Un instructivo emitido por la Autoridad de Bosques y Tierras allana el camino para los desmontes y eleva los riesgos de incendios forestales, advierten expertos consultados por EL DEBER.

"Queda sin efecto el instructivo 007/2020, de fecha de 8 octubre de 2020, en el que se instruye que, para dar curso a las solicitudes de autorizaciones de planes de desmonte de hasta 20 hectáreas (PDM20), las propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento y asentamiento humano legalmente establecidas, con resolución de autorización de asentamiento, deberán presentar ante la ABT una certificación actualizada del estado del proceso de saneamiento emitido por el INRA", dice el comunicado del 17 de febrero de este año, firmado por Saúl Yasmani Morón, director general de manejo de bosques y tierras de la ABT, enviado a los directores departamentales y responsables de unidades operativas de bosques y tierras.

El instructivo que ya no solicita información actualizada del INRA, "da carta blanca a los asentamientos para los famosos PDM20 (Plan de Desmonte de hasta 20 hectáreas). Es un incentivo para los incendios, una bomba de tiempo para Santa Cruz. Por eso la similitud entre los asentamientos humanos y la cicatriz de los incendios superaba el 80%. Por eso se restringió, porque la gente de los PDM20 tumba y prende fuego, o muchas veces prende fuego sin tumbar porque no tiene plata para hacer agricultura mecanizada", explicó un funcionario de la ABT que prefirió no dar su nombre.

Según el funcionario, las personas que desmontan con la modalidad del PDM20 están acostumbradas a dejar una carta, con la que comunican que van a tumbar árboles, pero con los requisitos que se pedía, el INRA no estaba certificando, porque muchos de esos asentamientos estaban dentro de un proceso de auditoría. 

"Al final, el Viceministerio de Tierras y el INRA solo revirtieron 13 o 15 resoluciones, pero el instructivo sirvió para poner un atajo y esas personas no pudieron seguir desmontando en una magnitud mayor, porque el problema no es que pidan permiso por las 20 hectáreas, sino que están en comunidades, es decir que 20 comunarios, por 20 hectáreas, son 400 hectáreas tumbadas, y por lo general es con fuego", advirtió sobre lo que podría ocurrir en época de fuego, que empezará en los próximos meses.

La figura de los PDM20 se contempla en la Ley 741, que los ambientalistas llaman una de las normas del paquete incendiario. La 741 es la Ley de Desmonte de hasta 20 hectáreas, para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias, o colectivas para actividades agrícolas o pecuarias.

En sus artículos, se dice que esta norma tiene por finalidad ampliar la producción de alimentos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Garantiza el desmonte de 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa, aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial – POP, o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada.

Asimismo, el artículo 3 (II) dice que en el caso de propiedades colectivas o comunitarias, el desmonte de las 20 hectáreas es por familia, y que quedan exentas las pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas, del pago de patente por superficie de desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha).

Informe internacional

Según un reporte de Global Forest Watch, Bolivia está entre los cinco peores países de América Latina en cuanto a pérdida de bosque, ubicándose en el tercer lugar.

El total de pérdida forestal en Bolivia fue 80% mayor que el récord anterior (en 2016), desde que Global Forest Watch comenzara a monitorear bosques en 2002.

“Una de las mayores historias del informe este año es la pérdida masiva de bosque en Bolivia debido a los incendios catastróficos de 2019”, señaló a la BBC Frances Seymour, especialista en bosques del Instituto de Recursos Mundiales.

Los incendios se registraron fundamentalmente en Santa Cruz. Muchos fuegos fueron iniciados por la quema de bosque para agricultura, pero se esparcieron sin control debido a fuertes vientos y sequías.

El informe explica que el Gobierno boliviano introdujo medidas en los últimos años para promover la expansión de la agricultura, incluyendo un relajamiento de las restricciones en la quema controlada meses antes de los incendios de 2019.