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Creen que no los han tomado en cuenta a la hora de diseñar un protocolo para afrontar la pandemia. La forma de vida de ellos no se ajusta a varias de las medidas adoptadas. Acatan la cuarentena, pero dicen que el Gobierno no hace lo mismo con las actividades extractivas, que los están poniendo en riesgo.

Se buscan la vida para protegerse del Covid-19. Algunos han recibido víveres, muy poco o nada de medicamentos, los bonos les han llegado, no a todos, pero la bioseguridad está lejos de su alcance. Dicen que cumplen con el aislamiento, y que sin embargo no los han dotado de barbijos, mamelucos, desinfectantes, etc.

Tienen realidades muy distintas, algunos, como los araonas, del norte de La Paz, viven en confinamiento voluntario, históricamente y por temporadas. Los grupos mayoritarios de los indígenas de tierras bajas, como los chiquitanos y guaraníes, interactúan más con las culturas urbanas. Y es ahí donde se desata el riesgo de contraer Covid-19 y llevarlo a las comunidades, como ocurrió con el municipio indígena San Antonio de Lomerío, que ya tiene aproximadamente nueve decesos por el virus y donde buena parte de la población presenta síntomas, igual que en Salvatierra, en Guarayos, o entre los mojeños, yuquis y cayubabas.

Hay pueblos que permanecen invictos ante el coronavirus, como los araonas, wenayek, Ese’Eja, takanas, pero se sienten acechados porque los municipios vecinos tienen casos, y ante eso ellos no tienen mayor arma que la medicina natural y alguna posta desabastecida de remedios.

Según un monitoreo del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

Hasta el 22 de mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se sobreponen a 23 municipios en los que se tiene casos 1.101 confirmados de la pandemia. Los 1.101 se registraron en estos municipios cercanos a los territorios indígenas (TIOC) correspondientes a los departamentos de Beni, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.

Solo protocolos hechos en casa

Según Leonardo Tamburini, abogado e investigador de la Organización de Apoyo Legal y Social (Oré), lo primero que hay que decir es que en marzo, cuando se declaró la cuarentena, las organizaciones indígenas y las instituciones de apoyo presentaron al Gobierno nacional un conjunto de requerimientos para que se establezcan un conjunto de medidas, “que podrían haberse llamado una política de tratamiento particularizado de la temática indígena, considerando que el tema de salud a ellos les afecta de manera especial por sus características étnico-culturales, no solamente porque tienen generalmente enfermedades de base, sino porque su acercamiento a la medicina es diferente a la población nacional, que goza del sistema general de salud”.

Dice que también se había pedido la elaboración de una política comunicacional culturalmente adecuada, considerando que ellos tienen la posibilidad de estar en sus comunidades. “Esto de ‘Quédate en casa’ y determinadas normas que se exigen, por lo general no aplican a su realidad. Y en el tema de las ayudas, habría que organizarlas en coordinación con sus organizaciones, porque las aglomeraciones, en el reparto de la ayuda, ya sea en especies o el pago de los bonos, podría generar contagios”, sostiene.

Precisamente son varios dirigentes los que consideran que sus pueblos tienen casos debido al cobro de los bonos, ya que salieron de sus comunidades aisladas a zonas urbanas.

“Le dije a un ministro que por culpa de la tardanza de los bonos que sacaron, que además son bonos urbanos, muchas personas, como las de Lomerío, se vieron obligadas a salir a las áreas urbanas para cobrar y se contagiaron. Tenemos también enfermos en San Ignacio de Velasco, en Las Petas (por Concepción), en una comunidad de Roboré. El ministro me pidió que en mi informe agregue la existencia de postas sanitarias, médicos, enfermeras, naturistas, centros de aislamiento para los sospechosos. Le dije que no teníamos ni para aceite, por eso lo que hacemos es recomendar a las comunidades que los enfermos se encierren, es el único autoaislamiento que logramos”, explica Dilfredo Moreno, coordinador técnico y punto focal ante la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).


