Indígenas denuncian que avasallamientos desatan los incendios forestales

Los incendios forestales no dan tregua y el departamento ya lleva tres meses asediado por las llamas que han formado líneas de más de 100 kilómetros. Caciques y comunarios de pueblos indígenas señalan a los avasalladores como causantes de los incendios que dañan los ecosistemas en la Chiquitania y la zona de Guarayos, que son las más afectadas por el fuego.

La Central Indígena de Bajo Paraguá se declaró en estado de emergencia, tras verificar desmontes y quemas que dan paso al fuego descontrolado en el Área Protegida Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco.

“Mientras los bomberos están apagando los incendios, hay gente que sigue quemando los bosques. Estamos muy dolidos por la situación que estamos viviendo. Prenden fuego donde sea y no saben controlarlo. Siguen quemando los cordones en los asentamientos”, manifestó el presidente del Comité de Gestión de Áreas Protegidas de Bajo Paraguá, Pastor Soliz.

Denunció que hicieron un recorrido, donde observaron la presencia de campamentos de avasalladores que realizan quemas para consolidar asentamientos en esta área. Incluso se encontró maquinaria pesada con la que realizan los desmontes para luego prender fuego a los árboles derribados. Lamentan que se han asentado en un área boscosa y de vida silvestre no apta para la producción agrícola.

Esta área protegida es la puerta de entrada al Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el fuego ha consumido miles de hectáreas. Hasta finales de agosto los daños alcanzaban las 120.000 hectáreas, según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano.

Los asentamiento en el Área Protegida Bajo Paraguá​

Marcos Tomichá, gran Cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), indicó que la gente combate el fuego, pero considera que los incendios van a continuar si no se pone freno a los avasallamientos. “Lamentablemente siguen las quemazones, continúan quemando los cordones en los lugares de asentamiento. Siguen destrozando nuestros pulmones verdes. Como pueblos originarios nos estamos reuniendo para tomar determinaciones en favor de nuestra área protegida porque, si desmontan, dentro de poco no habrá lluvia y todo será un desierto, y así tiende a desaparecer la fauna y flora. Es gente que viene de otro lado, tal vez no sabe cómo manejar (el monte) y hace desmane”, manifestó al pedir a las autoridades respuesta a sus denuncias.

La misma situación afecta a otras áreas, como ocurre en el manejo forestal Vasber, también conocida como Área Transitoria Especial (ATE) en Urubichá, donde en un sobrevuelo realizado el mes pasado se verificaron al menos seis asentamientos.  Pablo Gil, ingeniero forestal que estuvo en la inspección, dijo que preocupa que se den avasallamientos porque estas tierras están destinadas para uso forestal y según la categorización, establecida por el Instituto de Reforma Agraria (INRA), son tierras fiscales no disponibles.

En Ascensión de Guarayos también se verificó que el fuego se genera en cordones de asentamientos. “Hemos recorrido lugares donde hay asentamientos, desmontes y quemas que preocupan bastante”, señaló el alcalde Pablo Guaristi que lamenta que los gobiernos municipales y la Gobernación no tengan tuición en la dotación de tierras ni en la autorización de desmonte y chaqueos, por lo que considera que se debe hacer ajustes en la normativa porque los gobiernos municipales son quienes conocen el plan de uso de suelo en su jurisdicción, por lo que identifican las áreas agrícolas y reservas forestales.

En Santa Cruz, varios incendios activos durante semanas se unieron y ahora forman líneas de fuego extensas. Solo entre los municipios de Concepción y Urubichá los incendios formaron una línea de más de 100 kilómetros, según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano.

Procesos

Luis Roberto Flores Orellana, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) informó que se han intensificado los operativos para controlar la quema ilegal, toda vez que desde el 11 de septiembre rige una pausa ambiental en el país.

Señaló que hasta el momento se iniciaron 491 procesos administrativos por quema ilegal y 699 por diversas contravenciones forestales, como desmonte, aprovechamiento, transporte y almacenamiento ilegal de madera. Asimismo, se han iniciado 105 procesos penales por incendios forestales, de los cuales 10 han concluido con sentencias penales.

Resaltó como un avance importante en la protección ambiental la modificación del artículo 206 del Código Penal, a través de la Ley 1525, que establece sanciones más severas, con penas de 3 a 8 años de prisión para quienes cometan delitos de incendio en áreas protegidas y reservas forestales.

Por su lado, el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, señaló que el 46% de las tierras afectadas por los incendios corresponde a propiedades empresariales, mientras que las tierras fiscales representan un 34%. Las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) suman un 12%, y el resto está por debajo del 10%.

Además, aclaró que la mayoría de las áreas quemadas son pastizales, con una menor afectación en los bosques, aunque el daño es irreversible.

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