Gobernador de Santa Cruz remarcó la intromisión del Gobierno en la justicia en su reunión con el Relator de Naciones Unidas
La autoridad departamental, Luis Fernando Camacho, hizo foco en la ocupación ilegal del tierras, en las persecuciones políticas y en cómo los simpatizantes del Ejecutivo tienen un trato diferente en el sistema judicial
Llegó el día. En la reunión, vía Zomm, que mantuvieron, ayer 18 de febrero, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y Diego García-Sayán, Relator de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, la primera autoridad cruceña presentó un informe puntual y preciso en el que graficó la intromisión del Gobierno en la justicia boliviana.
Efraín Suárez, secretario jurídico de la Gobernación cruceña, durante el programa radial de EL DEBER, ¡Qué Semana!, explicó que Camacho hizo conocer al Relator cómo ante los avasallamientos, las tomas violentas de tierras y predios, la justicia no actúa de manera eficaz.
Mientras que, en las persecuciones políticas el sistema judicial es expedito y cuanto las investigaciones están dirigidas a los simpatizantes con el Gobierno "gira la mirada hacia otro lado".
Suárez detalló que García-Sayán agradeció a Camacho por el informe concreto y ante las diferentes puntualizaciones de la autoridad departamental, el Relator le indicó que esos mismos problemas ya los había escuchado en las diferentes entrevistas.
El secretario jurídico de la Gobernación de Santa Cruz también señaló que se espera que el funcionario de la ONU emita un informe objetivo y real de cómo se encuentra la Justicia en el país, pues a su criterio la opinión internacional es muy importante para realizar, entre los bolivianos, la reforma del sistema judicial.
Caso del puente sobre el río Parapetí
Hace tres semanas salió a la luz pública la construcción irregular de un puente sobre el río Parapetí en Santa Cruz. Al respecto, Suárez sostuvo que la Gobernación está actuando en dos frentes. En la vía administrativa donde se está planteando la respectiva denuncia penal a los responsables de una obra no autorizada y por otra parte con la aplicación de sanciones económicas por la construcción del puente en una zona protegida.