Es en la Coica donde las organizaciones han puesto su fe para gestionar ayuda que aminore los efectos de la pandemia. “Estamos viendo los puntos focales (nexo con cada pueblo, presidentes de las regionales de la Cidob) en cada municipio, obviamente con los caciques de las comunidades, para ver la forma de solventar este momento que pasamos como pueblos indígenas”, argumenta Bernice Serataya, secretaria de Género de la Cidob Orgánica, que actualmente se encuentra recogiendo necesidades entre los pueblos del Tipnis, los chiquitanos y los guarayos.

“Estamos aferrándonos a la Coica y a su fondo de emergencia lanzado hace dos meses. Lo de Coica está confirmado, habrá un primer despacho para medicamentos y bioseguridad, es parte de un plan de trabajo. Del Gobierno no se tiene nada, pese a cartas enviadas, a denuncias, nos tienen a vueltas”, se queja.

EL DEBER trató de obtener información consolidada de ayuda del Gobierno, se comunicó con funcionarios del Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Movimientos Sociales, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero sin resultados. Los datos obtenidos fueron proporcionados por los representantes de los mismos pueblos indígenas.

Indígenas en medio de intereses

Cuando hay ayuda de por medio, continúa el recelo entre los indígenas afines y opuestos al Movimiento al Socialismo, partido al que atribuyen los paralelismos de las organizaciones indígenas. “No es de extrañarse que se direccione la ayuda hacia las comunidades afines en este Gobierno. Y si las hace la Gobernación de Cochabamba o la de Beni, que están en manos del MAS, la canalicen hacia otros sectores”, sostiene Tamburini.

Para él, los primeros 6 o 7 años de los 14 años de Evo Morales fueron los mejores que tuvieron los indígenas en su historia, en materia de concreción de derechos en la ley y de acceso a la tierra, a los recursos naturales, a la valoración de su identidad, y que en la segunda parte de ese mismo Gobierno llegaron los retrocesos. Del actual Gobierno de transición opina que no tiene en agenda la problemática indígena, “hasta ahora creo que la presidenta no ha dicho la palabra indígena desde que es presidenta”, argumenta.

Las normas cuestionadas por haber sido aprobadas sin consulta con los pueblos indígenas, figuran en un informe del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), presentado ante la Cámara de Diputados. Son el Decreto Supremo 4229, artículo 5°, y el decreto Supremo 4245, artículo 5°, ambos sobre actividades económicas permitidas, de los sectores industrial, manufactura, agropecuario y minero, que incluyen la provisión de insumos, materias primas y la distribución y comercialización de sus productos.

En el mismo informe, se resaltó que no existe un protocolo de atención y apoyo a los pueblos indígenas del país en la lucha contra el coronavirus, tampoco un procedimiento para el manejo y disposición de cadáveres en casos de Covid-19.

Del mismo modo, el reporte evidencia que los indígenas han cumplido con el autoaislamiento (cierre de territorios), el control territorial, la elaboración propia de protocolos, la coordinación en la gestión del riesgo con autoridades municipales (no en todos los casos), la revalorización de la medicina tradicional y la producción familiar y comunitaria de alimentos. Sin embargo, la crítica apunta a que siguen desarrollándose actividades extractivas durante la cuarentena.

Hasta abril de este año, el Cejis reportó casos de Covid-19 en áreas petroleras cercanas a territorios indígenas (TIOC): Uno en el pozo Sipotindi – X, uno en el territorio indígena de Macharetí (Chuquisaca) y 17 en otras comunidades guaraníes. También continúa la extracción de oro en comunidades de las TIOC Tacana I (norte de La Paz) y los focos de quema (201) en 21 territorios indígenas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz.

