Mientras el alcalde Jhonny Fernández impulsa su postulación con miras a las elecciones generales, enfrenta uno de momentos más críticos de su gestión en el municipio cruceño. Las pugnas por los curules, que derivaron en agresiones durante la elección de la nueva directiva del Concejo Municipal, le restan respaldo de algunas instituciones.
Además, por estos hechos las concejalas Silvana Mucarzel, Lola Terrazas, Karina Orihuela y Edith Ávalos formalizaron una denuncia contra el burgomaestre y su hijo, el concejal Miguel Fernández, además de su entorno, por violencia política contra las mujeres.
Mucarzel, que fue elegida como concejal secretaria, pidió al Ministerio Público dar celeridad en las investigaciones y garantías para la sesión convocada para este miércoles, a las 10:30, donde se elegirán las comisiones.
El Comité pro Santa Cruz fue una de las primeras instituciones en pronunciarse sobre los hechos ocurridos el pasado domingo, donde grupos vandálicos dañaron edificios municipales y vehículos oficiales, y agredieron a concejales y funcionarios municipales, en un intento de frenar la elección de la nueva directiva. Pese a los incidentes, la votación se llevó a cabo, manteniendo el quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal. La presidencia y secretaría del Concejo quedaron en manos de los concejales disidentes Israel Alcócer y Mucarzel, respectivamente, mientras que el opositor José Alberti mantuvo la vicepresidencia.
Este lunes, el ente cívico condenó los hechos de violencia que rodearon la elección, señalando que se trata de un atentando contra la autonomía municipal.
“Determinamos suspender las relaciones institucionales con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Max Jhonny Fernández Saucedo, hasta que deponga sus actitudes, la inacción y permisividad ante los problemas que aquejan a nuestra ciudad y los ataques a la autonomía institucional”, leyó en un comunicado el presidente cívico, Stello Cochamanidis.
Además, decidieron declarar persona no grata al alcalde, ante los hechos de violación a la autonomía municipal y la falta de acciones en contra de los avasallamientos en el Cordón Ecológico, Jardín Botánico y otras áreas.
La respuesta del Ejecutivo vino de parte del vocero del municipio, Bernardo Montenegro, que rechazó la resolución del Comité pro Santa Cruz y acusó a la institución cívica de actuar con parcialidad. “Resulta que se quiere tomar partido por unos y por otros no. El comité cívico parece más un partido político que una institución ciudadana”, afirmó.
Montenegro explicó que el municipio ya presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue los hechos. “El alcalde nunca ha tolerado ni va a tolerar hechos de violencia. Ayer (lunes) a las 9:00 se presentó una denuncia para que se identifique a los responsables”, aseguró.
“Es lamentable que una institución con su tradición y que debería representar a todos los cruceños y habitantes de este departamento esté tomando una posición política sin ni siquiera haber escuchado a otros concejales que en este caso también son víctimas”, insistió Montenegro.
Sobre la nueva directiva, el vocero indicó que carece de legalidad mientras no se resuelva el conflicto, pues para UCS, tanto Alcócer como Mucarzel, perdieron sus curules. “Hoy por hoy no hay directiva. El procedimiento fue ilegal, se atropellaron normas. No se puede validar una sesión convocada fuera del reglamento”, sostuvo.
Por su lado, el presidente del Concejo indicó que la resolución del comité cívico refleja el sentir de la población y aseguró que el ente cívico defiende la institucionalidad. Pidió al alcalde ponerse a trabajar y esperar que la justicia dirima el tema de los curules.
Otros pronunciamientos
La Asociación de Concejales de Bolivia también instó a defender la institucionalidad en el municipio cruceño, respetando la independencia. “En Santa Cruz de la Sierra observamos con alarma que el alcalde municipal, representante del Ejecutivo, ha recurrido a medidas judiciales y bloqueo económico para impedir el funcionamiento del Concejo Municipal, coartando las atribuciones y funciones”, dice parte del pronunciamiento.
A su vez, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz condenó los hechos de violencia. “El daño mayor es la institucionalidad democrática, un bien ciudadano al que todos tenemos derecho. Exigimos al Ministerio Público y al poder judicial actuar de oficio, identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales de los hechos violentos ocurridos el domingo”, dice el documento.