“El diagnóstico que heredamos es básicamente trágico, nos han dejado una bomba de tiempo”. Con esa frase, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, resumió la situación financiera que, según su administración, enfrenta el Gobierno Autónomo Departamental y que obligará a ejecutar una gestión austera, con reducción de gastos, reestructuración institucional e incluso la eliminación de metas previstas por la anterior gestión.
Durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026, realizada ayer en la Casa de Gobierno y que es la primera radiografía oficial de la nueva administración, Velasco sostuvo que la Gobernación atraviesa una crisis estructural marcada por bajos niveles de ejecución presupuestaria, una elevada deuda y una disminución progresiva de recursos transferidos desde el nivel central.
De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Hacienda, hasta mayo la ejecución presupuestaria alcanzó el 26,56% del presupuesto departamental, equivalente a Bs 602 millones, mientras que la ejecución de inversiones apenas llegó al 6% de los recursos destinados a obras, caminos e infraestructura.
A ello se suma una deuda acumulada de Bs 1.247 millones que se extenderá hasta 2053. El secretario de Hacienda, José Luis Pérez, advirtió que el momento más crítico llegará en 2027, cuando la Gobernación deberá afrontar vencimientos por Bs 163,7 millones, el nivel más alto de todo el cronograma financiero.
Velasco cuestionó que gran parte de los recursos adeudados correspondan a préstamos otorgados por el propio Estado y sostuvo que, sin una reforma en la distribución de recursos fiscales y mayores ingresos para las regiones, el cumplimiento de esas obligaciones continuará ejerciendo una fuerte presión sobre las finanzas departamentales.
Frente a ese escenario, la vicegobernadora Paola Aguirre confirmó que la administración revisará la planificación heredada y descartará objetivos que no cuenten con respaldo económico. “Lo que suma se fortalece; lo que sobra se ajusta y en muchos casos se elimina”, afirmó.
Aguirre explicó que varias metas incluidas en la planificación institucional fueron diseñadas bajo supuestos financieros que hoy no se cumplen. Aseguró que la prioridad será concentrar recursos en compromisos alcanzables antes que mantener promesas imposibles de ejecutar.
Apretando el cinturón
La estrategia de ajuste ya comenzó. Según la Gobernación, en los primeros 45 días de gestión se redujo en 30% el personal considerado no indispensable, se centralizaron las compras institucionales, se suspendieron contrataciones no prioritarias y se renegociaron contratos heredados. Velasco afirmó que estas medidas permitieron ahorrar alrededor de Bs 30 millones y reducir casi a la mitad los gastos operativos.
La reorganización también alcanza a la estructura administrativa. La secretaria de Gestión Institucional, Lía Moscoso, informó que se identificaron funciones duplicadas en distintas reparticiones y que varias unidades serán fusionadas o rediseñadas para optimizar recursos. Asimismo, anunció el fin de las contrataciones directas de publicidad institucional en medios de comunicación, apostando por una estrategia basada en canales propios y plataformas digitales.
Pese al ajuste, las autoridades insistieron en que no se abandonarán áreas consideradas estratégicas. Salud, seguridad ciudadana, infraestructura vial y digitalización de servicios figuran entre las prioridades. El secretario de Salud, Germán Antelo, reconoció que el presupuesto disponible es insuficiente para las necesidades de una población que, según la Gobernación, supera los cuatro millones de habitantes, pero aseguró que se impulsará una reforma basada en la integración de hospitales y la modernización tecnológica.
Velasco aprovechó el acto para insistir en la necesidad de un nuevo pacto fiscal y en la redistribución de recursos tributarios hacia las regiones. Sostuvo que la actual estructura financiera limita la capacidad de inversión departamental y agrava problemas en salud, caminos, seguridad y atención penitenciaria.
Mientras tanto, la administración departamental se prepara para una gestión marcada por la priorización de recursos. El mensaje transmitido fue claro: con menos ingresos, una deuda creciente y proyectos paralizados, la Gobernación deberá concentrarse en mantener servicios esenciales y ejecutar únicamente aquellas metas que considere financieramente viables.