Fue el mismo alcalde, Jhonny Fernández, quien responsabilizó a la justicia por retener fondos que estaban destinados al pago de la empresa Piraí, al sector salud y otros; que desde hace días demandan el pago de sus salarios. El lado oeste de la capital cruceña lleva tres días sin el servicio de limpieza y recojo de basura, por parte de la empresa Piraí, quien asumió la medida de protesta porque se le adeudan 8 meses.
"La Alcaldía informa que la Sala Constitucional N° 4 dispuso la retención de recursos municipales en el marco de un proceso de expropiación iniciado en 2009. Esta medida, ejecutada hace aproximadamente tres semanas, alcanza un monto cercano a Bs 120.000.000, recursos que estaban destinados al pago de salarios del sector salud, al desayuno escolar y a los servicios de aseo urbano, generando un impacto directo en la prestación de servicios esenciales", explica un comunicado de la comuna.
Es más, la entidad edil observa que, "conforme a la normativa vigente, la retención en este tipo de casos no debería superar el 20% del monto requerido, por lo que se aguarda que los vocales competentes, José Manuel Gutiérrez y Johnny Dioney Huanca, evalúen la pronta liberación de los recursos, priorizando el interés colectivo y el bienestar de la población".
El documento concuerda con la versión del alcalde, quien más temprano sostuvo que "en estas últimas semanas hemos sufrido un golpe muy duro de parte de un juzgado que nos ha hecho una retención de fondos que eran para pagar todo lo que es sueldo de salud, sueldos de algunas reparticiones, el tema de los discapacitados, pagar el aseo de la ciudad y otros gastos en salud. ¿Saben cuánto? Más de 100 millones de bolivianos están ahí retenidos. Por la orden de un juzgado".
El Ejecutivo explicó que la medida es por un caso que se ventila en los juzgados desde el 2017, una expropiación "y ni siquiera la expropiación está consolidada", reclamó Fernández.
Antecedentes
La empresa Piraí, que se encarga de la limpieza y recojo de basura del lado oeste de la ciudad está en paro desde el pasado martes. La medida es porque, según argumentaron, se les adeuda ocho meses de salario, por lo que continuar con el servicio es insostenible.