Según la defensoría del Pueblo, se identificaron una serie de omisiones en el proceso de investigación y valoración del niño que se encuentra hoy en terapia intensiva.

10 de junio de 2022, 20:49 PM
10 de junio de 2022, 20:49 PM

Este viernes, el enlace departamental del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Santa Cruz, Katherine Ramírez, indicó que se realizó las valoraciones médico forenses y pericias al menor de 10 años que fue víctima de violación en el municipio de Yapacaní. Además, aseguró que los resultados se presentaron en los plazos establecidos.

Estas declaraciones de la representante del IDIF, se dan luego de que la Defensoría del Pueblo identificara una serie de omisiones en el proceso de investigación y valoración del niño que se encuentra hoy en terapia intensiva, luchando por sobrevivir.

“En el presente caso, el IDIF ha emitido todos los informes correspondientes de acuerdo a protocolo y requerimiento fiscal. En primera instancia se ha realizado la valoración en el plazo establecido, pero el delicado estado de salud de la víctima dificultó realizar la evaluación de manera detallada porque se encontraba postrado en cama y conectado a diferentes aparatos médicos que impedían su movilidad”, sostuvo Ramírez.

Por su parte, el médico forense del IDIF, Luis Moreno, explicó que cuando el niño presentó mejorías y en respuesta a requerimiento fiscal, se realizó una segunda valoración este año, la cual mostró la agresión sexual contra la víctima, elemento probatorio que fue fundamental para encarcelar a los agresores.

Según Moreno, cuando se realizó la primera valoración forense, la víctima se encontraba en terapia intensiva e intubado para poder reestablecer su salud, además de presentar déficit cognitivo, elementos que imposibilitaron realizar la correcta valoración al menor.

De esta manera los forenses especializados aclararon que no se omitieron procedimientos ni se incurrió en irregularidades, como lo denunciaron desde la Defensoría del Pueblo, cuando identificaron una serie de irregularidades en las que incurrieron servidoras y servidores públicos que conocieron la situación del niño, según el informe

De acuerdo con la Defensoría, no se aplicaron los protocolos para establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel referidos a la atención de víctimas de violencia sexual. Se omitió la realización de acciones inmediatas de prevención y diagnóstico de la violencia sexual, así como pruebas para las infecciones de transmisión sexual.

Detalla que no se habrían realizado los informes de trabajo social y psicología forense requeridos por el fiscal, lo que implicaría omisión del deber legal de realizar los estudios científicos, técnicos y de laboratorio requeridos para la investigación del delito.

Asimismo, se identifica que no se priorizó la atención -a pesar de contar con normativa interna- que establece que se dé prioridad en casos de abusos hacia niñas, niños y adolescentes, cuando todo caso de violencia sexual está catalogado como una emergencia médica y la no atención prioritaria u oportuna constituye una doble victimización.