de la región.

- ¿Hay orfandad jurídica entre las bases chiquitanas?¿Qué pasa con la dirigencia, que no informa a sus bases?
Las organizaciones que están en actitud de resistencia no tienen apoyo prácticamente de nadie y eso significa también debilidades. Hay gente que ya tiene denuncias en contra y eso también frena, porque cuando tienen que enfrentar una denuncia o un juicio se dan cuenta de que no hay nadie detrás de ellos para apoyarlos ni con un abogado, que es lo mínimo, y eso también implica temores. 

Yo creo que hay gente que se está frenando, pero también creo que es parte de un conflicto en que los indígenas se sienten en medio de dos fuerzas, de dos fuegos. Imagino que están viendo “con quién puedo tener mayor ventaja, con quién puedo ganar algo de todo esto”. Y no lo planteo en el término de ganar como un beneficio personal de dirigente, que también puede darse, estoy hablando de ¿qué pasa si las organizaciones se adscriben al movimiento que está liderizando la Gobernación?, pues inmediatamente pasan a la lista de enemigos del Gobierno. 

La pregunta es si en esa posición van a tener alguna posibilidad de consolidar sus tierras. Creo que esa es la lógica pragmática de los dirigentes. Estos dirigentes de tierras bajas no son ideologizados, es una dirigencia muy pragmática, está en función de qué puedo lograr ahora. Y si la Gobernación les garantiza que en una alianza con ellos la Asamblea Legislativa Departamental les dará algunos proyectos, pues ahí estarán aliados, respaldados. Y si en el tema de tierras se sienten avasallados, van a estar en contra del INRA y del Gobierno, pero si se les acerca el director del INRA y les dice: “Les vamos a resolver, porque si se meten al otro lado no habrá nada”, y sé que algo de eso hay, entonces esos dirigentes están viendo qué pueden negociar aquí o allá.

- ¿Hay tráfico de tierras de parte de la dirigencia chiquitana?
Hay. No sé si ahorita de los dirigentes actuales, pero el problema de la comunidad Ebenezer es también, en buena parte, por un tráfico de los dirigentes anteriores.

- El INRA pone en duda a la Comisión Agraria Departamental (CAD), pero la Ley INRA la contempla ¿Cuál es la situación jurídica de la CAD?
La CAD es parte de la institucionalidad agraria de este país. Fui parte de la comisión que trabajó el proyecto de Ley INRA, de Santa Cruz estaba el doctor Teodovich y estaba el doctor Hugo Salvatierra, que representaba a la Federación de Campesinos. Entonces, parte de la discusión fue esa institucionalidad, y el espíritu de la Comisión Agraria, nacional o departamental, es que sea un espacio de concertación, por eso la lógica era que la mitad de representantes fueran funcionarios públicos, y la otra mitad representantes de la sociedad civil, porque tiene que ser un espacio de diálogo, acuerdos, y no necesariamente un espacio donde las decisiones se tomen por votos. 

Eso se cambió mucho después, con la Ley de Reconducción Comunitaria, donde amplían la cantidad de representantes, de 8 a 16, y eso se vuelve más complicado. Si quieres que algo no funcione, llama a una asamblea, mientras más gente, menos va a funcionar, creo que la lógica de ampliar la Comisión Agraria de 8 a 16 fue esa, evitar que funcione, y de hecho nunca más funcionó, desde la Ley de Reconducción Comunitaria.

- ¿Fue con la Ley de Reconducción Comunitaria que introdujeron nuevos personajes a la CAD, como las Bartolinas?
Sí, fue ahí. En la versión de la Ley INRA había cuatro representantes del Estado, y otros cuatro de la sociedad civil, que eran Cidob, la Confederación de Campesinos, la Confederación de Colonizadores, y Confeagro. Con esta Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria entraron Bartolinas y un montón de otras organizaciones y bajo ese esquema no funcionó nunca, pero la CAD sigue siendo legal, y sigue siendo válido el espíritu de esas comisiones agrarias. 

Le he dicho al director del INRA que, si cree que la CAD está manipulada por la Gobernación, ¿por qué no convoca a una Comisión Nacional Agraria (CAN)?, tampoco quieren, y me parece importante que se reactive esto como espacio de diálogo, porque si no, estamos empujando a la confrontación, y me asusta, porque el tema tierra construye liderazgo, moviliza gente, genera liderazgos, pero también enemigos.

- Debería ser el tiempo de los indígenas, paradójicamente, desde la política se los divide y debilita, ¿es para evitar la construcción de una narrativa?

La lógica del Gobierno del MAS es enemigo-amigo, no hay matices, o es negro o es blanco. En esa lógica, al que no está con ellos, el MAS busca aplastarlo, los divide, los amenaza, los procesa, y hay casos, por ejemplo el más conocido de la división de la Cidob, de la OICH, no hay organización indígena regional que no esté dividida, sobre todo en Santa Cruz

Qué casualidad que en Santa Cruz y hacia el Chaco todo está dividido entre los indígenas, y no me parece casual, no se dividen porque a los dirigentes les guste, esa posición va desde atrás, la están respaldando desde afuera, creo que ahí el Gobierno tiene mucha responsabilidad, es un mecanismo de control.

