Escucha esta nota aquí

Los números no mienten. Los techos presupuestarios sugeridos por el Ministerio de Economía y Finanzas a los municipios cruceños muestran un notorio descenso, especialmente en cuanto a los ingresos por coparticipación tributaria de este año.

La alerta empezó con un pronunciamiento de siete alcaldes de las ciudades capitales del país, que reconocían una compleja situación financiera, que atribuyen a la caída de los precios internacionales del petróleo y a las políticas del nivel central, que cercenan recursos, para destinarlos a “funciones que nos les corresponden”.

Tras un levantamiento de la información en las provincias, EL DEBER encontró que la situación no dista mucho de las ciudades capitales, al punto que en algunos municipios, los recortes han llegado casi al 40% de sus recursos, afectando la inversión en obras.

En el caso de San Ignacio de Velasco, el alcalde saliente Moisés Salces, dijo que su población debió crecer en 50% con respecto al anterior censo, de 57.000 a 81.000, a partir de 2012. Tiene 152 comunidades censadas y calcula que hay 200 nuevas sin censar, mientras que su presupuesto empezó a bajar en 2015; calcula que hasta ahora la reducción de los recursos debe ser por lo menos de un 38%.

“Es crítico. Los gobiernos municipales se están convirtiendo en simples pagadores de servicios del centralismo porque se hacen leyes que benefician a sectores y que requieren recursos económicos, y la prueba es que los gobiernos municipales pagamos la Renta Dignidad, que nos debitan automáticamente”, puso como ejemplo, además el Seguro Único de Salud, el SUMI, el Carmelo para la tercera edad, Nutribebé, y una serie de medidas más que obligan a municipios a comprar insumos a empresas del Estado.

Entre los principales problemas de San Ignacio, Salces mencionó el agua. “Estamos dejando un proyecto de preinversión de la nueva represa, que saldría Bs 52 millones”, dijo.

Otros pendientes son salud y educación. Dijo que el nivel central tiene una deuda histórica de 400 ítems con San Ignacio: “Pagamos 80% de los ítems del sistema de salud, además de horas extras y todos los gobiernos municipales pasan por lo mismo. Invertimos Bs 32 millones en salud y 30 en obligaciones por ley, por eso sí o sí hay que buscar recursos afuera”.

En cuanto a educación, opina que las “famosas” aulas integrales que establece la Ley Avelino Siñani solo generan una educación deficitaria, y que es “desastroso”, meter en una sola aula a niños de distintos niveles. “Hay chicos de diez años que apenas deletrean”, dijo, a tiempo de sugerir que Bolivia debería imitar el modelo brasileño.




La falta de un centro de salud con mínimas condiciones se sintió con la pandemia en Lomerío


Otro municipio que tiene serios problemas por la escasez de agua es San Antonio de Lomerío. De acuerdo a Antonio Soriocó, alcalde saliente y concejal recién electo, los seis barrios deben turnarse para recoger agua una vez a la semana.

Consiguen el líquido vital de pozos artesianos, ya tienen una red domiciliaria, pero les falta el agua para ponerla a funcionar. Un proyecto anhelado es una represa de Bs 20 millones. “Desde 2015 mandamos la carta al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero por la burocracia no hay respuesta”, lamentó.

Otra necesidad es el camino, ya que tienen que salir a Cuatro Cañadas para recién dirigirse a Santa Cruz, lo que les dificulta hasta la supervivencia en situaciones de emergencia.

Tienen un centro de salud que “no llega ni a primer nivel”, y Soriocó dijo que con la pandemia nada mejoró. “Tuvimos que reprogramar para responder a las necesidades de medicamentos y bioseguridad”, explicó.

En educación cuentan con el bachillerato técnico en Veterinaria y Agroecología, pero les faltan diez ítems, dos por cada unidad educativa.

Dice que su POA ha bajado desde 2015, de Bs 8 millones a Bs 3,8 millones, que para los 7 mil habitantes de 30 comunidades, significa una inversión de Bs 543 por persona.

Jorge ‘Chichino’ Morales, alcalde de La Guardia, dijo que la salud es la tarea pendiente porque “está mal a todo nivel, tanto en el central como departamental y municipal, en cuanto a las competencias”.

Según Morales, de los 400 ítems en salud que debería sostener el Gobierno central, solo cubre 45. “Asumimos eso con dinero con el que podríamos atender otras competencias propias. Nos cuesta más de Bs 20 millones”, aseveró.

