Indígenas chiquitanos sufren por largos viajes, las filas para cobrar bonos y falta de alimentos

Si en la ciudad el cobro de bonos del Estado para paliar la situación por el coronavirus es complicado, en las provincias y municipios no es diferente. En las comunidades indígenas los dramas se maximizan y no hay medios de comunicación que los visibilicen. Don Pedro García Supayabe y su esposa doña Rogaciana Chore García son vivientes y fundadores de la comunidad El Puquio, a 15 kilómetros de camino de San Antonio de Lomerío, el lugar más cercano donde podrían cobrar si pudieran pagarse un viaje o tuvieran algún familiar al cual encargar el pago.

Lomerío es una comunidad indígena originaria y desde hace unos meses, su capital, San Antonio (a 80 kilómetros al sur de Concepción) cuenta por primera vez con una sucursal de un banco, el cual, desde hace dos semanas empezó a realizar pagos de bonos. Sin embargo, eso no es suficiente porque cuenta con dos cajeros para atender a un máximo de 50 personas de 7:00 a 12:00, señala Agustín García, presidente de la Organización Indígena Chiquitana (OICH).

En casos aún más extremos que el de Don Pedro García Supayave y su esposa, hay personas que viven en comunidades como San Ignacito o Las Maras que están a 80 kilómetros de San Antonio.  

Don Pedro García Supayabe y su esposa doña Rogaciana Chore García, fundadores de la comunidad El Puquio

Más datos que ejemplifican la situación: todo Lomerío tiene 29 comunidades que albergan a 2.000 familias cuyos beneficiarios de los bonos deben ir a cobrar a San Antonio, ahí donde hay dos cajeros y 50 fichas por día.

“Es por esto que hemos pedido a través de cartas enviadas por WhatsApp a la presidenta y al Ministerio de Economía, que se pueda realizar los pagos a través de brigadas móviles con los militares como se ha hecho en algunas ocasiones”, señaló García. Los pedidos también se han dirigido a la Gobernación y a la Asamblea Legislativa Departamental a través de sus representantes de la bancada indígena para ser incluidos en las ayudas solidarias. De ambas instancias de Gobierno, están esperando respuestas.

Sobre esta gran preocupación ya surgió una respuesta. Los Ministerios de Economía y Defensa firmaron un convenio que permitirá a efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) ayudar a pagar los bonos en zonas donde no cuenten con entidades financieras. José Luis Parada, ministro de Economía, afirmó que los militares llevarán los bonos Canasta Familiar, Bono Familia y la Renta Dignidad hasta el último rincón de Bolivia "para que la ayuda dispuesta por el Gobierno, durante la cuarentena, beneficie a todos los bolivianos". 

Lamentablemente, al ser consultada esta pareja de la tercera edad acerca de si se registró para ser beneficiada con el Banco de Alimentos Solidario de la Gobernación, señalaron que muchos no se informaron a tiempo y que muchos no tienen acceso a internet.

Ante este panorama, el pedido de la Organización Indígena Chiquitana (OICH) de brigadas móviles para el pago de bonos y de alimentos solidarios es para las 508 comunidades indígenas chiquitanas que albergan a 30.732 familias que tienen 126.848 miembros.  

100% en cuarentena y riesgo en las filas

Plaza principal de El Puquio, una de las 29 comunidades de Lomerío 

Miguel Rivero, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), señala que todos los pueblos indígenas de las tierras bajas están cumpliendo al 100% la cuarentena y que por ello aún no se han registrado casos positivos de coronavirus.

“Estamos cumpliendo al 100% la cuarentena, esperemos que no haya una ruptura de esa disciplina debido a estas necesidades”, ratifica a su vez el presidente de la OICH.

Pero el pedido a las autoridades nacionales y departamentales de los pueblos chiquitanos va más allá de la incomodidad y dificultad para el cobro de bonos, tiene que ver con el riesgo de su salud y las necesidades por falta de alimentos.

Hace dos semanas, el Cejis publicó un informe 'Amenazas, demandas y acciones que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía Oriente y el Chaco frente al coronavirus', donde detalla que muchos de estos pueblos carecen de centros de salud y, los que los tienen, están sin personal, medicamentos y otras condiciones; el acceso a algunos alimentos y a la producción se ha limitado; y que estas poblaciones, de por sí vulnerables por sus condiciones de vida, sufren de un gran riesgo al trasladarse a otros municipios a realizar cobros, puesto que si bien no hay contagios registrados aún, se exponen cuando van a hacer filas para cobrar sus bonos.

Lo que se propone en ese estudio, explica Rivero, es que los distintos niveles del Gobierno atiendan las necesidades de los pueblos indígenas con soluciones estructurales pensadas en ellos. 

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