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Carlos Lara Ugarte, responsable regional de la Defensoría del Pueblo, informó que 67 personasentre ellas niñas, niños y adultos mayores, quedaron sin techo debido a la acción policial en la comunidad campesina Nuevo Renacer, ubicada a 73 kilómetros de San José de Chiquitos.

Sin embargo, Adrián Castedo, presidente de la Asociación de Ganaderos de San José Chiquitos y apoderado legal del predio, asegura que el desalojo fue legal y que no ocurrió ningún tipo de abuso por parte de los efectivos policiales, descartando la versión de Lara Ugarte, a quien señaló como "cómplice de los traficantes de tierra".

Castedo indica que el terreno fue avasallado en 2011 y que el INRA demoró años en hacer las notificaciones para el desalojo. Denuncia que el representante de la Defensoría del Pueblo de San José tiene interés de favorecer a ocupantes del espacio.

“Este predio fue avasallado nueve años atrás. Se trata de una ocupación ilegal realizada por supuestas comunidades campesinas. Nosotros procedimos a solicitar la intervención del INRA, que, finalmente, efectuó un informe en el que confirmaba que se trataba de una ocupación ilegal, entonces, los notificó para que desalojen el lugar en 72 horas, algo que no se dio”, contó Castedo.

El ganadero añadió que, posteriormente, se envió reiterados memoriales para que la institución responsable de la administración de tierras en el país, solicite el auxilio de la fuerza pública, pero nunca contestaron a los pedidos.  “Recién este año salió la orden de desalojo”, indicó Castedo.

El operativo ocurrió durante el fin de semana. Un contingente de 45 policías procedentes de la capital cruceña, junto a Castedo, además de un notario de Fe Pública y Julio César Toledo Suárez, secretario laboral de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de San José de Chiquitos, hicieron cumplir la instructiva del INRA para desalojar a las personas que se asentaron ilegalmente.