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Magno Cornelio / San Javier

Un grupo de personas de la Central Indígena Paiconeka de San Javier se enfrentó a palos contra funcionarios de la Alcaldía por la disputa del derecho propietario de un terreno donde se construyó el centro de salud prenatal, destinado a mujeres en estado de gestación.

Después de algunos minutos de discusiones y agresiones verbales entre hombres y mujeres se desató la furia de ambos lados, que con palo en mano se generó una batalla campal entre los litigantes, quedando varias personas heridas.

Todo comenzó alrededor de las 13:00 del martes cuando los comunarios que se encontraban en el edificio de la Central Indígena Paiconeka se dirigieron al centro prenatal con el fin de echar a los albañiles y funcionarios municipales generándose el enfrentamiento en plena cuarentena.

Como resultado de la pelea una mujer comunaria sufrió un corte en la frente, mientras que del lado contrario tres funcionarios terminaron heridos a causa de los golpes en diferentes partes del cuerpo. El ataque se dio en presencia del alcalde de San Javier, Armando Barbery.

Después del enfrentamiento, autoridades y dirigentes indígenas decidieron instalar el dialogo que se prolongó por cerca de cuatro horas y en el que se elaboró un documento de buenas intenciones con tres puntos. El primero, instalar una mesa de trabajo entre ambas asesorías legales; segundo, se permitirá la continuidad del trabajo de los albañiles y técnicos municipales y tercero, se asegura el uso del predio solo para un centro de salud, sin embargo, el documento fue rechazado por algunos dirigentes de base, por lo que no se descarta que este miércoles vuelva el conflicto.

Antecedentes

El problema entre ambas instituciones se inició desde que el Gobierno Municipal anunció que la infraestructura en conflicto, por la emergencia sanitaria, sería utilizada como un centro de aislamiento para personas que que contagiadas con coronavirus.

En días pasados se iniciaron los trabajos de refacción en el centro prenatal; sin embargo, los albañiles fueron obligados por los comunarios a retirarse del lugar, ante este escenario el alcalde municipal convocó el jueves pasado a una reunión de instituciones para considerar esta situación, en la misma se determinó que las autoridades de salud instalen en el lugar el centro de aislamiento y que el Gobierno Municipal realice el mantenimiento y equipamiento con el fin de estar preparados ante una eventual aparición de un caso sospechoso o positivo de Covid-19.

Desde esa fecha, los dirigentes de la CIP-SJ convocaron a los comunarios para mantener una vigilia permanente en las instalaciones del centro prenatal, que terminó con agresiones mutua.

Legalidad del terreno, el problema

El centro es una infraestructura de salud que fue construida en la anterior gestión municipal como un proyecto avalado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia dentro de los predios de la CIP-SJ previo convenio con el gobierno municipal en el año 2014.

La obra fue entregada sin el desprendimiento del terreno lo que género que la UPRE conmine a la actual gestión a cumplir con los procedimientos para subsanar la falencia. Sin embargo, no se dio y en la actualidad, el municipio y los indígenas tienen documentos que los avalan como propietarios del terreno, lo que ha generado la disputa.

A raíz del problema llegó a San Javier el delegado del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Brayan Tintay, para buscar una solución al problema.

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