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Santa Cruz es el departamento donde ocurre la mayor cantidad de casos de violencia infantil, con el 41% de total nacional durante el primer cuatrimestre de este año, según los datos del Comando Nacional de la Policía; sin embargo, el POA municipal de la capital cruceña correspondiente a esta gestión contempla casi ocho millones de bolivianos menos.

El concejal por la alianza Comunidad Autonómica (C-A), Federico Morón, denunció que en una de las sesiones recientes del Concejo se trató el presupuesto reformulado del Plan Operativo Anual (POA) 2021, en el que se observaron distintos puntos relacionados a la distribución de los recursos económicos.

Uno de ellos fue el incremento al presupuesto para las subalcaldías y la propaganda municipal, y la reducción del presupuesto para la niñez y adolescencia.

“Ya nos lo han demostrado Evo Morales, Rubén Costas, Percy Fernández y Angélica Sosa, que estos presupuestos en propaganda no se usan para educar ni informar a la población, sino para resaltar la figura del político, casi como una campaña electoral antes de tiempo”, criticó a tiempo de aludir que tales recursos principalmente se usan para beneficiar a ciertos medios de comunicación que no cubren a la oposición ni a los problemas del vecino. “No puedo entender cómo pueden usar este presupuesto en desmedro de la infancia”, lamentó.

La concejala de Comunidad Autonómica, Lola Terrazas, se sumó a esta preocupación. Señaló que el presupuesto que se aumentó en algunas partidas, como las subalcaldías y la propaganda municipal, proviene de la disminución de Bs 7.891.413 al presupuesto de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que era de Bs 21.361.566.

Terrazas exigió al Ejecutivo que contemple las observaciones que se realizaron al POA y que se devuelva el presupuesto destinado a la protección de la infancia.

“Esto nos molesta porque hemos estado insistiendo en que se repongan los equipos multidisciplinarios que atienden a esta población, que vive en situación de vulnerabilidad y siempre nos han dicho que no hay presupuesto, que los presupuestos ya se han acabado”, dijo. 

Detalló que se recortó personal para esta área, dejando desprotegidos a los niños, pero que se aumentó el dinero destinado a propaganda. “Es una total incongruencia”, indicó Terrazas.

Para la legisladora, con esto se cierra uno de los peores años para la niñez y para las mujeres, en medio de una coyuntura con casos de violencia de todo tipo que se incrementan a diario. “Y que se recorte presupuesto para una situación tan crítica de verdad es muy indignante”, dijo molesta.

Terrazas indicó que el reformulado no contempla una reducción de presupuesto para la atención de casos de violencia contra la mujer; sin embargo, aclaró que los mismos equipos multidisciplinarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia trabajan vinculados con los equipos de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), por lo que también atienden casos de violencia contra la mujer, así que el recorte de presupuesto afecta a ambos.

El concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, reconoció que se aprobaron las modificaciones del POA para no paralizar la gestión, pero espera que para el reformulado de febrero se tomen en cuenta todas las sugerencias y observaciones que plantearon los concejales, de tal modo que sean más racionales con los gastos y que las principales necesidades de la ciudad sean atendidas.

“No entra en la cabeza de alguien que en una ciudad con los niños como uno de los grupos más vulnerables se destinen más recursos para la propaganda e imagen de un alcalde que para este tema, tenemos miles de niños abusados y con problemas gravísimos, y más plata usan en la imagen de una persona, eso no es coherente, nos muestra que esta gestión está más preocupada por la vanidad que por su gente”, arremetió.

Saavedra considera que las prioridades del Gobierno Municipal son el “show” y no así las necesidades de la gente.

La explicación del Municipio

Sobre las denuncias vertidas por los concejales, el secretario municipal de Administración y Finanzas, Mario Centellas respondió que no hubo incremento de presupuesto para la propaganda municipal, sino una redistribución por el cambio de organización estructural y administrativa dentro de la Alcaldía.

Centellas explicó que algunas secretarías fueron cerradas al inicio de esta gestión, como la de Comunicación, de la que migró el presupuesto al Despacho del alcalde, unidad creada en mayo de este año y que contempla el programa de difusión y actividades de la gestión municipal.

“Lo del programa de difusión es por reestructuración porque antes el área de Comunicación era una secretaría. Ahora depende directamente del despacho del alcalde, pero no es que se aumentó el presupuesto, sino que se pasó lo que ya existía en la otra secretaría”, señaló la autoridad.

