El caso del asesinato del comandante del Regimiento Manchego, Juan Javier Soliz Cáceres, ocurrido el pasado 31 de mayo en Montero, dio un nuevo giro este viernes. El Juzgado de Instrucción Penal 1º determinó la detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola para un suboficial del Ejército, imputado por el presunto delito de asesinato.
La medida cautelar fue tomada tras la presentación de nuevos elementos que lo vinculan directamente con la muerte del teniente coronel Juan Javier Soliz Cáceres, quien fue hallado con un impacto de bala en las instalaciones del cuartel militar.
Según explicó el fiscal a cargo del caso, Luis Alberto Lafuente, el suboficial Vizmar G. I., de 36 años, no solo fue identificado mediante cámaras de seguridad, sino que también habría intentado desviar la investigación, distribuyendo cinco panfletos en la zona del crimen, en los que se acusaba falsamente a otras personas del Trópico de Cochabamba. “Los mensajes tenían la finalidad de direccionar el proceso investigativo y entorpecer las pesquisas”, indicó la autoridad.
Inicialmente, el militar fue aprehendido por los delitos de encubrimiento y almacenamiento ilegal de municiones y fue enviado por 120 días al Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom).
Sin embargo, las pruebas periciales ampliaron la imputación a asesinato y la justicia ordenó que sea recluido a la cárcel de Palmasola por 180 días. La prueba de absorción atómica fue clave en la investigación, puesto que reveló restos de pólvora en una de sus manos, lo que sugiere que habría disparado un arma de fuego recientemente.
“Él dijo que disparó su arma en la comunidad Las Pavas, pero sus compañeros lo desmintieron. Estaba con ellos en el pago de la Renta Dignidad cuando ocurrió el crimen”, agregó el fiscal.
Durante la audiencia, familiares del fallecido confrontaron verbalmente a la defensa del acusado, exigiendo justicia y cuestionando la demora en la identificación del principal sospechoso.
El abogado de la familia, Eduardo Mérida, calificó el crimen como una “ejecución interna motivada por disputas económicas dentro de la unidad militar”.
El Ministerio Público también investiga la posible participación de otros uniformados y si hubo complicidad en la alteración de la escena del crimen o en el ocultamiento de pruebas.
El comandante asesinado, el teniente coronel Soliz Cáceres, era ampliamente respetado dentro del Regimiento Manchego y su violenta muerte ha dejado un vacío en la cúpula militar del norte cruceño. La familia anunció que insistirá en que el caso llegue a juicio oral y se sancione con la pena máxima al responsable.