- ¿Hay judicialización para amedrentar a los indígenas? Por ejemplo en el tema de sobreposiciones intervienen fiscales, policías, etc.

Hay y no solo por el lado judicial, creo que hay ejemplos como el de Fernando Vargas, que dirigió la marcha del Tipnis en 2011, van 10 años y ese hombre todos los días anda peregrinando por alguien que le ayude para un remedio, hasta hoy no puede tener un trabajo. Si alguien le da un trabajo a ese señor, se está haciendo un problema con el Estado, con el Gobierno.

Cuando hablamos de conflicto de tierras, primero el INRA debe definir si alguien tiene derecho o no ahí. Y si yo tengo derechos y se han metido a mi propiedad, pero el INRA me dice que soy yo el que tiene derecho, entonces recién interviene la justicia para decir a los que se han metido que tienen que salir, y si no salen, recién se inicia un proceso. Pero aquí vemos que la justicia actúa de forma muy dispareja, en algunos casos hay denuncias de que están en áreas protegidas, como la reserva de Bajo Paraguá, y nadie se atreve a sacarlos, y en otros, como Pailoncito, que es un tema claramente de conflictos de derechos, ninguno tiene derecho de propiedad, los dos pretenden tenerlo, pero intervienen Policía, Fuerza Pública, intimidando y restringiendo las libertades y acciones de uno de los grupos, no de ambos, ahí vemos un accionar parcializado, se está queriendo favorecer a unos y perjudicar a otros.

- En el conflicto entre Pailoncito y las Bartolinas, ¿cuánto afecta la desaparición del libro de actas de la comunidad?
La personería jurídica de una comunidad es su carné de identidad, y si la personería jurídica es el carné, el libro de actas es el certificado de nacimiento. Entonces, si usted no tiene certificado de nacimiento, no puede tener un carné de identidad, y si no tiene carné de identidad usted no existe, no tiene derechos, no puede ser propietario de nada porque no tiene un documento que respalde su existencia.

- ¿En el caso de Pailoncito, es legal o no que la presidenta de la comunidad de Bartolinas, beneficiada con el asentamiento, sea presidenta del Concejo de Pailón?
Legalmente pueden ser parte del Concejo y representantes de una asociación y de una agrupación, pero aquí hablamos de que esa agrupación está pretendiendo derechos sobre bienes públicos, la tierra es un bien público, esa tierra fiscal es de todos los bolivianos y un servidor público no debe ser parte de eso. Es más, hay prohibiciones en la misma Ley INRA que establecen que los funcionarios públicos no pueden tener derecho a dotaciones agrarias, por lo menos hasta dos años después de haber cesado en sus funciones. 

Ahí viene un acto arbitrario e ilegal, porque siendo presidenta del Concejo Municipal, y aunque fuera solo concejal, ya es funcionaria pública, y por lo tanto, está dentro de las exclusiones de la ley para no darle dotación agraria. Mientras esa señora esté como parte de los beneficiarios de esa comunidad, esa comunidad no debería recibir ningún metro de dotación agraria porque se está beneficiando a alguien que está ejerciendo el poder para beneficio propio.

- ¿Hay silencio y ausencia de la CAO y de Fegasacruz? Se los percibe como parte de la estructura de lo cruceño, pero parecen desmarcados discretamente ¿Qué papel cumplen ahora?

Creo que desde 2006, más o menos a 2009 o 2010, el sector empresarial cruceño, los agroindustriales de Santa Cruz confrontaron con el poder de Evo Morales. Esto cambió a partir de 2009, cuando viene el segundo mandato, por una parte de Evo Morales, pero por la otra cuando se instala el caso Terrorismo. 

Hasta 2008 o 2009 aquí se formaban comités de defensa de la tierra, apoyados por la Gobernación y por sectores empresariales, pero a partir de 2009 todo eso cae. Es muy evidente que a partir de 2010 y 2011 se genera un acuerdo tácito entre el sector empresarial de Santa Cruz y Evo Morales, que a partir de 2013 se hizo visible, y el principio de ese acuerdo es que el Gobierno del MAS les garantiza la propiedad de sus tierras, les hará respetar su propiedad privada, pero el tema de las tierras fiscales dejen que las administre el Gobierno central como le dé la gana, esa es la base del acuerdo, y después de eso vinieron otros acuerdos más concretos, como la Cumbre Sembrando Bolivia, en 2014, y alianzas para promover la exportación de carne, semillas transgénicas, la alianza ha sido cada vez más clara, y eso también significó que la misma Gobernación se calle y acepte. 

Estamos en un punto muy cercano de volver a ese esquema, el sector empresarial no quiere meterse en un pleito, prefiere hacer negocios, y parte de ese hacer negocios es el miedo de "prefiero no tener de enemigo al Gobierno y más bien busquemos cómo hacer negocios", esa es la lógica que está primando, y los que están quedando aislados son más sectores de clase media, ligados a los afectados, a los ambientalistas, clases medias que sienten estos avasallamientos y reaccionan y piden a las autoridades departamentales tomar medidas, pero creo que con el tiempo la misma Gobernación aceptará lo que está poniendo como línea el sector empresarial, de que hay que hacer una resistencia para negociar en mejores términos, nada más. Puedo ser pesimista, pero así lo veo.

