Gobernación asegura que modificación a la ley del PLUS apunta a reforzar sus competencias

Esta semana, la Comisión de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Legislativa Departamental aprobó algunos cambios a la ley del Plan de Uso de Uso de Suelo (PLUS) que fue aprobada en noviembre de 2023, lo que inquietó a ambientalistas y legisladores nacionales por hacerse en época de incendios.

Grupo de ambientalistas y entendidos piden estar atentos al tratamiento del proyecto de ley en el pleno del órgano legislativo departamental, toda vez que existe el temor que, tras la deforestación con los incendios forestales, las áreas afectadas sean habilitadas para cultivos mediante un cambio en el uso de suelo.

“La Chiquitania está en sus manos, que no haya un cambio de suelo depende de ustedes y la presión social debe apuntar a evitar que esto ocurra, porque la restauración no lleva un año o dos, sino 20 o 30 años y debemos tener acciones para salvaguardar estas áreas”, dijo el biólogo Juan Carlos Catari, al referirse al tratamiento de la Ley del PLUS y señalar que muchas de las áreas quemadas están en la Chiquitania y la Amazonia. 

Hasta el momento, el fuego ha consumido 10 millones de hectáreas en Bolvia y, de estas, más de 6 millones de hectáreas son bosque.

Ricardo Valverde, director de Ordenamiento Territorial del Gobierno Departamental de Santa Cruz, aclaró que las modificaciones surgieron debido a que se encontraban en la reglamentación de esta Ley del PLUS, y se dieron cuenta de que faltaban algunas correcciones y precisiones. “El espíritu de estas leyes o normas, primero es tener un marco normativo, pues es muy abierto y amplio", dijo.

Según él, las modificaciones y actualización apuntan a organizar y articular el territorio del departamento en función de las potencialidades y limitaciones que son determinadas por las características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales, etc.

"También es armonizar el desarrollo socioeconómico, buscando las potencialidades existentes en el territorio, la protección de la naturaleza, orientar la localización de las redes de vía, de transporte, de energía, de comunicaciones, para promover la integración interna e internacional del territorio, identificar y construir el manejo sostenible, eso es localizando las áreas de fragilidad ecológica, de riesgo, así como las áreas protegidas. Eso en términos generales es lo que viene a ser la Ley de Ordenamiento (también aprobada en noviembre de 2023)", aseveró.

El director recordó que el Gobierno nacional tiene la competencia privativa en la distribución y titulación de tierra, y que los gobiernos departamentales tienen la competencia exclusiva en el ordenamiento territorial y el uso de suelo.

“Enmarcados en la planificación nacional, los municipios y las autonomías originarias tienen que estar en un marco departamental", afirmó.

Valverde también admitió que se está trabajando en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT), que desde 2005 no se ha tocado, y que debería actualizarse cada cinco años.

Explicó que el derecho territorial es una ley más amplia, y que entre eso están el Plan de Ocupación del Territorio, el Plan de Uso del Suelo, que tiene su ley.

“Nosotros compatibilizamos con el nivel central del Estado y los municipios y las GAIOC compatibilizan con Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI)", dijo.

Entre las modificaciones, algunas de forma, se instruye como nuevo requisito un informe técnico del Searpi sobre la viabilidad de los proyectos, antes de entregar cualquier Certificado de Compatibilidad de Uso (CCU).

Ambientalistas

Desde el Comité de Defensa del Valle de Tucabaca pidieron revisar las cantidades hectáreas según las categorías y las subcategorías de la aleta original del PLUS de la década de los 90.

"En el Plan de Uso del Suelo están especificadas las cantidades hectáreas de las categorías. Eso, por un lado. Por otro lado, tenemos que poder acceder a los shapes de toda esta clasificación para sobreponer el antiguo PLUS con el actual, e identificar cuáles son los que están siendo cambiados", pidió Eder Santiváñez.

"El Gobierno departamental está, por fin, haciendo lo que debió hacer desde 2009, con la nueva Constitución, porque si no lo hacemos nosotros, queda abierto a reglamentación nacional y pueden hacer ello las normas a su antojo. Entonces, la Gobernación hace uso de su competencia exclusiva, cuidando el medioambiente, el correcto uso del suelo y el ordenamiento territorial del departamento", agregó Valverde.

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