Según Centellas, los concejales tienen una percepción equivocada, manejan una información de “solo una hoja porque no leen todo el informe, sino el resumen de Excel”. Les pregunto, cómo es que puede incrementar un presupuesto si no ha entrado más plata, sino que más bien se está reduciendo en casi todas las secretarías.

“Nosotros no mostramos solo estos datos (el resumen del POA), mostramos un conglomerado. El reformulado es solo un reflejo de lo que ocurre del 1 de enero al 30 de septiembre, todo el movimiento y variaciones”, aclaró Centellas.

A esa razón -agregó- se debe la confusión sobre los Bs 7,8 millones que aumenta en el programa de difusión y actividades de la gestión municipal.

En cuanto al presupuesto que se habría disminuido al programa de Protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, indicó que hasta finales de esta gestión se recaudarán cerca de Bs 600 millones, es decir 400 millones menos de lo esperado, por lo que se vieron obligados a reducir los presupuestos en todas las secretarías.

“Vamos a recaudar menos de lo esperado, esto significa que nadie puede ejecutar más del 69% de su presupuesto, porque sino quiere decir comprometerse y no tener plata para pagar, por lo que se bajó a todos su presupuesto y en sesión de gabinete cada secretaría definió qué va a eliminar y qué no, qué es prioritario y qué no. Eso ya no depende de mí”, enfatizó.

Funcionarios molestos

EL DEBER hizo un recorrido por algunos puntos distritales de atención de parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para hablar con víctimas y empleados municipales. Varios de los funcionarios lamentaron las precarias condiciones en las que trabajan, pero pidieron el anonimato, o podrían ser despedidos.

Uno de ellos dijo que el equipo multidisciplinario (sicólogo, trabajador social y abogado) a cargo de gestionar las denuncias se redujo casi a la mistad, y que los recortes se dieron a mitad de año.

Adicionalmente, cuestionó que se despidiera a personas de otros equipos que tenían ya varios años de experiencia para meter gente nueva, “que no tenía idea alguna del trabajo”.

Criticó la falta de entendimiento de que el recorte finalmente afecta a todos porque ante la falta de personal, los fiscales se quejan por la inasistencia de los funcionarios municipales a las audiencias. “Eso ocurre porque un abogado no puede estar en dos sitios al mismo tiempo”, dijo, y agregó que les toca atender hasta 100 casos en un mes, lo que ocasiona una saturación e ineficiencia de respuesta.

Asimismo, otro funcionario reconoció que no les dan el equipamiento básico, como computadora, que algunos no tienen máquina, y otros sobrellevan las que quedan, pero en mal estado.

Dijo que es común usar los equipos personales para poder trabajar e incluso comprar la tinta y las hojas con sus propios recursos. Indicó que no hay ni personal de limpieza, y que los funcionarios públicos a menudo deben asear el lugar.

Uso mi computadora y solo nos dieron un paquete de hojas que no alcanza ni para dos semanas”, indicó un tercer trabajador de una de las oficinas. 

Agregó que es imposible dar su nombre por las consecuencias, “ya hubo despidos por quejarse del mal funcionamiento del lugar, y también traslado de personal a defensorías en zonas alejadas como medida de revancha”, apuntó.

Los tres funcionarios también expresaron que no cuentan con personal diferenciado para atender los casos de maltrato infantil, mujeres en situación de violencia o abusos sexuales. 

“Todos hacemos de todo, es por eso que se ven estas filas de gente esperando. Humanamente no abastecemos y la gente espera toda la mañana porque es gratis y no tiene otra opción”, manifestaron.

Los pedidos son los mismos en la mayoría de las defensorías donde los funcionarios se animaron a hablar sobre las precarias condiciones en las que deben trabajar: Más personal y con experiencia, limpieza, transporte, equipamiento y priorización de la protección a la niñez y temas de violencia por parte de las autoridades, fueron los principales pedidos.

Sobre estos reclamos, EL DEBER intentó concretar una entrevista presencial con el secretario municipal de Desarrollo Humano, Raschid Guardia. El objetivo era conocer su versión sobre las afirmaciones y pedidos de los funcionarios, acerca de las supuestas malas condiciones en las que trabajan las defensorías de la niñez y adolescencia, dependientes del Municipio; sin embargo, solicitaron responder por escrito.

El secretario manifestó que es imprescindible saber qué defensorías emitieron estos juicios de valor y afirmó que, de igual manera, son incorrectos.

“Se trata de afirmaciones que, sin tener alguna certeza de su procedencia y especificación de qué defensorías serían las comprometidas, tienen el valor del rumor”, se lee en su respuesta.

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