En su última declaración pública, el alcalde saliente de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, puso cifras y argumentos sobre la mesa. Admitió que la nueva gestión, encabezada por Manuel Saavedra, recibirá cuentas congeladas por 113 millones de bolivianos, recursos que —según explicó— están retenidos por un proceso judicial vinculado a una expropiación.
“Esa plata está retenida hace 22 días y es para pagar salud”, afirmó en conferencia de prensa, al señalar que será responsabilidad del nuevo alcalde destrabar esos fondos y encarar los pagos pendientes del sistema municipal. A lo que se suman pagos pendientes por servicios básicos en varias dependencias.
Fernández también reconoció que no logró cumplir todas las obras comprometidas. Atribuyó los retrasos a un contexto económico adverso que golpeó tanto al sector público como al privado. Mencionó la caída del IDH —de casi Bs 300 millones a menos de Bs 60 millones— y el encarecimiento de insumos clave como cemento, fierro y combustibles.
Ese escenario, aseguró, provocó que varias empresas rescindan contratos. “Nos decían que no podían seguir trabajando a pérdida”, explicó, al detallar que proyectos de pavimentación, módulos y viaductos sufrieron paralizaciones o relicitaciones en distintos distritos urbanos.
A ello se suman obras que quedaron inconclusas o con avance parcial, como el viaducto del Plan 3000 y tramos de pavimentación en distintos distritos, afectados por la rescisión de contratos y la necesidad de relicitaciones ante el incremento sostenido de costos.
Pese a ello, defendió su gestión. Destacó la construcción de más de 450 kilómetros de pavimento, la puesta en marcha de “nueve hospitales de primer nivel” y la entrega de más de 34.000 computadoras a estudiantes.
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