- ¿Qué tierras o propiedades son las que se protegen si hay asociados a estas organizaciones cruceñas que están hoy avasalladas?

​Sí, hay algunos casos, pero son excepciones, muy pocos. Lo grande acá es que están avasallando tierras fiscales, de reserva forestal; ahorita estamos haciendo bulla y más o menos coincidimos con defender la reserva del Bajo Paraguá, pero no decimos nada de Guarayos porque allá hay tanto campesinos, como interculturales y empresarios, y todos están en contra de la reserva, y no decimos nada tampoco de Choré porque ya lo hemos dado por perdido, pero ahí ya hay alrededor de 5.000 campesinos adentro, que ahora se han organizado y con la diputada Deisy Choque están moviendo para poder desafectar parte de la reserva para darles títulos de propiedad, y ese es el camino al que ya se está apuntando en Bajo Paraguá. Y tenemos una actitud, desde la región, de silencio y complicidad.

- ¿Cuál es la situación del Choré?
No tenemos datos por la misma razón de que no se puede entrar a Choré, pero sabemos que los del Choré antes pertenecían a la Federación Sindical de Yapacaní, y que hoy tienen su propia Federación; se han dividido porque hay fuerza económica y social, no necesitan ser parte de otros. 

El Choré es fundamentalmente un rebalse del Chapare, y no solo por la gente que está ocupando la reserva, sino por la misma actividad que están realizando, hay mucho cultivo de hoja de coca, para ser más claros.

- ¿Qué tiene que ver la diputada Deisy Choque con Choré?
Por ejemplo, el asambleísta departamental de esa región, de la provincia Ichilo, Clemente Ramos, es alguien de Choré, y que tiene su parcela en el Chapare. La diputada Choque, si bien es de Montero, es del mismo partido del MAS, pero lo que quiero mostrar es que el Choré tiene un poder político y económico fuerte; Choré está ocupando tierras en el departamento de Santa Cruz y está poniendo recursos y candidatos. Manejan gran parte de lo que es la estructura del partido del MAS, y la diputada Choque es parte de ese esquema.

- ¿Se está institucionalizando cocaleros y avasallamientos?
Sí, estamos en la lógica de legalizar lo ilegal, de que si hay autos chutos y son ilegales, entonces hay que legalizarlos. Se metieron en una reserva forestal, son ilegales, entonces legalicemos, esa es la lógica.

- Hay predios titulados por el INRA en el Choré…
Si el INRA ha dado derechos de propiedad en la reserva, esa es una arbitrariedad porque esa reserva ya estaba saneada en 2004. Las titulaciones son ilegales. Y por eso la presión de  desafectar, para legalizar.

- ¿Cómo es que la gente no puede entrar a Choré, pero ellos pueden entrar a la institucionalidad?
Eso es Bolivia. El Estado es uno hasta el cuarto anillo, o hasta la Ceja de El Alto en La Paz. Es el Estado chuto.

- Los que predicaban la pausa ambiental, a su turno permitieron enormes desmontes en Bajo Paraguá ¿Todos quieren saquear los recursos naturales, sean interculturales o empresarios?
Desgraciadamente muchos mueven la pelea para buscar mejores condiciones de negociación. Hay mucho de que solo es discurso, pero también hay gente muy comprometida con el tema ambiental. De verdad también vemos mucho ese discurso que es generar conflicto para ver cómo negocio mejor mi problema particular.

- Probioma denunció un tipo de trigo transgénico tóxico que se pretende ingresar al país, ¿es parte de la negociación con los empresarios este tipo de cosas?
Si usted revisa un poco la línea editorial del IBCE y también de la CAO, ellos desde hace varios años han venido insistiendo en la legalización de nuevos eventos transgénicos, no solo con relación a soya, sino también maíz, trigo, algodón, caña. Incluso ellos son responsables de que el Gobierno anterior hubiera dictado un decreto en ese sentido, que solo les trajo problemas, descrédito; pero esa es la línea del sector empresarial. En este momento, la mayor parte de la producción de maíz en Santa Cruz es un maíz transgénico ilegal, pero esto es Bolivia, hay que legalizarlo seguramente. 

Nosotros no sabíamos de que hubiese trigo transgénico en el país, esperamos que no sea cierto porque, a diferencia de todo lo demás, el trigo sí es para consumo humano directo, aunque la soya va al ganado, y del ganado o el pollo viene a nosotros. El tema no es que solo se modifique el gen de una semilla, se modifica para que sea resistente a un tipo de agroquímicos que se usará, y esos son los peligrosos.

- Hay sectores extractivistas conformando los comités de gestión de las áreas protegidas ¿Es la tendencia que el ratón cuide el queso?
Pareciera que es la lógica de director del Sernap que comienza a imponerse.