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El secretario de Asuntos Jurídicos de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, salió al paso de la denuncia presentada por el diputado Rolando Cuéllar, del Movimiento al Socialismo (MAS), y pidió prudencia hasta que concluya el proceso de investigación y auditoría que continúa por parte de la propia del Gobierno departamental. Por el momento, se ha apartado a los funcionarios involucrados para que avance la auditoría interna.

Suárez comprometió un proceso sumario solicitado por el mismo gobernador, Luis Fernando Camacho, "para determinar los responsabilidades de los funcionarios", pero siempre respetando el debido proceso. Con el resultado de las investigaciones internas se sancionará a los funcionarios que corresponda y, si así se contempla, remitir al Ministerio Público.

El pasado sábado, el Sedes entregó pruebas de detección de anticuerpos del Covid-19 vencidas en los municipios de San Ramón, San Julián y Cuatro Cañadas. Tras conocer el error, "la Gobernación actuó de forma inmediata para retirar las pruebas y reponerlas con pruebas de antígeno nasal que son más efectivas", señala el secretario jurídico.

Llama la atención que las autoridades del municipio de San Julián se hayan negado a devolver las pruebas vencidas, a pesar que ya repusieron con las nuevas pruebas.

El legislador del MAS presentó la mañana de este miércoles una querella criminal en contra del gobernador y en contra de Erwin Viruez, director del Sedes. La denuncia contempla tres delitos: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y atentado en contra de la salud pública.

Cuéllar solicitó al Ministerio Público la aprehensión de Camacho y Viruez, como parte de la intervención indagatoria.

El "error técnico" se produjo en el almacén del Sedes. Las cajas con las pruebas vencidas estaban separadas del resto de insumos. Sin embargo, y se desconoce quién y porqué, se cargaron al mismo vehículo que recorrería los mencionados municipios.

Suárez destaca que las pruebas, tanto las vencidas como las repuestas, son parte de una dotación adquirida por el Ministerio de Salud y no han supuesto un desembolso económico para la Gobernación.

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