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El Hospital de tercer nivel Óscar Urenda, que se encuentra en Montero, aún no da atención a la población desde que fuera cerrado, en septiembre de 2021, supuestamente porque debía terminarse la construcción y el equipamiento de la obra. 

En 2020 el hospital había abierto para brindar atención a pacientes Covid-19, durante la pandemia. Sin embargo, la empresa constructora, Makiber, había hecho entrega total del hospital el 21 de octubre de 2021 a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), según consta en el memorial presentado por esa empresa el pasado 31 de enero a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, dentro de la denuncia de incumplimiento de Sentencia Constitucional (08/2021-S4, referida a la apertura del hospital Óscar Urenda de Montero). Dicha denuncia fue interpuesta por Vladimir Peña, exsecretario de la Gobernación, el exdiputado Tomás Monasterio y representantes de organizaciones del Norte Integrado.

En su memorial, Makiber expresa que la entrega del hospital se hizo de acuerdo con los requerimientos técnicos y logísticos establecidos en el contrato principal CD-LM-07/2016 y en los posteriores contratos modificatorios. En sus descargos, la empresa presenta el acta de entrega y deja claro que cumplió con su responsabilidad.

“Conforme los antecedentes descritos, donde se muestra el cumplimiento del Contrato llave en mano CD-LM-07/2016 y sus modificaciones, indicamos que el cierre del Hospital de Montero Óscar Urenda no es atribuible a la empresa Makiber SA, más al contrario, la indicada empresa ha realizado la entrega provisional y ha estado funcionando desde junio de 2020, por lo que carece de legitimidad como parte denunciada y, en consecuencia al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado, solicitamos a sus autoridades den por cumplidas las disposiciones contenidas en la Resolución 37/2020 y la SCP 08/2021-S4 por parte de la empresa Makiber SA Sucursal Bolivia”, indica en el apartado denominado petitorio.

Por su parte, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, en su respuesta, señala que actualmente la Sentencia Constitucional 08/2021-S4 está siendo cumplida puesto que el 7 de enero de 2022 firmó un convenio con Aisem y el Ministerio de Salud para la puesta en marcha y transferencia de este hospital. 

Del mismo modo hace referencia al convenio firmado con las mismas entidades, el 5 de junio 2020, mediante el cual se realizó el “préstamo de uso temporal” del hospital para la atención de pacientes Covid-19, lo que está probado por un informe epidemiológico.

El reporte da cuenta de que entre junio de 2020 y agosto de 2021, en ese nosocomio se atendieron 257 pacientes en medicina interna y 199 en terapia intensiva. Por otro lado, dentro de los documentos que adjunta  a su memorial, la Gobernación explica: “El sistema de salud NO se encuentra colapsado”, lo que atribuye al fortalecimiento del tercer nivel, cuya incidencia en el índice de letalidad, cita el documento, es una muestra. 

En la primera ola del Covid-19, la letalidad era del 9.8%, mientras que, en la cuarta ola, de 0.6%. La Gobernación no indica el motivo por el cual el hospital de tercer nivel dejó de funcionar, pero hace referencia a que no existe saturación en el sistema de salud.

El exsecretario de la Gobernación y denunciante, Vladimir Peña afirma que el cierre del hospital de Montero, el 31 de agosto de 2021, fue arbitrario y que ni la Gobernación ni el ministerio de Salud justificaron ese cierre  y tampoco gestionaron su reapertura lo que, a su juicio, lesionó el derecho a la salud de los habitantes del Norte Integrado.

Peña observa que la Sala Constitucional Tercera, que debía fallar sobre este caso el 1 de febrero, salió de vacaciones “dejando sin resolver la denuncia planteada, hasta el 25 de febrero”.

En sus descargos, la Gobernación indica que, a finales de enero, la ocupación de camas hospitalarias en el departamento es de: sala general, 49%; UTI, 74%; UCI, 61% y Respiradores, 64%. En otro informe detalla que la ocupación de camas al 20 de junio de 2020 era del 100% en todas las modalidades de atención.

El ministerio de Salud no respondió, dentro del plazo establecido, a la notificación por este caso.

En septiembre de 2011, Montero Noticias publicó declaraciones del entonces director del hospital, Roberto Soliz, quien lamentaba que los contratos para el personal hubieran fenecido y que cuando el hospital comenzó a funcionar lo hizo con 16 ítems de médicos, que en 2021 crecieron a 19, pero que hasta esa fecha les habían quitado uno.

La entrega del hospital de tercer nivel se realizó el 31 de octubre de ese año.

Dos días antes de firmar el convenio del 7 de enero de 2022, el 5 de enero, el ministro de Salud, Jeyson Auza manifestó que el ministerio sostuvo reuniones con el Sedes de Santa Cruz para hacerles entrega del hospital completo y equipado, pero que la Gobernación no había presupuestado su habilitación ni  para la anterior ni para esta gestión.

Por su parte, desde la Gobernación cruceña hicieron énfasis en que un hospital no puede funcionar sin personal médico, cuya competencia corresponde al Ministerio de Salud; y, durante la última semana de enero, señalaron que tendrían listo su personal administrativo.

De acuerdo con Peña, lo que debía hacerse era reabrir el nosocomio para las atenciones Covid-19 y paralelamente diseñar y ejecutar el plan de puesta en marcha total del hospital.

Convenio 2022

Según el convenio firmado el pasado 7 de enero, la Aisem tiene entre sus responsabilidades coadyuvar a la gestión ante el ministerio de Salud para la dotación de recursos humanos bata blanca, es decir, médicos, para la fase de puesta en marcha. Por su parte, la Gobernación debe hacerse cargo del personal administrativo o bata gris, y de gestionar los recursos humanos bata blanca ante el ministerio de Salud, dentro de sus competencias.

También debe gestionar la asignación del presupuesto SUS (Sistema Único de Salud) ante esa cartera de Estado para la operación y el funcionamiento del hospital.

El acuerdo establece que está vigente desde la suscripción del convenio, pero no determina una fecha de finalización. Indica que estará vigente hasta que se cumplan todas las obligaciones generadas a satisfacción de las partes.

Sin embargo, para Peña existe un riesgo en este punto: que, de acuerdo con el contrato, la puesta en marcha tiene una duración de un año, con el acompañamiento de la empresa Makiber, plazo que está corriendo, “sin que las autoridades competentes tengan un plan definido para poner en funcionamiento el hospital”, indica el abogado.


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