El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anunció que desde este miércoles el caso del mercado Mutualista entra en una “pausa administrativa”, medida que implica la suspensión de trámites relacionados con el predio que es reclamado por la familia Crapuzzi.
La autoridad municipal explicó que la decisión responde al proceso de transición, por lo que también quedan en pausa las cesiones de área, así como las expropiaciones y los trámites administrativos y medioambientales.
“No vamos a recibir ni a entregar documentación que nos soliciten sobre estos casos; el tema del mercado Mutualista entra en pausa administrativa hasta que se defina y se tenga la verdad de esta investigación que se está aperturando”, afirmó Fernández.
El anuncio se da en medio de cuestionamientos de concejales, quienes denunciaron que la familia accionante avanzaba en gestiones para obtener los planos y el certificado catastral del terreno de casi cinco hectáreas.
Fernández rechazó esas versiones y aseguró que no se entregará documentación porque, según indicó, los solicitantes no cumplieron con la normativa vigente.
“La familia Crapuzzi no cumplió con lo que establecen las normas. Hacerlo sería abrir una brecha muy peligrosa en la seguridad jurídica para todos los vecinos, tanto en predios públicos como privados”, sostuvo.
La decisión se tomó también luego que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, cuestionara la postura de la Alcaldía, que a través de su vocero había manifestado su intención de acatar una sentencia constitucional que ordena la entrega de documentos a los accionantes.
Saucedo reveló que se presentaron dos denuncias: una penal ante la Fiscalía y otra disciplinaria, por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato contra autoridades jurisdiccionales vinculadas al caso Mutualista.
A través de redes sociales, el titular del TSJ envió un mensaje al burgomaestre: “Deje de insistir en cumplir algo que es prevaricador. Váyase con dignidad y deje que los cruceños recuperen lo que pertenece a la ciudad. Esa sentencia se aleja del bloque de constitucionalidad y contiene delito en su interior” señaló, al confirmar la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Sobre el tema, el alcalde electo Carlos Manuel Saavedra considera que la pausa administrativa debió darse mucho antes, como lo solicitaron cuando inició el proceso de transición entre las autoridades salientes y las entrantes. “No sé porqué se esperó tanto, pero por el momento los terrenos de ese mercado están seguros”, remarcó al indicar que defenderán este predio.
Mamén destaca la intervención del TSJ que, a través de la comisión de transparencia, detectó “irregularidades de algunos administradores de justicia”, porque estas instancias no definen el derecho propietario, como se estableció en una sentencia constitucional. “Tendrán que responder, van a tener que asumir su responsabilidad y ese fallo se puede revisar”, advirtió.
Previamente, la concejala Lola Terrazas cuestionó el hecho de que se hubiera intentado entregar el certificado catastral y el plano de uso de suelo siendo que hay irregularidades que se han demostrado públicamente. “Los supuestos dueños nunca han tenido documentación”, resaltó.
Denuncias
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia informó que la denuncia en el Ministerio Público es en contra de exmagistrados y la jueza de Pailón.
“También hay un proceso disciplinario contra algún juez que hubiera intervenido. Se ha cumplido conforme lo hemos anunciado”, señaló Saucedo, al manifestar que defenderá el Mutualista.
La responsable de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del TSJ, Liliana Soria Cuéllar, fue la encargada de presentar la denuncia contra Mary Janet Mojica Peña, Isidora Jiménez Castro y Petronilo Condori Flores por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y prevaricato de juez o fiscal.
En el argumento se señala que Mojica admitió y dio curso a una acción de amparo constitucional sin tener competencia territorial, aunque posteriormente declinó sin anular los obrados ni disponer expresamente el levantamiento de las medidas cautelares, previamente dictada de manera errónea.
El TSJ logró unir a la institucionalidad cruceña en la defensa del terreno, luego que el alcalde Fernández anunciara que haría cumplir la sentencia constitucional que ordena la entrega de los documentos a los accionantes.