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A una semana del pedido de desalojo de los asentamientos ilegales en la Chiquitania, expresado en un Cabildo con una multitudinaria asistencia de personas en Santa Cruz, ayer el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, indicó que el Gobierno expulsará -de manera legal- a las comunidades que estén en áreas protegidas.

 En este contexto, los municipios chiquitanos, plantean hacer una pausa en la dotación de tierras por un plazo de cinco años. En la víspera, el Comité Cívico indicó que, parcialmente, se detectó 457 predios fuera de norma en esta vasta zona.

El control de la tierra en la Chiquitania era uno de los puntos neurálgicos del Cabildo realizado el 4 de octubre.

Hay que recordar que autoridades municipales, departamentales, cívicas, e incluso ambientalistas, responsabilizaron a las comunidades, asentadas en esa región, de los graves incendios que provocaron la quema de casi cuatro millones de hectáreas.

Incluso, la gran concentración dio un plazo, que venció el lunes, para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) proceda al retiro de las personas que están de manera ilegal en esta región, caso contrario el Comité quedaba facultado para proceder al desalojo, que, según la institución, avanza de manera pacífica.

Postura estatal

En declaraciones al Grupo Multimedia EL DEBER, el segundo Jefe de Estado, señaló que la demanda por el tema tierra planteada en Cabildo es debatible.

En ese sentido, dijo que, desde la cúpula gubernamental, son “los más interesados en que se haga una auditoría técnica y transparente de la dotación de tierras”.

En ese orden, enfatizó que “no se puede dotar tierras en áreas de parques nacionales y zonas protegidas. Y si algún compañero ha entrado, en esa área, tiene que salir a la buena, por la ley”.

García Linera recordó que el Gobierno, desde el año 2007, enfrentó la toma de tierras en predios privados “en donde la gente se entraba con su bandera azul”.

“Los hemos sacado, porque era ilegal. Nada ilegal vamos a aceptar”, enfatizó el mandatario.

Sin embargo, advirtió que no aceptarán “que venga cualquier persona y defina” qué área es considerada una reserva natural o no. Por eso, insistió que en “hay que hacer una auditoría técnica georreferenciada” para definir cuáles son las ocupaciones ilegales y retirar a las personas asentadas.

El vicepresidente hizo notar que “si hay equivocaciones en la dotación de tierras fiscales, y se han entrado a los parques,” se procederá con el desalojo.

“Pero si ocupan lugares que no son parques, que son (tierras) fiscales y que han cumplido la legalidad, hay que respetar esas dotaciones”, señaló.

Por último, el mandatario detalló que de los casi cuatro millones de hectáreas que se quemaron en la Chiquitania, un 80% corresponde a pastizales, y que la zona tiene una gran vocación ganadera.

“El 80% de las quemas son pastizales. Solo se quemaron 800.000 hectáreas de bosque”, sostuvo.

Municipios alistan freno

Germaín Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos y alcalde del municipio de San José, explicó que las comunidades afincadas legalmente en toda esa región no tienen ningún problema. Sin embargo, detalló que de los 470 asentamientos registrados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), solo 37 tienen sus papeles en norma en su distrito.

“Está claro que el incendio fue provocado para los asentamientos desmedidos”, denunció.

Para la autoridad edil es importante delinear un plan de recuperación a largo plazo.

Por eso, su municipio alista un proyecto de ley de pausa ambiental y pausas administrativas, para no permitir nuevas actividades de desmonte y chaqueos.

Con este marco legal no se permitirá el reconocimiento y dotación de tierras, a comunidades campesinas, hasta por cinco años.

La autoridad municipal observó que el vicepresidente condicione el desalojo de asentamientos en áreas protegidas a un previo análisis técnico, cuando en ningún momento se coordinó con los municipios afectados a discutir “cómo nos vamos recuperar de este problema ambiental”.

“Es una muestra de que no les interesa establecer un principio de coordinación que debe haber entre los niveles del Estado”, dijo.

Apuntó que desde el nivel central desconocen la fragilidad del bosque seco chiquitano.

“La deforestación y ocupación masiva de personas es lo que está generando los siniestros ambientales que pasamos”, insistió.

En esa línea dio cuenta que solo en su municipio el INRA tiene para dotar 750.000 hectáreas.

“La lógica de ellos es mandar gente y mandar gente”, dijo.

David Mollinedo, alcalde de Concepción, indicó que todos los municipios de la mancomunidad chiquitana, replicarán la norma de San José para frenar nuevas dotaciones de tierra en la zona hasta el próximo quinquenio.

Sobre lo planteado por el vicepresidente, dijo que también se deben tomar en cuenta que el suelo en la región chiquitana no es apta para la agricultura.

Hizo notar que existen registradas por el Estado 150 comunidades en su jurisdicción, pero en los registros municipales, solo se tiene el conocimiento de 70.

Cívicos

Ronny Justiniano, vicepresidente del Comité Cívico Provincial, informó que de acuerdo con los datos que han recabado parcialmente los alcaldes de San Rafael, San Miguel, San Ignacio, San José y Concepción, existen 457 comunidades ilegalmente asentadas. Aún falta verificar datos en otros cuatros municipios.

Antes, el ente cívico informó que en esa región había 1.650 comunidades, cuya legalidad está verificando. El miércoles, preliminarmente informó de 797 asentamientos ilegales en Concepción, San José y San Ignacio. Pero eran cifras por confirmar.

A decir del dirigente cívico, esos asentamientos son ilegales porque no cumplen con la normativa vigente, que establece que tienen que coordinar con la Comisión Agraria Departamental y las instituciones del lugar, antes de establecerse en un lugar.

Esos asentamientos, según Justiniano, están conformados por 41.470 familias (5.817 en San Rafael, 4.503 en San Miguel, 6.888 en San Ignacio, 17.937 en San José 17.937 y 6.325 en Concepción).

“Si multiplicamos tres personas por familias, estamos hablando de más de 120.000 personas que están registradas en la zona de la Chiquitania. No decimos asentadas, porque eso sería mentir. No están viviendo ahí, lo hemos corroborado, tenemos los informes de los alcaldes, que cuando llegan a la zona de los asentamientos ya no hay personas”, explicó.

En lo que respecta a la superficie que ocupan esos asentamientos, el dirigente cívico indicó que en San Rafael abarcan 209.000 hectáreas; en San Miguel, 226.000; en San José, 725.000; en San Ignacio, 347.000; y en Concepción, 287.000, dando un total de casi 1,8 millones de hectáreas.

Para Justiniano, esto demuestra que existe un fin político en los asentamientos con miras a las elecciones subnacionales.

“Eso es un avance geopolítico que hace el partido de Gobierno para tomar la Chiquitania”, dijo.

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dijo que San Ignacio, San Miguel y San José ya hacen cumplir una de las resoluciones del Cabildo cruceño del 4 de octubre y avanzan en el desalojo de asentamientos ilegales.

“Hay un adelanto en San Ignacio, que ya hizo los desalojos correspondientes, San Miguel está haciendo lo propio y el que más avanzó es San José, que ha logrado un 94% de los desalojos de forma pacífica”, dijo a tiempo de anunciar que los alcaldes de la Chiquitania siguen elaborando sus informes, para contar con datos más exactos.