Moisés Sapirana, capitán grande de los Wenayek, en Tarija, pone de ejemplo el caso de su pueblo. Dice que debido a la cuarentena les suspendieron la pesca, que debía iniciar el 15 de abril y de lo que ellos viven. “Bloquean la actividad de la que vivimos, y los víveres que envían van a ciertos grupos”, cuestiona.

Justino Zambrana, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) dio plazo al Gobierno de Jeanine Áñez hasta el 24 de junio. “Como nación guaraní hemos tomado la decisión de encapsular las TCO donde operan las petroleras, por eso mandamos carta a la presidenta, para tomar la decisión seria y responsable”, explica.

La molestia radica en que, según el pueblo guaraní, el virus ha entrado a sus comunidades por la gente de las empresas petroleras y que en ningún momento los han llamado para coordinar.


Rolando Justiniano, presidente de la Central de Comunidades indígenas takanas río madre de Dios, dice que solo ha llegado ayuda del municipio y la Gobernación, que el Gobierno no se ha manifestado. Los habitantes de las comunidades takanas, que viven de la recolección de la castaña, vieron disminuir sus ingresos porque todo está paralizado y lo poco que venden está con precios por debajo de los habituales. La caja de castaña, que antes costaba Bs 150, ahora se paga con Bs 50. Similar es la situación de los araonas, que viven también de la castaña y que venden su producción a la empresa estatal Eva. Según Remberto Terrazas, del Instituto de Lengua y Cultura Araona (ILC), Eva les pagaba por encima de los Bs 100 por caja, y ahora llega a Bs 50.

“Ellos siempre se aíslan, históricamente, por algunos meses, esta vez salieron a cobrar sus bonos, pero no todos pudieron porque no tienen documentos de identidad. Luego regresaron a sus comunidades, ya aprovisionados. No hay casos de Covid-19 entre ellos porque salieron a las zonas urbanas cuando recién empezaban los casos. Es de conocimiento público que ellos se han declarado no contactados por sus autoridades”, explica Terrazas.

Elmar Masaí, cacique general de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol), donde el Covid-19 ha golpeado a buena parte de la población, dice que les mandaron brigadas médicas y remedios, pero que del hospital le informaron que ya es están acabando.

El coordinador del pueblo amazónico cavineño, Francisco Hilcha, que comparte territorio multiétnico en Pando, municipio San Lorenzo, tiene cerca a los takanas y ese’eja, y lejos a la ciudad capital, Cobija, como a 500 km. Dice que se sienten olvidados y que si bien no tienen casos positivos, están preocupados porque sus 36 comunidades están casi sobre la carretera Cobija-La Paz. Viven de la cacería y la pesca para subsistir, producen yuca, plátano y arroz. Como medida de protección, han montado un puesto de control y mandan a cuarentena a todo el que llega.

Yoni Rojas es el presidente de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), tuvo que sacar dinero de lo que reciben por los planes de manejo para comprar carne semanalmente y remedios para la comunidad Salvatierra, donde creen que el pueblo está afectado por el Covid-19, no tienen certeza porque dicen que las autoridades, a pesar de los pedidos, no se han manifestado. Adquirieron un lote de Ivermectina, Paracetamol, aspirina y Azitromicina.

Según él, en Salvatierra no hay atención médica, la posta está vacía, sin medicamentos, y el único enfermero que los atendía se marchó del lugar hace tiempo.

Gonzalo Oliver, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap) representa a 10.000 familias. Su mayor preocupación es que, al estar ya desabastecidos de alimentos, los habitantes empiecen a salir a las comunidades y regresen contagiados y explote el virus en la zona, porque no tienen casos aún.

Los takanas del río Madre de Dios se consideran invictos, sin embargo, hace unos días, una familia salió hacia Riberalta llevando una niña gravemente enferma por gripe, no aguantó al trayecto y murió. Cuando la familia regrese a su zona, donde habitan 1.000 personas, tendrá que enfrentar una cuarentena. Mientras tanto, ellos prefieren atenerse a la idea de que el deceso se debió a una extraña y fuerte gripe.