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El arraigo, la fianza económica de hasta Bs 1 millón, la detención domiciliaria y la presentación ante el Ministerio Público, son las medidas sustitutivas a la detención preventiva que el viernes solicitó la Procuraduría General del Estado para el gobernador Rubén Costas y cuatro colaboradores y exfuncionarios, en el proceso que enfrenta por la compra de 40 camionetas en 2007.

El gobernador asistió a la audiencia en el Juzgado Séptimo de Sentencia en lo Penal, en la radial 17½, en el marco del proceso que le siguen por la supuesta compra irregular de motorizados. Después de más de tres horas, la audiencia fue diferida para hoy, a las 9:00, donde se espera que ambas partes expongan algunas justificaciones y luego el juez tendrá que dictar una resolución sobre el caso.

Hoy se reinstaló la audiencia, y el juez Pablo Vargas hizo desalojar a la prensa y al público que no era parte del juicio. En primera instancia no dejó presenciar ni siquiera a senadores, diputados ni asambleístas que por lo general acompañan al gobernador Costas. Luego dejó ingresar a la prensa.

Costas y otras cuatro personas están imputadas por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y conducta antieconómica, pero la Gobernación señala que este es un proceso que data de más de seis años y que se hizo todo en el marco de la ley. La defensa pide que el juez no tome en cuenta las pedidas sustitutivas que se ponen, porque , además cree que este es un juicio político.

En la audiencia, el Ministerio Público fundamentó la imputación de los delitos y solicitó que se le aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva. A diferencia de la Procuraduría, la Fiscalía pidió arraigo, una fianza de Bs 100.000 y la presentación cada 15 días.

La Procuraduría General del Estado (parte denunciante) también respaldó la imputación y pidió como medidas cautelares detención domiciliaria con custodia, arraigo, presentación de dos veces por semana ante el Ministerio Público y una fianza de Bs 1 millón.