Para Morales, cada vez, al menor descuido, la instancia nacional les “ha emponchado más y más competencias”, hasta el bono de discapacidad, para el que solo deposita 5% el Gobierno, “y el resto lo pagamos nosotros con nuestra plata, aunque el Gobierno hace la campaña”, dijo.

Anhelan su hospital de segundo nivel, pero Morales dijo que no han podido materializarlo por encargarse de competencias ajenas. El hospital les costaría Bs 108 millones.

Critica que sus recursos lleguen ‘tusados y podados’, especialmente los de coparticipación y de IDH. Otro pendiente es el alcantarillado, que apenas llega a 1.800 de los más de 170 mil habitantes “mal contados”.

Morales dice que sale muy caro ampliar la red porque las casas son muy dispersas aún en su municipio, lo que encarece el proyecto.

Reconoció que en el último tiempo tuvo un déficit importante porque calculó que se cobraría el aseo urbano que hoy es gratuito, lo que incrementaría los recursos propios. Sin embargo, no consiguió los 35 millones que requería montar una planta procesadora de residuos sólidos.

Ybar Antelo es alcalde saliente de Puerto Quijarro, estuvo 11 años en el cargo. Reconoció que la plata ha bajado desde 2014, puso como ejemplo la gestión 2020, cuando se les presupuestaron Bs 14 millones por coparticipación, pero llegó poco más de Bs 10 millones.

“Para este año presupuestaron Bs 9,9 millones, veremos cuánto llega, ha estado bajando más o menos en un 30%. Nos presupuestan algo y el monto que mandan no llega a lo presupuestado”, cuestionó, aclarando que los recursos de coparticipación solo alcanzan para salarios y algunas computadoras.

También reconoció que el IDH llega recortado, pero en menor magnitud. “Han sido entre Bs 300 y 400 mil los que nos quitaron este año”.

Los recortes obligaron a apelar a la creatividad, Puerto Quijarro se unió al sistema nacional del RUAT y aumentó sus ingresos propios, “ya que la gente antes no pagaba sus impuestos por inmuebles y vehículos”.

Puerto Quijarro tiene un hospital que recién fue categorizado como de primer nivel, para sus 20 mil habitantes. Los casos graves se derivan a Santa Cruz de la Sierra, ya que según Antelo, el centro de salud de Puerto Quijarro tiene mejores condiciones que el de Puerto Suárez, desde donde llegan pacientes referidos. Dijo que está dejando 60 personas del área de la salud, pagadas por el Gobierno municipal.

Para la educación tienen una sede de la Uagrm en Puerto Suárez, a 9 km, solo con carreras técnicas.


Internet

Un reporte de las distintas autoridades a la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) reflejó los serios problemas de las provincias en cuanto al acceso a internet.

En el caso de la Provincia Guarayos, solo en Ascensión el servicio se cataloga como bueno.

En La Guardia, en respuesta a la solicitud de la Alcaldía, las telefónicas respondieron a la consulta sobre cobertura: Tigo 70%, Viva 45%, y Entel sin respuesta.

En San Julián catalogaron el servicio de Entel como el mejor, pero cuestionaron la tardanza para atender conexiones.

En Cabezas, en la mayoría de las comunidades indígenas y campesinas, internet estaba catalogado como regular y malo. En el 26% de las poblaciones no contaban con el servicio.

En Pampa Grande, en los valles cruceños, en 17 comunidades no accedían a internet, y el resto trabajaba con Entel.

Con una carta del 9 de diciembre del año pasado, dirigida a Édgar Arandia, viceministro de Telecomunicaciones, Amdecruz reclamó la poca ejecución de proyectos de fibra óptica en el departamento cruceño. En el mapa adjunto, en las fases 1 y 2, Amdecruz cuestionó la “discriminación al Oriente boliviano”, a diferencia de la inversión en Occidente.

El mismo reclamo quedó explícito, pero ya en materia de salud, con una carta de Amdecruz al ministro de Salud, Jeyson Auza, de febrero de 2021. En la misiva, los municipios cruceños solicitaron explicación sobre el criterio técnico para la distribución de 3.025 contratos de personal médico, ya que solo el 8,23% se destinó a Santa Cruz, que concentra el 28,4% de la población; 28,2% a La Paz, que tiene 25,53% de la población; 10, 31% de los ítems a Cochabamba, que tiene el 17,62% de los habitantes del país.

En seguridad ciudadana, el general Freddy Soruco dijo que a Santa Cruz le corresponderían, por población, “más de 24.000 policías”, pero hoy tiene asignados entre 3.000 y 5.000 uniformados.

Comentarios