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La aprobación de la Ley 342, también denominada Plan de Desarrollo Económico y Social, abre un nuevo frente de conflicto entre el oficialismo y la oposición en el país. pues obliga a las entidades autónomas a ceñir sus planes de desarrollo a las líneas maestras aprobadas en el Congreso, según la oposición.

El secretario jurídico de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, estuvo la mañana de este jueves en 'Influyentes', el programa de análisis y entrevistas de EL DEBER Radio.  Suárez calificó como "atentado contra la autonomía departamental, municipal y universitaria" el accionar del Gobierno a través de la nueva normativa.

La ley dispone "un plan general bajo el cual las entidades territoriales tienen que ceñirse sin poder planificar su gasto en los próximos cinco años", dijo el secretario departamental.

En su opinión, esta situación limita la capacidad de los gobiernos regionales para priorizar las necesidades de la población. Se trata de "una arbitrariedad tremenda que afecta a la inversión que se pueda realizar", añadió.

Suárez dijo que la nueva ley es un "claro atropello a la autonomía en lo práctico, en lo que el ciudadano espera de la autonomía". Con la aprobación de la norma, las entidades autónomas deben acoplarse al plan nacional aprobado por el Gobierno y rearmar sus Planes Operativos Anuales (POA), de acuerdo a las prioridades impuestas.

Explicó que la Constitución permite al Ejecutivo nacional trazar las líneas maestras de inversión y gasto que guían a los otros niveles de Gobierno. "También establece la obligación legal de tomarnos en cuenta para consensuar el plan y atender las necesidades que expresa la población", dijo Suárez.

Para el personero de la Gobernación, las cumbres realizadas por el Ejecutivo en los nueve departamentos se equiparan a "un circo organizado entre partidarios del Gobierno para darle un manto de legitimidad falsa" al plan presentado por el oficialismo. 

Lamentó la exclusión de sectores civiles, empresariales y gobiernos regionales porque solo han acudido grupos afines al Gobierno.

Como Gobernación, aguardarán los recursos  de inconstitucionalidad que planteen los asambleístas de Creemos antes de "adecuar los presupuestos de la Gobernación al plan aprobado por el Gobierno", dijo.

El secretario de Justicia propone "un análisis punto por punto para poder priorizar y paliar las necesidades de la población",  califica como "acto irresponsable" el comportamiento del Ejecutivo, y cuestiona la politización que realiza el Gobierno de las necesidades de la población.




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