El Gobierno anunció que apelará la sentencia emitida contra las 10 personas procesadas por la toma del pozo petrolero de Santa Rosa del Sara y adelantó que ampliará la denuncia penal incorporando nuevos delitos, entre ellos daños a una empresa estratégica del Estado y agresiones contra efectivos policiales.
El anuncio fue realizado por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, quien expresó su desacuerdo con la decisión judicial emitida el jueves por el juez de Portachuelo, Pedro Félix Ribera.
La autoridad jurisdiccional condenó a los 10 imputados a tres años de prisión tras someterse a un procedimiento abreviado y admitir su participación en los hechos investigados. Sin embargo, debido a que la pena impuesta no supera los tres años, los sentenciados no serán recluidos en un centro penitenciario.
La resolución establece además una serie de restricciones para los condenados. Entre ellas, la prohibición de participar en reuniones destinadas a promover bloqueos, tomas de instituciones o acciones que atenten contra la integridad de otras personas. En caso de reincidencia, la medida podría ser revocada y derivar en su encarcelamiento.
Pese a ello, el Gobierno considera insuficiente la sanción.
“El lunes vamos a apelar ante la instancia correspondiente para que esta sentencia sea modificada”, anunció Paredes.
El viceministro explicó que la denuncia será ampliada con nuevos elementos. Por un lado, se incorporará una acusación sustentada en informes técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre los daños ocasionados a una de las principales empresas estratégicas del país. Por otro, la Policía formalizará denuncias por las agresiones sufridas por efectivos durante el operativo.
“Tenemos policías que resultaron heridos. Hay un oficial con lesiones en el rostro. Son personas que fueron afectadas durante estos hechos”, sostuvo.
Paredes fue más allá y calificó a los responsables de la toma del pozo como “terroristas”, por lo que considera que los delitos inicialmente atribuidos no reflejan la gravedad de lo ocurrido.
“No podemos dejar pasar estos hechos. Hemos pedido a la Fiscalía que sea rigurosa en el procesamiento de estos delincuentes. Consideramos que no se trata solamente de asociación delictuosa; lo ocurrido constituye un acto de terrorismo y por eso estamos ampliando la denuncia”, afirmó.
La toma del pozo petrolero de Santa Rosa del Sara se produjo en medio de las movilizaciones y bloqueos que afectan al país desde hace varias semanas. Para el Gobierno, la ocupación de instalaciones estratégicas vinculadas a la producción de hidrocarburos representa una amenaza a la seguridad energética y al funcionamiento de servicios esenciales.