La asambleísta de Creemos, Shirley Hurtado, fue imputada por el presunto delito de concusión

25 de julio de 2024, 18:10 PM
25 de julio de 2024, 18:10 PM

El juez de Anticorrupción Juan José Quiroz ordenó la liberación de la asambleísta Shirley Hurtado bajo medidas sustitutivas, entre ellas el pago de una fianza de Bs 15.000 y la prohibición de salir del país.

La audiencia cautelar se desarrolló esta tarde en el piso 13 del Palacio de Justicia y duró más de dos horas. La asambleísta de Creemos guardó silencio ante el juez, tal y como lo hizo en su declaración ante la Fiscalía.

En la imputación presentada por la fiscal Marcela Terceros, se sindica a Shirley Hurtado por el delito de concusión. Las víctimas son dos exfuncionarias de la Gobernación cruceña.

Terceros pidió al juez Juan José Quiroz que aplique la medida extrema de la detención preventiva en Palmasola, por el lapso de 90 días, contra la asambleísta, por considerar que existen los elementos suficientes que hacen presumir que incurrió en el delito de concusión.

“Hay elementos necesarios en su contra, ya que hay declaraciones de las víctimas; existen los requerimientos que han sido emitidos por entidades bancarias, donde se corrobora lo que dicen las víctimas y que el dinero era transferido mediante QR directo de las cuentas de las víctimas a la cuenta de la asambleísta Shirley Hurtado”, dijo la fiscal a los medios.

Sin embargo, el juez anticorrupción determinó la liberación de Shirley Hurtado, bajo una fianza de Bs 15.000, además ordenó su arraigo y que se presente ante el Ministerio Público.

Esta determinación no le gustó a la fiscal Marcela Terceros y presentó una apelación, con la finalidad de que se revierta este fallo, en una próxima audiencia.

Terceros explicó que el juez señaló que existe una probabilidad de autoría de la imputada, pero consideró que no existían riesgos procesales, y que por ello rechazó el pedido de detención en la cárcel.

La fiscal afirmó que existen riesgos de fuga y obstaculización, puesto que la asambleísta ya intentó influir en las víctimas, debido a que envió a una tercera persona para pedirles que desistan de la denuncia por concusión.

En sus declaraciones, las víctimas refieren que dieron varios pagos de Bs 3.000, 700, 300 y 200 a la cuenta de la asambleísta porque, supuestamente, les ayudó a trabajar en la Gobernación. Incluso, señalan que la asambleísta les exigía que le den hasta sus vales navideños y que, cuando se negaron a hacerlo, fueron despedidas.